Candidaturas LGBTQIA+ permanecen invisibles en la justicia electoral

El 16 de agosto recibí una newsletter de Nexo con el asunto “Récord de Diversidad”. En seguida, accedí al reportaje de Folha de São Paulo sobre el mismo tema: el aumento inédito de las candidaturas de mujeres y negros en las elecciones nacionales de este año. Inmediatamente me frustré con el silencio exacerbado con respecto a las candidaturas de lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transexuales, queers, intersex, asexuales y otras identidades no heterosexuales y no cisgénericas (LGBTQIA+). 

A partir de eso, recurrí directamente a la base de datos del Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para verificar si el silencio sobre esas candidaturas había sido por parte de los reportajes o por el órgano oficial; y si, de hecho, la responsabilidad por la ausencia de esa información no provenía del periodismo (aunque este, también, no haya hablado sobre la cuestión, excepto bajo el título de “Récord de Diversidad”). 

Las categorías del TSE que permiten analizar la presencia de grupos vulnerables en las elecciones están compuestas por género, etnia/raza, franja etaria, personas con deficiencia y nombre social. De esta manera es posible saber cuántas mujeres, negro/as, indígenas, jóvenes, ancianos/as, personas con deficiencia conforman la base de datos. La información sobre el “nombre social” (la que más se acercaría a la cuestión LGBTQIA+ y que podría indicar personas trans que están luchando por mandatos en 2022) es incompleta porque no toda persona trans utiliza el nombre social después de la decisión del Supremo Tribunal Federal (STF) de 2018, que permitió la rectificación del nombre civil en registros sin la necesidad de cirugías o decisiones judiciales. Así, no existe, de hecho, información relativa a la orientación sexual y a la identidad de género de las candidaturas. 

La ausencia de estos datos produce efectos indeseables, entre los cuales destaco la invisibilidad de ese perfil de candidaturas. Tal invisibilidad impone obstáculos a los investigadores y activistas del movimiento social, que han hecho esfuerzos para registrar la presencia del segmento en artículos e informes. Redes nacionales y organizaciones que integran el movimiento, como ABGLT, Aliança Nacional LGBTI+, ANTRA, Vote LGBT, entre otras, han buscado mapear esas candidaturas a partir de la elaboración de formularios virtuales y la divulgación de informes con los resultados.   

Sin embargo, por los límites de la comunicación y de los métodos de relevamiento, muchas veces los números son dispares de una red a otra. Gustavo Gomes da Costa Santos (UFPE) y Pedro Barbabela (UFMG) han desarrollado análisis importantes sobre las candidaturas LGBTQIA+ en Brasil, con artículos científicos publicados en revistas sobre el tema. Ellos reflexionan sobre estas dificultades de obtener la cantidad real de candidaturas “coloridas” en el país. 

Las dificultades percibidas por activistas y académicos podrían ser fácilmente solucionadas si la orientación sexual y la identidad de género de lxs candidatxs fueran declaradas por los partidos políticos a la hora de presentar sus candidaturas al TSE. Esto tornaría, incluso, más visible a esta población en las organizaciones partidarias, también repletas de barreras y contradicciones. 

Entre los efectos indeseables de esa invisibilidad estadística se encuentran la invisibilidad social y política, aquella por la que el movimiento LGBTQIA+ viene luchando para enfrentar desde hace muchas décadas a través del arte, la cultura y la disputa de las narrativas en los medios de comunicación. Desde hace más de dos décadas, el movimiento viene actuando también por medio de las masivas Marchas del Orgullo en las capitales y en el interior del país. Además, la invisibilidad numérica se interpone y dificulta el desarrollo de políticas de inclusión, ya sean políticas de presencia (acciones que apuntan a la presencia de grupos excluidos en espacios de decisión, en los términos de los aportes teóricos de Anne Phillips); o ya sean iniciativas de protección contra la fuerte violencia política que golpea a candidatxs y representantes políticxs LGBTQIA+. 

En la relectura de la entrevista del ministro Luiz Edson Fachin concedida a la profesora y activista trans Jaqueline Gomes de Jesus, publicada en la Revista Brasileira de Estudos da Homocultura (REBEH) en ocasión de un dossier temático sobre la participación política LGBTQIA+ que tuve la oportunidad de coordinar con otros investigadores de las Ciencias Sociales, es posible observar que el TSE instituyó en 2019 un grupo de trabajo sobre Sistematización de Normas Electorales. Uno de los temas fue la participación de minorías en el proceso electoral; y, en él, hubo un subgrupo de trabajo LGBTQIA+, con la participación de ABGLT y de la Aliança Nacional LGBTI+, que recomendaron el respeto a las terminologías adecuadas y a las bases teóricas y políticas en las normativas del tribunal, además de la formación para trabajadores y servidores de la Justicia Electoral.  

Como resultado de la interacción socioestatal fue publicada la Resolución 23659/21, que trata sobre el registro electoral, previendo el uso del nombre social y la identidad de género, así como la exención de certificado de baja militar para las mujeres trans. También se incluyó la posibilidad de completar con dos madres y dos padres en el campo “filiación” en el formulario de Requerimento de Alistamento Eleitoral (RAE, Solicitud de Inscripción Electoral) avanzando en el reconocimiento de familias homoparentales. En relación con el combate a la violencia política contra la población LGBTQIA+, el ministro mencionó apenas la lucha contra las fake news que el tribunal viene realizando. 

Se trata de medidas importantes que revelan mayor apertura de la Justicia Electoral a la participación social de la población LGBTQIA+, pero resultan todavía insuficientes para la promoción de los derechos políticos del segmento en las elecciones brasileñas. Es preciso avanzar en la institucionalización de las políticas electorales que incluyan verdaderamente a estas personas en las disputas políticas, focalizando en el incentivo a la comunidad LGBTQIA+ a candidatearse en cargos de representación política y gestión gubernamental, en las condiciones materiales de esas candidaturas (financiamiento electoral público asegurado por los partidos), en la protección eficaz contra la violencia política LGBTIfóbica y en el compromiso con la visibilidad de la diversidad sexo-genérica en las instituciones políticas. Por lo tanto, el número oficial de candidaturas es un dato básico e imprescindible para la formación de la opinión pública, para una efectiva justicia electoral y para la democracia brasileña. 

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Cleyton Feitosa es doctorando en Ciencia Política por la Universidad de Brasilia y magíster en Derechos Humanos por la Universidade Federal de Pernambuco. Autor del libro “ Políticas Públicas LGBT e Construção Democrática no Brasil”. Integrante del Grupo de Investigación Resocie – Repensando as Relações entre Sociedade e Estado de la IPOL/UnB. 

Este artículo fue elaborado en el ámbito del proyecto Observatório das Eleições 2022, una iniciativa del Instituto da Democracia e Democratização da Comunicação. Con sede en la Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), cuenta con la participación de grupos de investigación de varias universidades brasileñas. Para más información ver: https://observatoriodaseleicoes.com.br/