La gran protesta que llevaron adelante las trabajadoras sexuales francesas que ocuparon la iglesia, dio inicio al movimiento que lucha por derechos laborales para quienes ejercen el trabajo sexual. Aunque pasaron 46 años de aquella huelga y a pesar de la organización sindical en diversos países del mundo, la realidad para lxs trabajadorxs sexuales no ha cambiado tanto. Sumado a que la pandemia afectó negativamente en el sector, profundizando la precariedad. 

Los atropellos policiales siguen vigentes: detenciones arbitrarias, discriminación, abusos, coimas, encarcelamientos, etc. Además de ser criminalizado su trabajo, aún no tienen condiciones laborales básicas que garantizan el acceso a beneficios de seguridad social como jubilaciones, obras sociales, etc. Esto coloca a quienes ejercen el trabajo sexual en situaciones de vulnerabilidad.

El debate en torno al trabajo sexual históricamente dividió aguas en los feminismos. En este sentido, es común que se rechace la participación de trabajadorxs sexuales en espacios feministas. Sin embargo, en diversos lugares del mundo se han conformado sindicatos sobre el rubro, y su rol en este debate es fundamental. En Argentina, existe desde 1995 la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR). En el año 2000 se conformó AMMAR- Córdoba, y existe también la Red por el Reconocimiento del Trabajo Sexual, conformada por trabajadorxs sexuales y activistas pro sex. También existe la Colectiva Autónoma de Trabajo Sexual CATS, entre otras.

En nuestro país hace pocos años que el Encuentro Plurinacional de mujeres, lesbianas, travestis, trans y no binaries aceptó que haya talleres oficiales sobre trabajo sexual con sus protagonistas como organizadoras. En 2018, el taller presidido por Georgina Orellano, Secretaria General de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR), fue uno de los más concurridos. 

Las posiciones abolicionistas que denominan al trabajo sexual como prostitución, generalmente influyen en políticas que terminan por ser sumamente represivas. Hay varios matices que pueden identificarse entre una posición y otra, pero lo cierto es que el abolicionismo en su hegemonía se caracteriza por perjudicar a lxs trabajadorxs sexuales. No lo hacen únicamente apoyando y diseñando medidas que criminalizan el trabajo sexual, sino también contribuyendo a la construcción de discursos estigmatizantes y violentos sobre lxs trabajadorxs sexuales. Suelen ignorar y deslegitimar las voces y posturas de quienes más deberíamos escuchar: quienes lo ejercen. 

Sistemáticamente, las posturas abolicionistas igualan la trata de personas con el trabajo sexual. Las organizaciones de trabajadorxs sexuales y las posturas feministas pro-sexo, argumentan sistemáticamente, que la trata de personas no es igual al trabajo sexual y contemplando siempre al ejercicio del trabajo sexual en el marco de una elección libre. Dicha elección se entiende en los términos del sistema capitalista, en el que la libertad está siempre condicionada y por supuesto, las condiciones de ésta varían dependiendo la clase social a la que se pertenezca. 

En este sentido, es muy importante diferenciar la trata de personas con fines de explotación sexual del trabajo sexual. Lo primero es un delito que implica obligar ejercer servicios sexuales, a través del uso de la fuerza, amenazas u otras maneras de coacción como el encierro y el sometimiento en contra de la voluntad. En cambio, siguiendo a AMMAR:

“El Trabajo Sexual o la prostitución es una actividad ejercida por personas mayores de 18 años que prestan un servicio sexual a cambio de una remuneración económica. En la negociación, las partes involucradas – cliente/a-Trabajador/a Sexual – lo hacen por decisión personal y de manera consentida. En la Argentina su ejercicio está permitido.”

Todas las políticas que se aplicaron por parte de los Estados, aquí y en cualquier lugar del mundo, para criminalizar o prohibir el trabajo sexual no hicieron otra cosa que imponer condiciones aún más vulnerables. Facilitando, incluso, los delitos de trata de personas con la complicidad policial y judicial. Existen diversos modelos que se plantean para “terminar” con el trabajo sexual. Algunas se centran en penalizar a los clientes y otras en lxs trabajadorxs. Sin embargo, pocos son los lugares en los que se han aplicado políticas propuestas y elaboradas por las propixs trabajadorxs sexuales que, lógicamente, defienden su fuente de trabajo. 

Quizás podemos recordar que el año pasado, en plena pandemia, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación reconoció, por primera vez a lxs Trabajadorxs Sexuales como tal. Tras haber creado el Registro Nacional de Trabajadorxs de la Economía Popular (ReNaTEP), el formulario contemplaba al trabajo sexual como ocupación. Sin embargo, y lamentablemente, la alegría duró poco. Algunas horas después, el ministro Daniel Arroyo anunciaba desde su twitter que habían dado de baja el formulario. Esto último es importante tenerlo en cuenta ya que la pandemia empeoró las condiciones para lxs trabajadorxs sexuales. Aumentando la precariedad, la pobreza, la violencia policial. Destacando, también, que las que pagan el mayor precio por ejercerlo son las trabajadoras trans y travestis migrantes.

La lucha feminista crece y avanza en muchos sentidos, y este debate no está exento. Las discusiones en torno al tema pueden ir y venir, pueden incluso no saldarse. Lo que no puede esperar es que un colectivo de fuerza laboral acceda a derechos como cualquier otre laburante. Incluyendo también el respeto y el cese de violencia social y estigma que recae sobre quienes ejercen el trabajo sexual. Podemos elegir apoyar que sea reconocido o destinarlo a la clandestinidad.