Modelos Extractivistas: Podría también matarte un mundo muerto

En los últimos años, tanto las ciencias (sociales y duras) como los diversos espacios de militancia a lo largo y ancho del país nos han brindado herramientas teóricas y prácticas acerca de los modelos y proyectos extractivistas que parecen haber sido olvidadas. El olvido de estas herramientas nos empuja a veces a entrar desnudxs a discusiones ya fosilizadas, minadas de puntos ciegos, de “hombres de paja” y de falsas contradicciones. 

Abordar estos fenómenos de larga data y de altísima conflictividad social sin escuchar qué han dicho o qué tienen para decir lxs agentes históricamente involucrados es, creemos, una pedantería citadina y clasemediera. Este aporte, pues, pretende funcionar, primero, como una breve guía de lectura, como la puesta en valor de las reflexiones acerca de los diversos modelos extractivistas, y segundo, como una forma de saludo a las y los sujetos históricos (agrupaciones, movimientos e independientes) que han intervenido de forma sistemática en estas disputas.

Otra idea de Estado

Boaventura de Sousa Santos –en Reinventar la democracia, Reinventar el Estado– estudia los procesos de auto-inhibición de la soberanía de los Estados nacionales en América Latina. En Argentina, la reforma constitucional del año ‘94 es, por caso, un proceso paradigmático. En nuestro país, la “Ley de Inversión de Mineras y el Código de Minería”, junto con una profusa producción de leyes y decretos destinados a facilitar la instalación de las transnacionales extractivistas del rubro megaminero, marcan el inicio de un profundo proceso de transformación del Estado en el vínculo con su territorio, con el capital privado y con la sociedad civil.

El estudio de los mecanismos de renuncia a la soberanía de los recursos y de parte del territorio a favor de las corporaciones transnacionales del sector extractivista nos permite pensar –siempre según de Sousa Santos y otros referentes del pensamiento decolonial– formas otras de Estado

En el caso del extractivismo nos enfrentamos a lo que Antonelli y Svampa –en “Minería transnacional y dispositivos de intervención en la cultura. La gestión del paradigma hegemónico de la minería responsable y el desarrollo sustentable”– llaman una alianza hegemónica basada en una multiactorialidad y multiescalaridad simultánea. Estas nuevas dinámicas meta-reguladoras suponen:

1) Una alianza estratégica entre los gobiernos locales, provinciales y/o nacionales y las empresas transnacionales.

2) Una intervención determinante de los “agentes de inscripción múltiple”, como es el caso de accionistas o beneficiarios del sector minero que también ocupan cargos estratégicos en instituciones claves de la estructura estatal.

La idea de un mineralo-estado (mutable a petro-estado, ganado-estado, etcétera), noción planteada por William Sacher en el análisis del modelo minero canadiense designa no sólo el apoyo de actores inscriptos en redes múltiples que traspasan lo público-privado, sino también todo un dispositivo que posibilita la construcción del Estado y su sistema público como un aparato al servicio del comercio minero y del enriquecimiento de los agentes del sector. De esta forma el Estado en sus múltiples dimensiones (político, jurídico-legal, administrativo y económico-financiero) es instrumentalizado con el fin de asegurar la impunidad de las empresas transnacionales, aun cuando enfrentan señalamientos graves en materia de derechos humanos, económicos o ambientales.

Tenemos entonces que el Estado, auto-inhibido por los marcos regulatorios legales impulsados por el neoliberalismo de la década de los 90, deja en su retirada un país reconfigurado como territorio cantera, territorio reprimarizado dependiente de los capitales transnacionales.  De esta forma, el modelo extractivista usufructúa los recursos naturales a través de la disponibilidad del territorio, de tal forma que excluye a la sociedad civil de la gestión de la vida, de la población y del territorio, y anula toda posibilidad de soberanía política por parte del Estado. 

Estas reposiciones, consignadas aquí de forma muy sucinta, nos invitan a pensar al Estado, por obvio que pueda resultar, no como una entelequia inmutable siempre idéntica a sí misma; por el contrario, es necesario entender su carácter cambiante, esto es, su propia historicidad, y sobre todo, el impacto que ciertas políticas de gobiernos argentinos específicos puedan haber tenido o tienen en el régimen de movilidad, de eficacia y de capacidad de acción del Estado frente a agentes terceros.

En este sentido, cabe hoy preguntarse no sólo por la capacidad de acción y las herramientas del Estado argentino para regular con conciencia ambiental las prácticas extractivistas sino también, y lo que es más importante, si nuestro gobierno hoy tiene la voluntad política de revisar las formas heredadas de los años ‘90

Así, se vuelve fundamental pensarnos por encima de toda lógica dominantemente utilitarista que fuerce la idea de que cualquier fenómeno que no suponga un ingreso constante de divisa extranjera es en definitiva fenómeno de relevancia secundaria; por otro, es necesario pensarnos por fuera de las lecturas unilateralistas que sospechan que el Estado, que los movimientos populares, los sindicatos y otras formas organizativas funcionan al modo de un gigante ciclópeo, con un ojo único, incapaz de atender simultáneamente a múltiples conflictos sociales. 

Otra idea de tiempo

Podría parecer una tontería y una premisa inocente, pero no deja de ser cierto que uno de los terrenos problemáticos en la política es el trabajo sobre el tiempo. El cuándo de los programas tácticos y estratégicos, el mientras de la espera y del trabajo militante y el después inmediato de toda medida de fuerza son ejemplos más que elocuentes.

Ahora bien, estos ejemplos no sólo demuestran que entre la política y el tiempo parecería suceder algo, sino también, y lo que es más importante, que la temporalidad en la política tiene algo de “onda corta”. Esto es: al menos en el campo de la Realpolitik del siglo XXI, cualquier evento, acontecimiento o demanda que no se encuentre alojada en la agenda estandarizada inmediata, tiene la posibilidad de perder carácter gravitacional y de constituirse como fenómeno de relevancia secundaria. 

Las lecturas del ecologismo (y de otras vertientes de pensamiento preocupadas en la protección del medioambiente) se enfrentan, sin duda alguna, a la “onda corta” del tiempo de la política. El futuro catastrófico vaticinado por el campo de la ciencia y la militancia ecologista, si bien no meramente hipotético, trabaja sobre una temporalidad ampliada, una temporalidad extendida que remarca las distancias cada vez más evidentes entre el tiempo cronológico y el tiempo histórico: así, a diferencia de la última película de Netflix, Don't Look Up, donde el countdown para el fin del mundo es una cantidad concreta de minutos, la militancia ambientalista advierte del saldo catastrófico que este modelo de producción capitalista va a arrojar en diez, quince, veinte o cincuenta años.

Este espacio dislocado entre, por un lado, las expectativas ecologistas, y por otro, la temporalidad “corta” de la política, es uno de los conflictos de nuestra coyuntura histórica. Este conflicto pone en primer plano dos regímenes de temporalidad contrapuestos

En el último tiempo se planteó en la agenda una contradicción, a mi entender, apresurada e inadecuada. Contradicción expresada en su forma más laxa y montada a una perspectiva utilitarista por demás chata, sostiene lo siguiente: las diferentes prácticas extractivistas –la megaminería, la industria petrolera, etc.– son necesarias, por dañinas que puedan resultar, en cuanto nos enfrentamos a una necesidad urgente de ingreso en dólares.

Esta lectura, que intentaremos desmontar a lo largo de este aporte, pretende homologar fenómenos dispares (sociales, culturales, políticos) bajo una lógica productivista. Lo falso de la contradicción, pues, es la siguiente: sobre el tamiz del tiempo, de la “onda corta” de la política, se terminan por sopesar fenómenos de muy diversa característica y composición, cada una con una historia propia, con su propio régimen de luchas y con su propia especificidad. 

La “urgencia dolarizante”, esto es, la contingencia político-económica inmediata (la “onda corta” de la política), termina por trastocar de los sistemas de valores, de las jerarquizaciones éticas, programáticas y axiológicas que funcionan como la base de proyectos serios y duraderos de crecimiento económico, de distribución de la riqueza, de explotación sustentable a largo plazo, etcétera. La contingencia económica, en una instancia dominante, lixivia (macarrónica palabra) todo programa a largo plazo y lo vuelve abstracto o, en el peor de los casos, obsoleto. 

Otra idea de tierra

El Proyecto de Ley presentado por iniciativa popular en Chubut el año 2014, llamado “Proyecto de ley para establecer parámetros de sustentabilidad ambiental en las explotaciones mineras”, (disponible aquí: http://www.leymineriachubut.com.ar/proyecto-de-ley/), insiste, entre otras cosas, en una discrepancia.

La discrepancia apunta al concepto de “recursos naturales”, desarrollado con gran precisión por los representantes de la teoría económica clásica y concepto-fuerza determinante para operativizar, por un lado, y comprender, por el otro, la lógica extractivista del mundo capitalista del siglo XXI. 

El Proyecto de Ley opone al concepto de “recursos naturales” un nuevo concepto, el de “bienes comunes”. Ahora bien, ¿de qué manera, bajo qué particularidades históricas, vehiculizadas sobre qué andamiajes teóricos y políticos estos conceptos entran en oposición?

Nos encontramos con que:

1) El sema ‘recurso’ hace de todo elemento del orden natural la ‘materia prima’ para la producción industrial y con que
2) El sema ‘natural’ hace de los elementos naturales fenómenos a-históricos, alejados de la producción estrictamente humana.

El concepto de “bien común”, por su parte, carga contra estas premisas, sosteniendo que bajo la sobre-economización del mundo toda pequeña partícula es considerada al servicio de la racionalidad económica: por un lado, si existe algo a-histórico en ‘lo natural’ no refiere a su reproducción ad infinitum, sino más bien, a que las dotes que ofrece la naturaleza son transgeneracionales, intergeneracionales y por tanto, no responden únicamente a la soberanía de ‘los vivos humanos’; por otro, desarticula el concepto ‘recurso’, propio de la episteme industrial-burguesa-neocolonialista fundada en la ventura individualista, para reponerlo por el de ‘bienes comunes’, haciendo referencia “a una posesión y/o pertenencia comunitaria-social, incluidas las futuras generaciones, en tanto se considera que la preservación de los bienes comunes es determinante para la preservación y reproducción de la especie humana” (Antonelli, Mirta et. al. Modelo extractivo y discursividades sociales. Un glosario en construcción; 2011: 24)

Otra idea de democracia

En los últimos meses, demandas populares de larga data histórica en el país han sido leídas por la derecha y por parte de la ortodoxia oficialista como un “obstáculo” contra el desarrollo económico. Sin embargo, los actores que pretendieron correr por derecha (o por pragmatistas) a estas demandas históricas y legítimas olvidan lo siguiente: la política, como forma de la interrupción y de la invención, configura la escena del desacuerdo, haciendo emerger las partes civiles que no “preexistían” al conflicto y al perjuicio ahora nombrado, de modo que lo ahora ‘puesto en común’ no es bajo ningún aspecto nuevas formas de acuerdo, ni mucho menos formas oscuras de consenso, sino más bien el ‘daño’ recibido.

La pregunta esencial es entonces ¿cómo hacer cuerpo esas demandas? ¿cómo volverlas cuerpo de ley y también cuerpo empático de lectura política? 

De la estigmatización de estas demandas populares podemos sacar varias conclusiones.

La primera: reconocer que la “licencia social”, esto es, el aval público y popular que todo proyecto extractivista necesita para ponerse en marcha, está siendo atacada. En este marco, dirigentes y funcionarios, muchos de ellos provenientes de espacios políticos que se reconocen y reivindican como democráticos, han insinuado que la voluntad popular (expresada en movilizaciones, marchas y otras acciones directas) viene funcionando como un obstáculo.

A ello, se le ha opuesto una solución ‘por arriba’: Julio Burdman (periodista y politólogo), por ejemplo, insiste en reformar el piso legal noventista –del que hablamos más arriba– que la da potestad a las provincias sobre su territorio, con el objetivo de que los programas económicos de ‘interés general’ puedan ser comandados de forma centralizada por el poder nacional, haciendo caso omiso a las demandas populares regionales.

La segunda: reconocer que es necesario redefinir los pivotes del debate. El eje podría ser, al menos de forma provisoria, exponer la especificidad de la lucha por el medio ambiente y su diferencia constitutiva con otras demandas de la agenda política. Para ello, es necesario democratizar (esto es, nacionalizar) el debate, y con ello, las herramientas teóricas y políticas que los espacios de militancia ambientalista y las ciencias han producido durante los últimos años.

El objetivo de esta redefinición, al menos analíticamente, podría desagregarse en dos: por un lado, dislocar la temporalidad de “onda corta” que homologa demandas y las subsume a una perspectiva utilitarista y economicista; por otro lado, dislocar aquellas posturas según las cuales existiría una contradicción entre las agendas de políticas económicas nacionales y las “agendas de minorías” (minorías étnicas, disidencias sexuales, movimientos feministas, movimientos ambientalistas, etcétera). 

La tercera: reconocer que la determinación de los debates nacionales por parte de programas políticos y económicos exógenos (como, por ejemplo, el programa del FMI), pero también por el avance de las derechas, han arrinconado a la izquierda y a los movimientos sociales hacia formas de organización y movilización defensivas. Esta posición coyuntural de las izquierdas no es meramente argentina o regional, sino que parecería ser una constante epocal. 

En todo caso, lo que debemos reconocer es que la creatividad se ha convertido, de un tiempo a esta parte, en un activo político a la baja en las izquierdas nacionales. Toda forma política innovadora parece verse cercada, de un lado, por la posición defensiva a la que las izquierdas se ven sometidas por las dinámicas del capitalismo, por otro, y de forma interna, por la premisa trágica y romantizante de llevar la “miserabilidad” de clase con hidalguía. 

Las izquierdas están en crisis en al menos dos aspectos. Carecemos, como dice Nancy Fraser en su última entrevista a Bhaskar Sunkara, tanto de una visión programática como de una perspectiva organizativa. En el espacio de juntura entre estas dos problemáticas, en la reflexión sobre su contacto y en la práctica militante revitalizada, aparece el ejercicio de pensar y ejercer un futuro, un país, un mundo digno de ser vivido. 

Lecturas recomendadas:

• ANTONELLI, Mirta A y SVAMPA, Maristella (ed.) (2009): “Minería transnacional y dispositivos de intervención en la cultura. La gestión del paradigma hegemónico de la minería responsable y el desarrollo sustentable”, en Minería Transnacionales, Narrativas del desarrollo y resistencias sociales. Buenos Aires, Biblos.
• ANTONELLI, Mirta A., et al. (2011): Modelo extractivo y discursividades sociales. Un glosario en construcción. Córdoba, UNC.
• BOTTARO, Lorena (2014): “La megaminería en cuestión. Características de la expansión de la minería a cielo abierto en Argentina, una aproximación al caso sanjuanino”, Ponencia ISA, disponible en http://web.isanet.org/Web/Conferences/FLACSOISA%20BuenosAires%202014/Archive/20eefd6e-bd99-4dea-a602- 3aecae500c6d.pdf
• DE SOUSA SANTOS, Boaventura (2010): Descolonizar el saber, reinventar el poder. Montevideo, Ediciones Trilce, Extensión Universitaria, Universidad de la República.
• LAZZARATO, Maurizio (2006): Políticas del acontecimiento. Buenos Aires, Tinta Limón.
• MANÇANO FERNANDES, Bernardo (2005): “Movimientos socioterritoriales y movimientos socioespaciales. Contribución teórica para una lectura 13 geográfica de los movimientos sociales”, en Revista OSAL, AÑO VI, Nº 16, enero-abril.
• SACHER, William (2010): “El modelo minero canadiense: saqueo e impunidad institucionalizados” en Acta Sociológica, núm. 54, enero-abril 2010, pp. 49-67.