Por Bahía De Palma

Este miércoles, la comunidad cannábica de Córdoba se suma a la Marcha Nacional por la Marihuana. La movilización partirá a las 16:20 del Parque las Heras y culmina en la explanada del Patio Olmos. Bajo el lema “La prohibición mata”, organizaciones, ONGs, profesionales de la salud, personas que cultivan y usuarias de cánnabis se reúnen para exigir el cese de la criminalización, el acceso pleno al uso medicinal y una ley de regulación.

Desde hace quince años la movilización recorre las calles de Córdoba, sosteniendo el reclamo en contra de la penalización de la planta que es utilizada para fines medicinales y recreativos.

“Estamos en un contexto en el que el acceso al cannabis medicinal legal está trabado, por lo tanto se está vulnerando el derecho a la salud”, señala Marcos a este medio.

En ese sentido, el integrante del frente “Córdoba se planta”, cannabicultor y activista en defensa de la planta, señala en diálogo con Enfant Terrible, que tanto a nivel nacional como provincial no existe una política de salud pública que garantice el acompañamiento de tratamientos con cánnabis. Al mismo tiempo, según Marcos, en el último tiempo se profundizó “la criminalización, la estigmatización y la marginación de las personas que son pacientes, de las usuarias y de las cultivadoras de cannabis”.

“Es un retroceso muy grande”, valoró y explicó: “Hay una vuelta de los señalamientos de las personas como narcotraficantes y de los operativos de seguridad en relación a esto”.

Marco reflexiona que hace unos años, pese a la falta de normativas más amplias, se había legitimado en el ámbito público el uso del cannabis medicinal de manera legal. “Contamos con universidades que están dando formaciones, diplomaturas, posgrados sobre el tema”, enumeró y problematizó las dificultades en la obtención del “Registro del Programa de Cannabis” (REPROCANN).

La ilegalidad vulnera

Desde que asumió Javier Milei, la eliminación del REPROCANN fue una constante amenaza de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. A pesar de las constantes desacreditaciones de la funcionaria, el registro de usuarios y cultivadores de cánnabis medicinal que los inserta en un marco legal sigue vigente, pero, como otros programas de salud pública, desfinanciado y lento.

Marcos manifiesta que la aprobación del trámite tarda meses: “De hecho, hay personas que ante eso deciden enviar un correo pidiendo la baja de esa solicitud para volver a ingresar. Otros toman medidas legales como elevar un recurso de amparo”.

“Hay gente que necesita acceder a un tratamiento, que quieren estar dentro de un marco de legalidad y que el Estado mismo, ante la inoperatividad, le está negando el derecho a la salud, o la está obligando a recurrir a la clandestinidad ”, afirma.

Según el entrevistado, al no asegurarse un tratamiento “que mejora la calidad de vida” de manera legal, “se vuelve a retroalimentar este círculo sistemático de marginación, violencia y estigmatización”. Y añade que las personas “no van a dar un paso atrás en relación a una conquista”.

Córdoba, tierra que adopta el método Bullrich

Las organizaciones que impulsan una regulación y una protección estatal para usuarios y pacientes, observan que en la provincia gobernada por Martín Llaryora, las políticas de “drogas” son un reflejo de las normativas de la ministra nacional Patricia Bullrich.

La persecución contra pequeños productores y el violento accionar de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) caracterizan a la región.

La situación quedó expuesta cuando la FPA irrumpió en un festival realizado en un bar en la ciudad capitalina el año pasado, del que participaban organizaciones y asociaciones civiles, y secuestró todos los productos. El evento, con puestos informativos y venta de aceites y cremas derivó en una causa contra personas que sostienen el circuito medicinal cannábico.

Este operativo demuestra lo que el titular de la cartera provincial de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, sostuvo en declaraciones públicas, la aplicación del modelo de persecución y la difamación de usuarios y cultivadores.

Punitivismo versus reducción de daños

Este año, las consignas de la movilización apuntan a que el Congreso revea la Ley 23.737, que regula el uso y la venta de drogas. El objetivo es que se apruebe una nueva normativa que incluya una perspectiva de reducción de daños y visualice el uso medicinal de algunas sustancias.

En referencia a la norma actual, Marcos señaló que “no tiene un abordaje en relación a que no todos los consumos son problemáticos y tampoco hay un abordaje sobre la reducción de daños”. Es decir, la prohibición “genera falta de información sobre los efectos ciertas sustancias y los posibles cuidados”.

Toda la información sobre los efectos queda censurada al no contar con un órgano del Estado que se ocupe de la circulación de acciones y de campañas en pos de un consumo regulado.

Además, el frente “Córdoba se Planta” reclama la libre circulación de la marihuana para sus múltiples usos y el cese de la criminalización, bajo la frase “Basta de presos y presas por cultivar”.

*Foto de portada: Julio Pereya/Enfant Terrible.