Pasaron sólo 5 meses desde que el banquero Guillermo Lasso asumió la Presidencia de Ecuador en una alianza conservadora integrada por su partido, CREO y la centro derecha del Partido Social Cristiano. A pesar del poco tiempo de legislatura, el frente conservador se resquebraja y Lasso se ha visto obligado a decretar el estado de sitio durante 60 días debido a la creciente protesta social, las demandas por mayor seguridad y el corte neoliberal de sus políticas.

Durante su gestión Ecuador ha visto profundizada una crisis territorial caracterizada por el incremento de la violencia urbana producto de la delincuencia, el narco y microtráfico que se ha instalado en las calles y sobre todo en la región del litoral. Esta zona costera que se ha convertido en un centro de acopio y distribución del negocio ilegal, que tiene sus principales sedes en México y Colombia.

Debido a este escenario, al que se suma una crisis carcelaria que estalló de manera reciente con motines y muertes en diferentes penales, hace tres días Lasso decretó el estado de excepción durante 60 días en todo el país, con fuerte despliegue y respaldo hacia las fuerzas policiales y militares.

Durante el anuncio del decreto, el mandatario habló del indulto para aquellos agentes que hayan sido y sean "condenados injustamente" por sus acciones antes y durante la militarización del país; según sus palabras "la ley debe intimidar al delincuente, no al policía". En esta línea, también anunció la creación de la Unidad de Defensa Legal del Policía Nacional y la presentación del proyecto de Ley de Defensa del Deber de la Fuerza Pública, para "respaldar" a los uniformados en los procesos judiciales.

Excepción ante la decepción

La excusa de Lasso para sacar a los militares a las calles ocurre mientras el Gobierno se encuentra enfrentado con la mayoría de la Asamblea Nacional, encabezada por Guadalupe Llori, del partido indígena Pachakutik, uno de los principales bloques opositores junto a la alianza UNES (Unión por la Esperanza) de línea correísta.

Si bien en un principio el banquero apoyó la candidatura de Llori, el diálogo se vio dificultado luego de los anuncios del oficialismo para impulsar su principal paquete de medidas, una serie de reformas tributarias y laborales a través del proyecto que llevan el nombre del partido conservador, Creando Oportunidades. Desde los bloques opositores denunciaron que este proyecto responde a las demandas del Fondo Monetario Internacional (FMI) y busca favorecer a las multinacionales

Por otro lado, la inestabilidad en el país también se hace sentir a través de la suba de precios en los combustibles -gasolina y etanol-, una problemática que se reedita, según también en 2019 con el ex presidente Lenin Moreno. Por este motivo, desde agosto organizaciones sociales, sindicales e indígenas impulsan movilizaciones en reclamo al Gobierno. Una convocatorias estaba programada para el pasado martes 19/10, pero su realización fue impedida por el estado de excepción. Por ello, el legislador Darwin Pereira (Pachakutik) denunció que el decreto no busca frenar la delincuencia sino controlar las manifestaciones.

La imagen de Lasso cayó aún más cuando se vió involucrado en los papeles de Pandora, investigación realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) que con su reciente reveló negocios en paraísos fiscales de políticos, funcionarios públicos y otras figuras. Por este motivo, la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional abrió una investigación contra el mandatario, que está a cargo del legislador José Fernando Cabascango (Pachakutik).

Hasta ahora Lasso no asistió a ninguna de las dos citas que realizó la Comisión y hasta ahora continúa negando las acusaciones y que todos sus ingresos se encuentran debidamente declarados en el país.