La joven de 11 años violada por la pareja de su abuela fue obligada parir por cesárea a pesar de haber manifestado su intención de abortar. Piden la renuncia del responsable del Sistema de Salud Provincial, Gustavo Vigliocco y de la ministra de Salud quienes obligaron a continuar con la gestación a Lucía aduciendo motivos puramente ideológicos.
“Quiero que me saquen esto que me puso adentro el viejo” fue la forma que tuvo Lucía (nombre ficticio) de pedir que se le practicara la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) tras ser violada por la pareja de su abuelo, un sexagenario abusador y violento.
La niña ingresó en el hospital Eva Perón hace casi un mes con un cuadro depresivo agudo, crisis nerviosas y después de dos intentos de suicidio. Desde entonces tanto el responsable del Sistema Provincial de Salud (SIPROSA) Gustavo Vigliocco como la ministra de Salud de la Provincia Rossana Chahla, avalados por funcionarios del poder Ejecutivo (el ministro de Defensa de la Provincia Washington Dávila ,quien fuera el fiscal que condenó a 8 años de cárcel a la joven Belén por abortar años atrás) emprendieron una cruzada ideológica y conservadora que ha tenido el cuerpo de Lucía de apenas 11 años, como territorio de conquista.
Tras retrasar deliberadamente el acceso a la ILE (reglamentada como opción desde 1921 en el Código Penal) finalmente Lucía fue obligada a parir por cesárea a una criatura de unos 600 gramos que, según fuentes cercanas al hospital neonatal donde permanece entubadx, tiene pocas posibilidades de sobrevivir. Organizaciones de Derechos Humanos, Políticas, sociales y feministas exigen la inmediata renuncia de Vigliocco y de Chahla por vulneración de derechos. "Obligar a parir es tortura" reclaman.
Seis policías fueron imputados por la muerte del joven de 35 años en La Falda, en julio de 2022. Fue detenido mientras sufría una crisis psicótica y llevado a la comisaría departamental, donde murió por "asfixia mecánica"
Este jueves, a las 15 horas en el Museo de Antropología iniciará un taller abierto para conocer cómo se registran los malos tratos en los contextos de encierro y luego un conversatorio sobre la creación de un mecanismo local para la prevención de la tortura estatal.
Durante las protestas frente al Ministerio de Capital Humano el pasado 10 de abril, un manifestante perdió la visión de un ojo como resultado de la represión policial
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