Presentaron la “Ley Blas”: ¿De qué trata?

Soledad Laciar y la diputada nacional Brouwer de Koning (JxC) presentaron la "Ley Blas" en el Museo de Antropología ante la presencia oportunista de Luis Juez, la Ministra de Justicia Laura Echenique y representantes de la Policía de Córdoba. ¿De qué trata la ley y qué implica la presencia de funcionarios que muchas veces vemos defendiendo la doctrina del gatillo fácil? Enfant dialogó con la madre de Blas quien respondió las inquietudes.

Por Rodrigo Savoretti |

🕒 7 minutos de lectura

Fotos: Juan Cristian Castro

En el día de ayer en el Museo de Antropología, Soledad Laciar, madre del Blas Correas, joven asesinado por la Policía de Córdoba en el 2020, y la diputada nacional Gabriela Brouwer de Koning (Evolución Radical-JxC Córdoba) expusieron ante una concurrida y particular audiencia los fundamentos del proyecto de la denominada “Ley Blas”. El proyecto de normativa a ser presentado el próximo lunes 8 de mayo en la Cámara de Diputados, en el marco de la conmemoración del “Día Contra la Violencia Institucional”, busca la modificación del Código Penal de la Nación en lo que respecta:

  • La portación y uso de armas ilegales por miembros de las fuerzas de seguridad y ciudadanía en general.
  • El agravamiento de penas para quienes planten armas y/o modifiquen escenas de crimen al mismo tiempo que busca el desarme de la población civil.

El acto contó con la participación de familiares de víctimas de la represión estatal, familiares de víctimas de crímenes viales, organismos de DDHH, funcionarixs y legisladores provinciales de Hacemos por Córdoba (HxC) y el partido Unión Cívica Radical (UCR), incluyendo la presencia del ex senador y candidato a gobernador por la provincia de Córdoba Luis Juez, la Ministra de Justicia Laura Echenique y miembros de la Policía de Córdoba.

En este evento se mezclaron diversos condimentos con la presentación de una ley elaborada por una diputada de la misma fuerza política que impuso la “doctrina Chocobar” durante el macrismo. A su vez, no hubo presencias por parte de representantes del kirchnerismo ni de las izquierdas de Córdoba.

Soledad comenzó la presentación agradeciendo principalmente la presencia de más familiares de víctimas de gatillo fácil, como la madre y hermana de “Beco” Ávila y también el padre de Alexa, víctima del crimen vial que tiene como responsable al histórico schiarettista Oscar González. Además, instó a quienes la acompañan a “ver más allá de sus zonas de confort” y viajar a Cruz del Eje para acompañar a la familia de Joaquín Paredes en el inicio del juicio por su asesinato, a desarrollarse el próximo 30 de mayo.

Mirando a los dos uniformados presentes, integrantes de la Dirección de Asesoría Letrada de la Policía de Córdoba, Soledad les agradeció su presencia y les expresó: “Ustedes nos tienen que proteger, el policía debería ser esa persona que está al lado del ciudadano, para que no tengamos temor, pero eso hoy no existe, ustedes nos generaron temor a su institución y eso se tiene que acabar”. También agradeció la presencia de la Ministra de Justicia Laura Echenique, a quien le remarcó que en tres años de lucha, era la primera vez que alguien del oficialismo provincial se hacía presente.

Por su parte, Brouwer de Koning -quien elaboró el proyecto junto a diversos especialistas y “académicos expertos” en la materia- expresó su agradecimiento con Soledad, e hizo fundamental hincapié en que la normativa se basaba en reparar técnica, jurídica y penalmente a las irregularidades, arbitrariedades e injusticias que se cometieron desde el fusilamiento contra Blas, hasta el respectivo juicio donde se condenó a perpetua a los dos oficiales sindicados como autores del crimen y nueve policías más culpables de encubrimiento, falso testimonio y omisión de los deberes de funcionario público.

“Estas prácticas ilegales y comunes de la Policía, heredadas de la dictadura, siguen vigentes a cuarenta años de democracia. Pasó con Blas, pasó con Joaquín, con Lucas y con muchísimos casos más. Como representantes del sistema democrático tenemos la obligación de construir un modelo de seguridad pública que no contradiga a los Derechos Humanos”, comentó la diputada nacional antes de comenzar con la presentación de los tres puntos claves a los cuales apunta la propuesta.

¿De qué trata la Ley Blas?

La normativa apunta directamente al articulo 189 bis del Código Penal de la Nación. Propone modificar dicha disposición para, en primer lugar, agravar las penas para toda persona que porte y/o use elementos o materiales peligrosos y/o armas de fuego sin autorización legal. Especialmente, endurece las penas con 8 a 12 años de prisión efectiva para cualquier integrante de fuerzas de seguridad pública y privada que porten y hagan uso de las mismas.

En segundo lugar, apunta a incorporar un nuevo tipo penal específico que “planten ” armas u otros elementos para entorpecer o alterar una investigación, tal como sucede en la gran mayoría de casos de ejecuciones estatales. En este caso, las penas serían de 10 hasta 20 años de prisión.

En tercer lugar y por último, incorporaría a este nuevo tipo penal como delito habilitante para aplicar la figura de la Ley del Arrepentido, instrumento legal que se entiende benefactor para el aceleramiento de los procesos e investigaciones judiciales cuando -tal como sucedió con una oficial imputada en el caso de Blas-, el “arrepentido” acude a esta figura que incluye el rebajamiento de las penas si aportan datos que diluciden los verdaderos móviles y secuencias de los asesinatos. Este último punto intenta ayudar a romper los pactos de silencio que imperan entre los integrantes de la fuerza, cuando uno o varios de ellos se ven implicados en un crimen.

¿Fantasía o realidad?

Por un lado, no deja de sorprender que el proyecto haya sido elaborado por una diputada de una fuerza representante de la derecha argentina, que estuvieran personajes repudiados como Luis Juez, o la Ministra de Justicia, señalada por familiares de víctimas como garante en la complicidad judicial-policial que otorga impunidad a los miembros de la fuerza que desde el regreso democrático a la actualidad han sido responsables de más de 400 asesinatos en la provincia. Pero es destacable que el caso Blas quitó la venda a parte de la misma sociedad que no tuvo empatía con otros casos, donde los asesinados son pibes y pibas de un estrato social empobrecido e históricamente discriminado son jóvenes de barrios populares.

El proyecto de ley no deja de ser un aporte bien fundamentado que se presenta en un momento urgente, debido a la escalada de la represión en un contexto de crisis económica, social y política, donde la represión es una vía que garantiza el ajuste necesario para acrecentar ganancias en sectores concentrados de la economía.

También es necesario remarcar que al igual que el proyecto de ley contra la violencia institucional presentado en dos fallidas oportunidades durante el año pasado por integrantes del Frente de Todos (FdT), los cambios y transformaciones que en ambos proyectos intentan reparar, subsanar y proponer, no pueden darse sino al mismo tiempo con un cambio social, político y cultural necesario en la sociedad.

El problema radica en la complejidad de la represión estatal, que abarca en su interior a una complicidad política, jurídica y policial, que configura un engranaje de una máquina de muerte que actúa no sólo en casos de asesinatos, torturas, detenciones arbitrarias, sino también en las cárceles y comisarías que hoy por hoy están más cerca de ser centros de tortura y exterminio que sitios donde los sujetos que ingresan puedan reinsertarse (si es que están insertos) luego de cumplir sus penas.

En este sentido, durante la presentación, desde Enfant le preguntamos a la diputada y a Soledad Laciar, en el caso de que la ley se apruebe y sancione, ¿creen que el Poder Judicial argentino está a la altura de hacer cumplir esta ley, entendiendo que es un poder que ha garantizado la impunidad, en la mayoría de los más de 8mil casos de crímenes de lesa humanidad cometidos por las fuerzas desde el regreso democrático? ¿Creen necesaria una reforma judicial? Soledad respondió:

-Creo que estamos nosotros y nosotras para poner al Poder Judicial a la altura. Justamente, ayer me informaron que la investigación sobre las responsabilidades políticas del caso de mi hijo fueron pasadas al Fuero Anticorrupción, que es la impunidad hecha persona. Y hoy estoy acá. Entonces, tenemos todos el deber de acompañar masivamente las instancias de juicios en estos casos. La presión social tiene que hacerse sentir para obligar a jueces y fiscales a hacer lo que corresponde. Hay que dejar de permitir que garanticen la impunidad. Depende mucho de nosotros que casos como el de Joaquín o de Alexa en el crimen vial, sean fallos que sienten precedentes. Nunca más tenemos que dejar que los políticos, jueces y policías hagan lo que quieran. La sociedad los debe observar, vigilar y controlar para que se haga justicia.

Al finalizar la reunión, Soledad recibió la noticia de que la Justicia elevó a juicio la causa que tiene imputados a trabajadores de la Clínica Aconcagua por “abandono de persona”.

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Rodrigo Savoretti

Técnico y profesor en Comunicación Social (UNC). Periodista. Guevarista y peronista.

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