Por ahora, el Gobierno no logró su cometido: el debate sobre la “reforma” pasó para febrero. Fue por ¿su poca experiencia legislativa? ¿Fue un logro de la oposición? ¿la calle? Difícil obtener una respuesta inmediata porque ninguna sería determinante.

En el Congreso cambian los apellidos, pero persiste la subordinación a una agenda de políticas públicas supervisadas desde el exterior. Desde que el Poder Legislativo legitimó la estafa de la deuda (contraída con el FMI durante el gobierno de Cambiemos), el Parlamento parece reflejar un consenso sólido entre las fuerzas mayoritarias: la aceptación de un destino atado a los intereses de los Estados Unidos y los organismos de crédito internacionales.

En las calles, un acto. Necesario, pero mecánico. Centrales obreras y un sindicalismo argentino -todavía con cierto poder de fuego- que por inercia hace lo mismo que hace décadas: montar un escenario, dar micrófono solo a -repetidos- cabezones, gritar similares consignas que hace 10 o 20 años atrás, para hablarle ¿a quién?

Una CGT que “amenaza” con un paro y se toma vacaciones de lucha hasta que el Gobierno apriete otro botón. Ni agenda de clase propia ni imaginación para convocatorias que inviten al resto del pueblo que “no la ve” o no sabe qué carajo es el sindicalismo, más que un tumulto de personas que le demoran su llegada al laburo. Todavía no hay sector -formal o informal- que se plante como los subestimados y romantizados jubilados.

El 2026 presentará múltiples y complejos desafíos: retener derechos básicos para la parte de los trabajadores que aún los tienen; unificar las luchas sectoriales; convocar a la organización a las y los miles de trabajadores precarizados, y esbozar un proyecto de Nación, amplio y representativo, que presente una alternativa real ante la oferta de administradores de la dependencia que miran el 2027 con buenos ojos.