La 10° Marcha Nacional Contra el Gatillo Fácil se realizó con normalidad excepto por provocaciones de la Policía de Córdoba, que desplegó un desmedido operativo. Incluso hubo personal civil subido a la parte trasera de una camioneta blanca Toyota registrando la movilización.

Sin embargo, en la calle, en el centro de la ciudad, territorio que el Gobierno provincial convierte en un gran corralito cuando las madres y las familias gritan los nombres de sus familiares, los rostros de aquellos jóvenes de barrios populares pudieron convertirse en fuego, abrazo y grito, una vez más.

El Gobierno de Llaryora fue denunciado como responsable político del asesinato de 16 personas a mano de las fuerzas de seguridad de la provincia en el lapso de sus 8 meses de gestión, incluyendo en las cifras a las víctimas de las muertes en contextos de encierro.

"Es represión estatal, no violencia institucional, pasan los apellidos, los gobiernos, y la represión sigue, exigimos que pare ya, que dejen de matarnos", expresó la madre de una víctima.