Ayer se cumplieron 6 años del encarcelamiento de Milagro Sala, referenta de la organización Tupac Amaru. Según denuncian distintas organizaciones políticas, sindicales y de derechos humanos, Milagro "es víctima del Lawfare", una estructura integrada por políticos, jueces y empresarios para judicializar y encarcelar referentes opositores durante el macrismo en Argentina.

La diputada por el Frente de Todos (FDT) y trabajadora de la economía popular Natalia Zaracho, afirmó que

“Milagro es una presa política, es otra víctima de Lawfare. En Jujuy se inició con la famosa "gestapo" contra los sindicatos con la que soñaba el PRO, para disciplinar a la Tupac pero también para disciplinarnos a todos y todas los que nos organizaciones por la Patria con Tierra, Techo y Trabajo y contra los poderes concentrados”.

Por su parte, desde el Frente Milagro Sala sostuvieron que "con presos y presas políticas no hay democracia plena". "El caso de la líder de Tupac Amaru se constituyó en el laboratorio de lo que fue el lawfare en Argentina y que implicó una verdadera asociación ilícita promovida con recursos del Estado" afirmaron desde la organización que milita por la liberación de la referenta.

Sin embargo, además de Milagro, expusieron que existen otros siete presos y presas políticas de la Tupac, agregando que la persecución, la criminalización de la protesta y el encarcelamiento, han sido "constantes" en la Jujuy gobernada por Morales, lo cual "lesiona gravemente la Democracia".

El lawfare en Jujuy se tejió principalmente entre el gobernador Gerardo Morales, quien se encuentra en su cargo hace 6 años, asumiendo poco tiempos antes de la detención de Milagro, y la familia del empresario Carlos Pedro Blaquier (94 años), uno de los más ricos y poderosos de Argentina a través de la empresa azucarera Ledesma, que tuvo estrechos lazos con militares de la última dictadura cívico-militar, tiempo en que amasó una fortuna y se expandió en el NOA a costa de desaparecer y asesinar a trabajadores organizados.

Además, Morales también ha sido denunciado de forma reciente por espionaje ilegal a medios de comunicación comunitarios, así como su cooperación con el golpe de Estado en Bolivia.