La manifestación que tuvo lugar el pasado 10 de abril en la Avenida 9 de Julio, en protesta ante el Ministerio de Capital Humano por la entrega de alimentos, culminó con varias personas detenidas en la Alcaldía 4 y numerosos heridos.

Entre ellos se encuentra Claudio Astorga, un albañil de 39 años del barrio Asunción de Berazategui, quien recibió el impacto de una bala de goma en el rostro muy cerca de los ojos. La organización La Patriada y Pueblo Unido, espacios de los que es parte, informó que "tras varios análisis médicos correspondientes, se le ha comunicado que no podrá recuperar la visión de su ojo de forma permanente".

La movilización de ese día fue convocada por el conjunto de organizaciones que forman parte de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), bajo la consigna de "Emergencia social en todo el país". En el evento, se destacó que "el límite debería ser el hambre" y se agregó que "ya se ha cruzado con el desabastecimiento de cientos de miles de comedores comunitarios".

Balas, no alimentos

Los alrededores del ministerio liderado por Sandra Pettovello se han convertido en un paisaje represivo, donde es habitual que la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, junto con las Fuerzas Federales, bajo los "protocolos antipiquetes" hostiguen, detengan y repriman cualquier acto de protesta contra el gobierno actual.

La Asociación Contra la Violencia Institucional (ACVI), un colectivo que promueve la vigencia y defensa de los Derechos Humanos, ha estado sistematizando estos hechos y dándoles visibilidad. Lo sucedido el 10 de abril, fue denunciado por ellos, exigiendo "el cese de la represión y el castigo a los responsables materiales y políticos".

Desde Enfant nos comunicamos con María Fernanda Pereyra, abogada que forma parte de ACVI y acompaña a la persona que perdió la visión y a su familia: “La idea es hacer una presentación en la Justicia porque esto es sistemático”, destacó.

-Una nueva represión ante un reclamo por alimentos, ¿qué ven ustedes desde la Asociación?

-Primero, que durante la protesta varios manifestantes resultaron gravemente heridos: uno arrastrado con el rostro ensangrentado, otros con impactos de bala en la cabeza, la frente y la nariz. Lo segundo es que algunos casos toman más visibilidad que otros, pero estos eventos son sistemáticos y violan protocolos, tratados internacionales y la Constitución que garantiza el derecho a la manifestación.

-Mencionaron la presentación en la Justicia, ¿dondé pondran el foco de la denuncia?

-La denuncia se dirigirá a la institución y a los responsables políticos, ya que la represión es una decisión política. Nosotras queremos identificar a quienes dispararon, pero sabemos que se requieren decisiones más allá de la acción individual de un policía; esto está relacionado con políticas represivas a nivel nacional y local, ya que desde la Ciudad celebraron el operativo en nombre del "orden". Ahora, ¿qué solución se ofrece a quienes piden ayuda por la emergencia alimentaria y social?

"Salen sin respuesta y, en algunos casos, con lesiones graves como la pérdida de la visión", remarca.

También se denuncia desde el colectivo que estas formas violentas de imponer el orden por parte de los gobiernos tienen similitudes con eventos recientes. En 2023, en la provincia de Jujuy, durante la reforma constitucional, o en Chile durante las protestas del 2019, las Fuerzas de Seguridad y Carabineros apuntaban a los rostros de las personas con el objetivo de causar pérdida de visión.

Un ejemplo cercano en el tiempo y espacio es el tratado de la Ley Omnibus en el Congreso de la Nación. Durante este evento, el abogado Matías Aufieri, del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH) y asesor del bloque del Frente de Izquierda en el Congreso, recibió un disparo que puso en riesgo sus ojos.

La abogada destaca que "la intención de esta presentación es exponer la situación de este compañero que reclamó legítimamente por una necesidad del pueblo argentino”.

Y por último, agregó que la búsqueda ante este hecho lamentable es marcar un precedente para que “esta denuncia sirva como un freno, para evitar que situaciones similares afecten a otras personas que desean manifestarse dentro de sus derechos constitucionales. Esto que pasó es algo que no se puede naturalizar".

Foto de portada: Juan Valeiro