Organismos de Derechos Humanos convocan en el día de la fecha a una movilización en todo el país en rechazo del decreto firmado por Mauricio Macri, que habilita a las fuerzas armadas a actuar en cuestiones de seguridad interior. Diferentes bloques legislativos y organizaciones de la sociedad civil ya se manifestaron ampliamente en contra. En Córdoba, se convoca a las 18 horas  en Avenida Velez Sárfield y 27 de Abril.

El bloque del FPV-PJ en diputados, dirigidos por Agustín Rossi, presentó un proyecto en derogación de dicho decreto, ampliando a su vez sobre algo que en Latinoamérica se sabe hace tiempo: el proyecto de militarización de la seguridad interior no funcionó en México, Colombia ni Brasil.

Leandro Santoro, legislador por CABA, planteaba en diálogo con El Intransigente que "está la necesidad de tener disponibilidad de tener un aparato represivo más grande del que tienen porque ven que los programas del Fondo Monetario Internacional van a generar desestabilidad social".

Desde una mirada más local, desde Espacio para la Memoria "Campo de la Ribera" emitieron un comunicado planteando que el anuncio se encuentra dentro de un plan de ajuste que se intensificará con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, necesitando a las Fuerzas Armadas y de seguridad para reprimir la protesta social.

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Un caso de militarización latinoamericana: las Fuerzas Armadas en Colombia

La historia del uso de las FFAA en Latinoamérica para la seguridad interior no es nueva... ni completamente efectiva.

En Colombia, se puede rastrear uno de los casos latinoamericanos más emblemáticos: el Plan Colombia. El entonces presidente Andrés Pastrana junto a Bill Clinton establece un plan estratégico para terminar con la 'guerra contra las drogas', 'la guerra contra el terrorismo', los conflictos armados que asediaban al país, como así también otros fines de índole humanitaristas con la finalidad de revitalizar la democracia colombiana.

Si bien el plan tuvo ciertos avances -como la reducción de ataques a oleoductos, entre otros-, estrategias como garantizar servicios de salud y educación adecuados para los grupos más vulnerables nunca se cumplieron, dado el enfoque altamente militarizado que a su vez generó un endeudamiento por financiamiento de Estados Unidos.

A esto se suma que, en el afán del modelo punitivista de 'la guerra contra las drogas', la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) llegó a contabilizar unas 1.6 millones de hectáreas fumigadas con glifosato entre 1996 y 2012, con consecuencias para el campesinado que conllevaron la suspensión de su uso en 2015.

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La guinda del postre: Colombia sigue siendo el mayor productor y exportador de cocaína.

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La preocupación de Amnistía Internacional respecto a la naturaleza militarista del Plan Colombia llegó al punto de plantear que podía favorecer las violaciones a los derechos humanos por parte del Estado colombiano.

Esto quedó evidenciado en un reporte informado por WOLA, dado que entre 2002 y 2008 los casos de violaciones de derechos humanos atribuidos al cuerpo de las Fuerzas Armadas llegaron a contabilizar 14 mil muertes de civiles, disfrazados y clasificados como paramilitares por parte de las fuerzas estatales colombianas.

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De acuerdo a un reporte del New York Times, el 47% de los casos reportados durante el 2007 involucraban unidades colombianas financiadas por Estados Unidos.

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Según el candidato presidencial Gustavo Petro, estas muertes civiles son responsabilidad directa del gobierno colombiano dado que se ofrecía un incentivo de 1900 dólares por cada guerrillero o paramilitar muerto. Es el caso de los famosos falsos positivos que puso a Colombia de cabezas y que su máxima expresión fue el caso de Soacha.

En septiembre del 2008, se dio a conocer el caso de jóvenes de diferentes familias en el municipio de Soacha que fueron asesinados por parte de las Fuerzas Armadas colombianas. El caso Oviedo fue el más paradigmático, aunque no el único: Julián Oviedo, con sus 19 años, comentó a su madre sobre una posibilidad de trabajo a la que se iba a presentar. Julián nunca volvió, lo encontraron a 560 kilómetros en una 'zona de combate', asesinado por el Ejército colombiano y clasificado como guerrillero.

Dentro de la zona de Soacha, otro caso llamó la atención: el de Jaime Esteven Valencia Sanabria. Un chico de 16 años, mismo modus operandi que con el caso Oviedo: reclutados por empleo y asesinados a sangre fría a mano de las fuerzas armadas.

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Coincidencias

Como ya se dijo anteriormente, el Plan Colombia tuvo una fuerte presión y apoyo logístico por parte del gobierno estadounidense, llegando a financiar las mismas unidades que cometían casi el 50% de las violaciones a los derechos humanos.

A esto hay que sumar el hecho de que el Ministerio de Seguridad encabezado por Patricia Bullrich y el Ministerio de Defensa encabezado por Oscar Aguad tuvieron una 'gira' por Estados Unidos en febrero, en el marco de ampliar los protocolos y el apoyo logístico de cara al G20 que se celebrará en nuestro país a fin de año.

Además el apoyo logístico y capacitación estaría centrado en el combate contra el terrorismo, el narcotráfico y la defensa de objetivos y eventos estratégicos. Eu vejo o futuro repetir o passado.

Es preciso, además, sumar a esta lista de nuevos 'objetivos' una reformulación de lo que se entendería por 'ataque terrorista', dado que las Fuerzas Armadas ya no necesitan la existencia del ataque de un Estado externo para proceder en la 'defensa de la soberanía', sino que puede provenir de prácticamente cualquier grupo que atente contra la misma, en representación o no de un Estado.

Esto no sólo relativiza la problemática de la 'parapolítica' -desligando la responsabilidad del Estado en los casos de narcopolítica-, sino que puede abrir una puerta a la interpretación laxa, bastante floja, de lo que se concibe como 'defensa a la soberanía': ¿entrará el pueblo mapuche, en tanto nación sin Estado?, ¿entrará la protesta social en tanto 'ataque a la soberanía'?

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Nunca más: la amnesia geopolítica de Macri

Este retrato del Plan Colombia no es más que una nota al pie comparado con lo que fue su desarrollo real. Los casos de corrupción y violación de derechos humanos no parece tener comparación en la historia colombiana.

Si bien se lograron ciertos avances, como la reducción de secuestros, los homicidios, el poder de las FARC y los ataques terroristas a objetivos estratégicos como los oleoductos, el costo humano sigue siendo demasiado alto.

Una estrategia geopolítica para problemáticas complejas, como el narcotráfico y el terrorismo -que hoy por hoy, Argentina no posee en el mismo grado que Colombia-, no puede darse sin un correcto cuestionamiento y profundización del desarrollo histórico de las Fuerzas Armadas, junto a su papel ejercido durante los diferentes gobiernos latinoamericanos en general y el argentino en particular.

Justamente es en este punto -el considerar el desarrollo histórico de las Fuerzas Armadas- que la posición del presidente Mauiricio Macri, fogoneada y cómplice por parte del Ministro de Defensa Oscar Aguad, está sujeta a la lucha social de quienes prometen no olvidar. La historia de la sociedad argentina con las Fuerzas Armadas es como mínimo trágica y la negación de ser tratada en las instituciones democráticas -como el Congreso- no hacen más que retrotraer a épocas donde las decisiones quedaban en manos de unos pocos.

Es por esto último que hoy se vuelve a decir nunca más.