Por Bahía Luz De Palma

Paola Ortiz está presa desde el 2012, cuando un tribunal determinó que era culpable de “homicidio agravado por el vínculo” y le dictó la pena de prisión perpetua. La mujer, años antes de recibir la sentencia que la remitió al encierro, atravesó un denominado “parto en avalancha” y parió a un bebé sin vida. Estaba en la localidad de Villa Nueva, tenía casi 30 años, trabajaba para subsistir y criaba a tres hijos cuando un evento obstétrico inesperado le cambió la vida. 

Era la tarde del 31 de octubre de ese año cuando Paola vivió ese parto fugaz, acelerado y quedó empapada de sangre y con un bebe frío en brazos. Se encontraba en una precaria vivienda que pertenecía a su exsuegro, junto a su pequeño de cinco años. 

En el juicio, la Cámara Correccional y del Crimen de Villa María desestimó el informe forense, que decía textual: “no se puede aseverar si existió vida post nacimiento”. El juzgado evitó visualizar las condiciones en las que vivía Paola, y avanzó con una sentencia sin perspectiva de género. 

Diez años después del evento que marcó la vida de la mujer, dos abogadas de la guardia feminista de Católicas por el Derecho a Decidir la conocieron mientras presentaban un amicus curiae, por las continuos casos de violencia obstétricas que padecían las internas en el Establecimiento Penitenciario para Mujeres Nº 3, ubicado en Bouwer.  
En ese momento Paola estaba embarazada y coincidió de casualidad con las defensoras. Luego de un intercambió renovó el deseo de contar su parte de la historia. En 2024 presentaron una revisión de la sentencia en el Tribunal Superior de Justicia y ahora resta que los jueces den una respuesta. 

“Sostenemos que es una criminalización de una emergencia obstétrica”, manifestó Julia Luna, una de las letradas que representa a Paola, a este medio. 

La abogada explicó que la revisión solicita incorporar la perspectiva de género y está acompañada de un informe técnico de la  doctora Estela Marín Manzano, quien acredita la emergencia obstétrica. 

“Ella estaba sola, en la casa de su ex suegro, y tuvo este parto en avalancha, en el cual no sentis las contracciones, no te da tiempo de acudir al hospital ni de pedir ayuda y eso provocó un nacimiento sin vida”, sintetizó.

“Escasez de pruebas”

A las semanas de vivir el parto en avalancha, la mujer tuvo que acudir a la comisaría local por otro problema: su expareja se había llevado a la fuerza a su hijo más chico y le negaba verlo. 

Ese día, nerviosa por la situación, contó ese otro suceso, que no terminaba de procesar. El policía le toma la declaración. Le pregunta si el recién nacido lloró. Paola respondió que no. El uniformado escribió algo que después se convertiría en la única prueba del juicio: las palabras de un agente y su interpretación de un hecho en el cual no estuvo presente. El hombre la esposó y quedó detenida. 

“En esa declaración no estaba presente ningún abogado defensor, por lo que en el juicio utilizaron el testimonio de un policía que no estuvo en el parto”, sostuvo la abogada Julia Luna. 

Además de los prejuicio del tribunal y la construcción punitivista de los medios tradicionales, la mujer fue representada por un defensor público “negligente” que, según Luna, “no creyó en su inocencia”. Durante el proceso, nunca pudo brindar su testimonio.  

“Durante todo el proceso la escasez de las pruebas para condenarla es lo que más llama la atención. Hay un informe médico que indica que no se puede acreditar el nacimiento con vida. Si no hubo vida no hubo delito”, explicó. 

La vida en el encierro 

Hace 13 años Paola está presa. En la cárcel fue víctima de ataques, en parte por la figura que los medios armaron de ella, y de diferentes maltratos del sistema penitenciario . “Mala madre” y “mata bebés” fueron los apodos que suplantaron su nombre.

Una vez que la condenan, Ortiz estuvo alojada en la cárcel de Villa María, pero luego de un episodio en el cual fue agredida por otras internas la trasladaron a Bouwer. 

En prisión Paola cursó dos embarazos. Parió dos niños en condiciones violentas, atada a la cama. Los bebés fueron dados en adopción, pese a que manifestó las ganas de cuidarlos y que luego vivieran con su familia de origen.

“Ella no pierde los derechos civiles por estar acusada o condenada”, aclaró la abogada.  

Más de una década después de la sobre exposición y la revictimización, Ortiz quiso contar qué le había pasado y cómo. Aprobó la difusión de su caso con la esperanza de reivindicarse y la campaña por su libertad dio sus primeros frutos: afuera de las rejas cientos de organizaciones feministas y de disidencias se solidarizaron, dentro de los pabellones otras internas le brindaron apoyo. 

Fundamentar la injusticia

“A ella condenan por omitir sus deberes de cuidadora”, puntualizó la defensora. Los fundamentos de los jueces indican que debió realizar “conductas para que no llegara a esa instancia”.  Por ejemplo cortar el cordón umbilical, llamar a la asistencia médica. “Estaba sola y en una zona de la periferia”, recordó Luna y agregó que además Paola carecía de “redes de contención” y habitaba una vivienda hostil en donde padecía violencia y abusos por parte de su exsuegro. 

“Paola no terminó la escuela primaria, estaba en un contexto extremadamente humilde, no tenía vivienda propia, ni trabajo estable. La Justicia también tiene que analizar la vulnerabilidad social y emocional”, añadió. 

En la sentencia también le sumaron cuestionamientos por “haber tenido otros hijos antes”, lo que insinuaba que la acusada debía saber qué hacer. “El tema es que esos otros hijos nacieron en un hospital y no hubo una emergencia obstétrica”, indicó Luna. 

“Pareciera que la Justicia nos pide a las mujeres que solamente por el hecho de tener útero sepamos cómo parir. Ahí se ve el sesgo de clase por parte del Poder Judicial que no identifica cuestiones esenciales”, advierte la entrevistada.

Para la letrada, el conocimiento médico que se la atribuyen a una mujer de escasos recursos y los estereotipos de género dirigieron la sentencia que dictó un jurado popular y ratificó el tribunal técnico. 

Las otras “Belén”

La película de Dolores Fonzi cuenta la historia de Julieta, una joven que llegó al hospital en estado crítico y descubre que había perdido un embarazo. A la chica la acusan de haberse practicado un aborto ilegal y la arrestan. El caso parece perdido hasta que toma su defensa la Soledad Deza e impulsa una campaña que se unió con la lucha por los derechos reproductivos.

El film “Belén” está basado en un hecho real, que su protagonista eligió difundir bajo otro nombre, y aún se mantiene en el anonimato.

Según la abogada de Paola Ortiz, hay otras causas conocidas de criminalizaciones de emergencias obstétricas. Juana, en Buenos Aires. Eliana, en San Juan. Eva, en Tucumán. Hay muchas que no se conocen. Las carátulas de los expediente dificultan la identificación, muchas veces están catalogadas como abandono de persona, homicidio calificado por el vínculo, o incluso aborto, desarrolló Luna. 

Para la letrada, “hay ignorancia en las investigaciones, porque es un tema de salud que no debería pasar por el poder judicial. Cuando aparecen este tipo de casos lo primero es el abordaje desde el cuidado salud y el acompañamiento en los procesos gestacionales y reproductivos de las mujeres”, concluyó. 

El Tribunal Superior de Justicia cuenta con tres años desde la presentación para responder si revisará o no la sentencia. Ya pasaron más de 550 días. Paola pasó 13 años tras las rejas y le queda más de la mitad de la condena. Ahora, está a la espera de una resolución que modifique su destino.

*Foto de portada: Julio Pereyra/ Enfant Terrible