La sesión especial del día de ayer, convocada por el bloque opositor Unión por la Patria y el bloque dialoguista Encuentro Federal, cayó luego de que no alcanzaran los votos suficientes para el quorum, habiendo 124 de los 129 necesarios en la Cámara de Diputados.

Para que la sesión cayera, fue clave el faltazo de los diputados cordobesitas que responden al gobernador Llaryora, Alejandra Torres, Carlos Gutiérrez e Ignacio García Aresca, quienes no bajaron a sus bancas. En ese sentido, la diputada nacional Natalia De La Sota, quien forma parte del mismo bloque, cuestionó que sus colegas “no bajaron a dar quórum” y dijo que “es necesario que expliquen por qué. Nada justifica ausentarse para tratar temas tan trascendentes”.

Durante la jornada iban a tratarse temas como el aumento a las jubilaciones, la moratoria previsional, la designación de la presidencia en la comisión investigadora por la cripto estafa $LIBRA, la declaración de las zonas de desastre por las inundaciones en los municipios bonaerenses y el nombramiento de autoridades en la AGN (Auditoría General de la Nación).

A través de X, la diputada Torres planteó que “algunos usan el tema previsional para posicionarse políticamente, no porque les importen los jubilados”. Y agregó que: “mezclar un tema tan complejo y urgente como el de las moratorias con otros como la distribución de cargos en la AGN o el tratamiento de $LIBRA no es la mejor manera de resolver los problemas de los jubilados”.

También hubo ausencias de otros legisladores que responden a los gobernadores Gerardo Zamora (Santiago del Estado), Raúl Jalil (Catamarca), Nacho Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy) y Leandro Zdero (Chaco), quienes también otorgan favores al Gobierno de Javier Milei, a cambio del presupuesto que Nación retiene de manera extorsiva.

En el caso de Llaryora, tras una audiencia de conciliación en la Corte Suprema de Justicia, el peronista con peluca viene de acordar el pago de la deuda de la Caja de Jubilaciones de la Provincia con Nación, en la que esta última presentó una propuesta que contempla transferencias mensuales de fondos por $60 mil millones a cuenta del año 2025. Tras el acuerdo, Llaryora festejó que el acuerdo se logró “con un espíritu de colaboración y diálogo institucional, decidimos avanzar en esta instancia”.

Por su parte, LLA, el PRO y la UCR ya habían anticipado que no iban a participar de la sesión, en favor del Gobierno Nacional que tiene una marcada postura en contra de tratar los aumentos con el argumento de preservar el "orden fiscal", que lo llevó incluso a vetar una nueva ley de movilidad jubilatoria en septiembre de 2024.