En la ciudad de Juliaca, provincia de Puno, al sur del Perú la policía nacional perpetró ayer una brutal masacre contra manifestantes que exigían la restitución del presidente Pedro Castillo. Hasta ahora son 18 los muertos según la Red de Salud, la mayoría menores de 23 años, incluido un recién nacido que falleció debido a un bloqueo de carretera. Los fallecidos presentaban heridas por arma de fuego. Desde el inicio de la crisis política en Perú, tras la destitución de Castillo, se han contabilizado 48 muertos, 485 heridos y más de 300 detenidos según la Defensora del Pueblo.

La presidenta interina Dina Blouarte fue consultada por la matanza y lejos de condolerse por los fallecimientos declaró: “Salen en protesta de qué, no se entiende qué están pidiendo (...) Lo que ustedes están pidiendo es pretexto para seguir generando el caos”. Mientras tanto en Lima, se constituyó la Mesa de Acuerdo Nacional, donde la autoasumida presidenta negocia con el fujimorismo un gobierno ilegítimo de transición que les permita llegar a elecciones en 2024.

El ex presidente boliviano Evo Morales viene denunciando las masacres contra poblaciones indígenas peruanas y fue acusado por el gobierno de Boluarte de "promover las protestas en Perú" y de ser  “una amenaza para el orden interno y la seguridad nacional”, por lo que fue vetado de su ingreso y libre tránsito al país andino.

 Los acusadores de Morales señalan que el proyecto Runasur puesto en marcha por el expresidente boliviano para promover la articulación de las poblaciones originarias y organizaciones populares, busca impulsar "la separación de las poblaciones indígenas del sur andino del Perú". En un comunicado, el Movimiento al Socialismo (MAS) calificó las acusaciones contra Morales como “una arremetida promovida por un grupo de poder ilegítimo manchado con la sangre de nuestros hermanos indígenas asesinados por reclamar democracia y justicia social”. Y rechazan la criminalización del proyecto Runasur.