Semanas atrás efectivos de la Policía de la Provincia de Formosa detuvieron durante varias horas a dos concejalas opositoras al gobierno de Gildo Insfrán, que denunciaron el estado de hacinamiento, los malos tratos y la insalubridad en que permanecen las 818 personas contagiadas de Covid-19 que hay en esa provincia. Asimismo, denunciaron que "retienen a personas positivas con otras con hisopados negativos".

Poco después el jefe de bloque del FdT en Senadores, el formoseño José Mayans respondió airado y con una frase muy poco afortunada a las indagatorias que le realizaron sus pares de la Cámara Alta a este respecto. "En pandemia no hay derechos constitucionales" fueron sus dichos, palabras más palabras menos.

Tras este exabrupto el senador radical Luis Naidenoff pidió la intervención del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, dirigido por la ex presidenta de Chile Michelle Bachelet. Por su parte, el secretario Nacional de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla viajó este miércoles a Formosa para verificar el estado de los centros de aislamiento y velar por el cumplimiento de las garantías constitucionales y humanas de los contagiados.

Además de los bloques opositores, otros 37 intendentes municipales de la provincia firmaron una solicitada acusando al gobernador Insfrán de no respetar los derechos básicos de los contagiados. Asimismo la Cámara Federal de Casación Penal a cargo de Raúl Pleé, hizo lugar a un hábeas corpus colectivo para exigir que el gobierno brinde respuestas inmediatas.