El pasado viernes 22 se conoció que el juez federal número 1 de Córdoba, Ricardo Bustos Fierro, hizo lugar a un amparo colectivo presentado en marzo por la Sociedad Rural Argentina (SRA) y de Villa María, para eliminar las retenciones impuestas a las ganancias de los sectores agroexportadores, que vienen incrementándose de manera brutal, en particular en el último trimestre de 2022.
En el amparo, los ruralistas argumentan que tras vencerse la prórroga de la Ley de Emergencia Pública de 2019 el pasado 31 de diciembre, sumado al bloqueo del Presupuesto 2022 en el Congreso de la Nación -que no obtuvo quorum por decisión del PRO-, el cobro de las retenciones es inconstitucional ya que el Ejecutivo no tiene facultades para aplicarlas.
Al dar lugar a la acción, el Juzgado Federal de Córdoba N°1 inició un plazo de 30 días para que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y el Ejecutivo Nacional realicen un informe “circunstanciado acerca de los antecedentes y fundamento de la medida impugnada por la accionante” y delimitó la clase afectada a todos los productores agropecuarios del país.
El reciente visto bueno de Bustos Fierra sucedió un día antes de desarrollarse el "tractorazo" que dejó imágenes lamentables y contó con el apoyo y participación de dirigentes de Juntos por el Cambio en Ciudad de Buenos Aires, como Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, referentes cuya representatividad hacia dentro del espacio político son definitivos de cara la representatividad electoral del año que viene. En este sentido, un sector cada vez más cercano es el de lo libertarios, cuyo dirigente, el diputado nacional José Luis Espert, estuvo presente el sábado-a pesar de los discursos punitivos y sancionadores contra las movilizaciones populares-.
Pero las internas y representatividades también suceden en torno a los espacios del agro. En este sentido, es de destacar que la movida del sábado estuvo organizada y encabezada por Luis Miguel Etchevehere, ex presidente de la SRA y ex ministro de Agricultura de Macri (2015-2019), actual representante de Campo+Ciudad, más cercano al PRO que comanda Patricia Bullrich.
El protagonismo de estos espacios conllevó el cuestionamiento hacia la dirigencia de la Mesa de Enlace que nuclea a la SRA, las Confederaciones Rurales (CRA), Federación Agraria (FAA) y la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (Coninagro). Es que en Buenos Aires la mesa no adhirió a la movilización, aunque sí lo hizo en Córdoba a través de la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias.
En Córdoba la movilización de Buenos Aires hizo eco a través del mismo espacio Campo+Ciudad, en un territorio más radicalizado y crítico sobre la relación de la dirigencia de la mesa con el Gobierno Nacional. Al estar en una provincia clave de la zona núcleo de la producción cerealera, en Córdoba la quita de retenciones para el sector agroexportador es un estandarte que levanta la hegemonía política, tanto por el oficialismo de 'Hacemos Por Córdoba' como la oposición en 'Juntos por el Cambio'. Acerca del sábado sobre este último espacio, también estuvieron presentes dirigentes opositores como el diputado nacional Gustavo Santos (UCR) y la vicepresidenta del PRO en Córdoba y diputada nacional Soher El Sukaria.
En consecuencia, el reclamo tanto para la eliminación de retenciones, la reducción de impuestos y por la escasez de gasoil que se registró en los surtidores en medio de la cosecha gruesa, terminó en otro plano tras la demostración de fuerza de las cámaras empresariales del agro y dirigentes políticos afines, de cara las elecciones del 2023.
Al parecer, la eliminación de las retenciones viene siendo más una excusa para movilizar contra el Gobierno Nacional, ya que lejos de cualquier situación de empobrecimiento que pueda estar ahogando al sector, la zona núcleo que concentra las regiones pampeanas, nordeste y parte de la noroeste en Argentina (zona sur de la República de la Soja de América Latina) se encuentra en momentos históricos de producción, ventas e inversiones en maquinaria agrícola de alta tecnología (lo cual demuestra que los tractores del sábado fueron más para la foto).
Para colmo, el Gobierno Nacional en su postura conciliadora, la mayoría de las ocasiones se sostuvo dispuesto a colaborar con el sector, planificando créditos, otorgando subsidios y acompañando ante los períodos de sequías históricas como el que atraviesa el Río Paraná (altamente contaminado por el agronegocio). Otra muestra de este apoyo abierto es la ley de agroindustria coordinada con el Consejo Agroindustrial.
Asimismo, no es casualidad que sea el juez Bustos Fierro quien haya dado lugar a esta medida. Este funcionario es parte del círculo judicial que fue beneficiado durante el gobierno de Macri, en su caso, extendiendo su estadía en el juzgado por cinco años, a pesar de contar con 82 años.
Pero su protagonismo como juez que apoya a los sectores más poderosos del país, empieza algunas décadas antes con su participación afín a las directivas de la última dictadura cívico-militar (1976-1983) en Córdoba. Luego también declaró constitucional la re-reelección de Carlos Menem. De manera más reciente, Bustos Fierro apoyó al Grupo Clarín contra la decisión del Gobierno de Alberto Fernández de declarar servicios esenciales a Internet, celulares y telefonía.
Además, también en Córdoba, Bustos Fierro es el encargado de llevar a juicio a 27 estudiantes procesadxs por la toma del Pabellón Argentina en 2018, durante los sucesivos recortes y vaciamientos a la educación pública que llevó a tomas de edificios públicos por parte del movimiento estudiantil en todo el país.
Tal como venimos remarcando desde este medio, la situación en la Provincia de Córdoba es preocupante en torno a los altos niveles de desocupación y pobreza que superan los índices a nivel nacional, incluso a Rosario, otra locación exponente de la política expansionista del agro.
Los números de 2021 arrojados por el INDEC vienen posicionando a Córdoba entre los primeros del ranking de pobreza y desocupación, principalmente en la zona más urbanizada de la provincia, donde también se concentra gran parte de la riqueza, propia de las inversiones inmobiliarias, otro brazo económico del sector agroexportador.
Estos números se ven reflejados en una Córdoba que viene siendo laboratorio de los poderosos que impulsan medidas para consolidarse en el búnker electoral de Juntos por el Cambio. La posibilidad de eliminar las retenciones es una muestra del poderío que detentan las cámaras empresariales, con aliados en la provincia del Poder Judicial y la vía libre del Ejecutivo (ni hablar del control mediático sobre empresas comunicacionales como La Voz del Interior y Cadena 3).
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