La nueva filtración de chats del ministro de Seguridad porteño Marcelo D'Alessandro son un misil político contra el larretismo y pone de manifiesto -otra vez- el grado de coordinación entre opositores, jueces y medios, que lo mismo diseñan fallos adhoc en beneficio del alcalde porteño, que persiguen a determinados dirigentes políticos: el lawfare al palo.

Tras el Lago Escondido Gate y el posterior intento de encubrimiento coordinado entre los jueces Mahiques, Ercolini, Cassey, Cayssals, el espía Bregot y el presidente del Grupo Clarín Jorge Rendo, se dieron a conocer diálogos del ministro D'alessandro con el operador judicial Silvio Robles -mano derecha del juez de la Corte Suprema Horacio Rosatti-, a propósito de la banca disputada entre el senador Juez y el kirchnerista Doñate. Además, el ministro y el supremo aludieron al "fallo Robles", recientemente ratificado por la Corte en el que se ordena a la Nación reasignarle a CABA varios puntos de fondos coparticipables.

Senadores del bloque del FdT denuncian que se trata del “mayor escándalo judicial de la historia de la democracia argentina”.

“Los chats entre D’Alessandro –ministro de Seguridad de Larreta– y Silvio Robles –mano derecha del ‘supremo’ Rosatti– confirman lo que siempre denunciamos: esta Corte Suprema dejó de hacer justicia para hacerle favores políticos a Juntos por el Cambio a través de sus fallos”, tuiteó el ministro de Justicia, Martín Soria.

Con el diario del lunes resulta sencillo ver las operaciones judiciales y mediáticas contra dirigentes del campo popular, sin embargo merece la pena recorrer el desarrollo de las ofensivas más escandalosas, para verificar que no se trata de procesos aislados sino de planes coordinados. Un modus operandi a escala global.

En este sentido, la vicepresidenta Cristina Kirchner recibió al ex vicepresidente de España, Pablo Iglesias en su despacho del Senado el pasado 26 de diciembre. El encuentro se produjo semanas después de conocerse el fallo condenatorio del Tribunal Oral Federal N 2 contra Cristina, que busca inhabilitarla a perpetuidad para ejercer cargos públicos y solicita su ingreso en prisión por 6 años.

Durante la reunión, el ex líder de Podemos obsequió a Kirchner un ejemplar de su libro "Medios y Cloacas" donde aborda el vínculo entre medios, jueces y servicios de inteligencia en España, tras la filtración de las operaciones contra Podemos, coordinadas entre el ex comisario José Manuel Villarejo -un símil Stiuso ibérico- y Antonio García Ferreras, director del canal de televisión español La Sexta. Las similitudes entre las "cloacas del Estado" que denuncia Iglesias con el Lawfare y la mafia judicial señalada por la vicepresidenta resultan de todo menos casuales.

De Lula a Correa, una misma estrategia

El encarcelamiento a Lula Da Silva en una causa que terminaría por desmoronarse jurídicamente, dejó claro que el objetivo no era impartir justicia sino abrir camino a una de las peores experiencias políticas que vivió la democracia y el pueblo brasileño. La guinda de aquel pastel fue la recompensa que la corporación judicial-mediática-política encabezada por Bolsonaro le dio al juez que encabezó aquel esperpento: Sergio Moro asumió el ministerio de Justicia. Favor con favor se paga.

Con todo, el desastre político del bolsonarismo no pudo sobrevivir más de un mandato y Lula asumirá, no sin grandes sacrificios personales y partidarios -la alianza con la derecha de Alckim es un lastre para el petismo histórico-, el próximo 1 de enero su tercer mandato presidencial. Una dirección que indica más derroteros de lo que parece.

El caso de Rafael Correa es quizás uno de los primeros ejemplos prácticos de lawfare, es decir, de coordinación judicial, mediática y política contra un dirigente popular. El llamado "caso sobornos" por el cual fue procesado en 2017 y condenado a 8 años de prisión en 2020 es prácticamente un calco de la acusación contra Cristina.

Un presunto desvío de fondos destinados a obra pública que derivó en el traslado del ex presidente a Bélgica, donde la propia Interpol rechazó detenerlo, como pedía la fiscalía ecuatoriana. La persecución contra Correa se desarrolló tras diez años como primer mandatario, en sucesivos gobiernos que lograron reducir en un 36% la pobreza estructural según el Índice de Desarrollo Humano de la ONU.