La semana empieza con la atención puesta en la ex presidenta Cristina Fernández, quien estuvo el sábado en Paso de los Libres, provincia de Corrientes, para apoyar la candidatura a gobernador de Martín Ascúa. Allí reiteró su intención de ser candidata a legisladora por la Tercera Sección en las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre.
En este marco, durante el acto Cristina arrojó la icónica frase que finalizó con una ovación del público: “Salió el anuncio y se desataron los demonios, y comenzaron a pedir de todos lados que me metan presa. Todo esto con editoriales que dicen que estoy acabada, acorralada. Pero si estoy tan así, ¿por qué no me dejan competir y entonces me derrotan políticamente?”.
Sucede que, la semana pasada, los diarios que ofician de voceros del Poder Judicial comenzaron a hacer a circular la versión de una posible detención de Cristina esta semana, en el marco de la denominada causa Vialidad. De hacerse efectiva la condena por orden de tres jueces de la Corte Suprema, debería cumplir seis años de prisión y quedaría inhabilitada para ejercer cargos públicos, por lo que tampoco podría presentarse a elecciones.
La candidatura de Cristina reviste de relevancia nacional no sólo por lo que representa su figura, sino que además es la prueba de fuego para el PRO y La Libertad Avanza, cuyos representantes Macri y Milei, a diferencia de las elecciones en otras provincias y CABA, apostaron por unirse para derrotar al peronismo en el lugar que es considerado su bastión: la Provincia de Buenos Aires.
Sin embargo, hasta ahora no se oficializó a ningún candidato que pueda competir contra la actual presidenta del Partido Justicialista. Quitarla del medio a través de un fallo judicial, sería una alternativa, donde los jueces de la CSJ se encargarían de convertirse en el llamado “pelotón de fusilamiento” al que se refirió la entonces vicepresidenta en noviembre de 2022.
Mientras tanto, para este lunes está convocada una reunión de urgencia en el Instituto Patria a las 15, liderada por el senador Oscar Parrilli, quien reunirá a diputados, senadores, dirigentes y referentes sindicales del kirchnerismo, con el objetivo de definir las acciones a seguir frente a la decisión final de la Corte.
Ayer domingo, el sindicato de bancarios de la República Argentina que conduce Sergio Palazzo, se pronunció respecto de la posible detención: “A Cristina buscan proscribirla porque es la dirigenta más importante de la Argentina y la que confronta, con firmeza y sin dobleces, a Javier Milei y a las corporaciones que lo manejan y hacen pingues negocios con este gobierno”.
Además, a nivel internacional, el Grupo de Puebla y el Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (CLAJUD), que contiene representación de diferentes dirigentes de países como España, Paraguay, Ecuador, Colombia, Chile, Brasil y Argentina, también consideró que: «el objetivo de expulsar a CFK de la política obedece al miedo de determinados sectores a que ella ratifique su liderazgo en las urnas y siga protagonizando la vida política argentina».
Todo indica que durante la semana se sumarán más pronunciamientos y se definirán acciones de protesta en contra de la posible detención.