Jubilados y trabajadores estatales, en el ojo del ajuste
El sistema previsional avanza hacia “una desprotección explítica” con jubilados y trabajadores como carne de cañón, entre despidos masivos, movilidad jubilatoria por decreto, pago de haberes fraccionados. ¿Vamos al colapso?
Hoy por hoy, el descuido que hay respecto de los jubilados y jubiladas por parte del Gobierno de Javier Milei permite entrever la deshumanización que recae sobre este sector. A las idas y vueltas con los aumentos, fórmula de movilidad jubilatoria irrisoria -aprobada por decreto- y pagos desdoblados, se suman los despidos en áreas claves para la garantía de la seguridad social.
Mientras que el vocero presidencial Manuel Adorni había dicho la semana pasada que el aumento de la fórmula de movilidad jubilatoria iba a discutirse en el Congreso, el lunes de esta semana se confirmó su modificación a través del decreto 274/2024. Según los números, los aumentos que no alcanzan ni a la mitad de la Canasta Básica del Jubilado, calculada en 685.041 pesos por la Defensoría de la Tercera Edad a fin del corriente mes.
Con el aumento decretado, la jubilación mínima de abril será de 171.283,31 pesos, monto al que se le adicionará el pago de un bono de 70 mil pesos. En consecuencia, el total de la jubilación mínima en este mes alcanzará un total de 241.283,31 pesos.
Por otra parte, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) asciende a 137.026,65 pesos. Al adicionar un bono de 70 mil pesos, queda en 207.026,65 pesos.
Por su lado, las Pensiones No Contributivas (Invalidez y Vejez) quedarán en 119.898,32 pesos por lo que, sumado al bono de 70 mil pesos, cobrarán 189.898,32 pesos.
Además, según el mismo decreto, a partir de abril entrará en vigencia la fórmula de aumento a través del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que resultará de lo calculado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).
De manera más reciente, ayer miércoles, antes del comienzo del fin de semana largo, de nuevo el vocero Adorni dijo a Radio Mitre que los pagos se realizarán en dos cuotas: “Como estamos al cierre del mes y de los días hábiles, por tiempos administrativos lo que va a ocurrir es que se le va a pagar a los jubilados en dos liquidaciones diferentes, la primera va a ser por el haber aplicando la nueva fórmula jubilatoria y la segunda va a ser por el bono”.
La improvisación en el manejo con el sector con menor poder adquisitivo. La famosa frase “fuertes con los débiles” aplica sin tapujos al gobierno de Javier Milei.
Trabajadores y jubilados, descartables
Mientras el martes por la mañana se intentaba crear una distracción anunciando el cambio de nombre del Centro Cultural Kirchner, unas 70.000 personas recibían telegramas de despidos en áreas claves. De estos números, 1.200 corresponden al ANSES, organismo que brinda su servicio a más de 6millones de beneficiarios.
Debido a las bajas, algunas Unidades de Atención Integral (UDAI) quedaron con menos del 75% de su planta, e incluso otras han debido cerrar, como el caso de UDAI ubicadas en Chaco, Río Negro, Buenos Aires y Córdoba. A raíz de este vaciamiento ya se habla del colapso del sistema previsional.
En medio de los despidos, las redes sociales ardieron. Los trolls hicieron su trabajo en "la calle online" al justificar los despidos, al deshumanizar a los y las trabajadoras, tratándolas de "ñoquis", en línea recta con el discurso del presidente quien está obsesionado con desbaratar el Estado sin criterio razonable.
En este contexto, en diálogo con Enfant Terrible, la delegada de ATE Córdoba en ANSES en la oficina de servicios jurídicos en Alta Gracia, Estefanía Carranza, remarcó que los 850 despidos más recientes se hicieron sin parámetro alguno, sólo por tratarse de contrataciones dadas en 2020.
“Tenemos casos de compañeros que vienen de traslados de otros organismos por eso figuran a partir del 2020, compañeros con tutela sindical, de ingreso por cupo trans, compañeras que estaban dando licencia por maternidad o de casos con sentencia judicial firme”, precisó Carranza.
En su relato, contó que el modus operandi para las desafectaciones consiste en enviar el telegrama días después, pero previo a eso, cuando el trabajador quiere ingresar al sistema no puede hacerlo, porque se han dado de baja sus claves de acceso y no puede generarlas en el biométrico: “Esto ha generado un estado de temor generalizado, generando un daño psicofísico sobre los trabajadores que no saben si van a poder trabajar o no, siendo un caso de violencia laboral más que explícita”.
Por otro lado, Carranza cuestionó que la figura del ñoqui sobre la cual se fundamentan los despidos: “Los mitos de los ñoquis no son más que falacias. Los ñoquis los ponen los mismos políticos que después tienen el tupé de señalar a las bases”.
En esta línea, la delegada sindical cuestionó que “las prestaciones son muy sensibles como para que se actúe con este desmedro” ya que ANSES es un organismo “que atraviesa a los ciudadanos antes de nacer y luego de la muerte a través de las prestaciones como prenatal, maternidad, asignaciones, PROGRESAR para incentivar estudios, PROCREAR para viviendas, o pensiones post-morten”. Además, brinda atención a situaciones puntuales de maternidad, vejez, o de salud a través de la obra social PAMI.
A su vez, Estefanía remarcó que la seguridad social no es una opción, sino una obligación del Estado, algo que está amaparado jurídicamente por la OIT y fijado en la Constitución Nacional: “es una obligación del Congreso, tiene que estar en cabeza del Estado, porque si lo dejas en manos privadas va a ser restrictivo, para unos pocos”.
“Como trabajadores sospechamos que la idea es decir que lo público no funciona para abrir paso a lo privado, y ya sabemos lo que pasó con las AFJP”, agregó Carranza.
Consultada respecto a si considera al sector de jubilados y jubiladas como variable predilecta de ajuste, la trabajadora estatal coincidió en que: “Se ataca a los jubilados porque es el sector más vulnerable, estamos hablando de adultos mayores, pero instalan que representan un gasto para la sociedad, pero hablamos de personas que han trabajado toda su vida”.
Por otro lado, Carranza reconoció que los jubilados “ya venían mal, porque siempre son el último orejón del tarro para mejorar, hablando en criollo”. Sin embargo, defendió que “al menos este sistema ha permitido, a través de las leyes de moratoria, tener una vejez un poco más digna, teniendo cobertura con obra social para poder acceder a remedios básicos, un ingreso fijo, que quizás no era el que tenían que tener, pero les permitía alquilar una habitación... cosas que, ojo, les correspondía y era obligación del Estado proporcionarles”.
Por último, respecto al posible colapso del sistema de atención, Estefanía planteó que: “La población no va a poder gestionar los trámites que tiene que realizar para acceder a los beneficios de la seguridad social, osea, implica una desprotección explícita. Imaginate un desempleo, que no se pueda tramitar, con todos el desempleo que está habiendo. Va a impactar directamente en toda la población”.
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