En junio de 2021 se inició una querella ante la justicia federal de Santa Cruz, con el objetivo de juzgar la masacre perpetrada por el Ejército Argentino en 1920 contra los trabajadores de la Federación Obrera Regional Argentina. El episodio, relatada por Osvaldo Bayer en el libro "Los Vengadores de la Patagonia Trágica" se saldó con la muerte de 1500 trabajadores que exigían mejores condiciones de trabajo. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se presentó como querellante en la causa.

Fuentes oficiales señalan que "pese a que pasaron más de 100 años, las violaciones a los derechos humanos que sufrieron los miles de peones rurales que reclamaban por sus derechos permanecen impunes. Como todos los posibles imputados por esos graves crímenes ya fallecieron, la Secretaría solicitó que se realice un juicio por la verdad, como ocurrió recientemente con los hechos de la “Masacre de Napalpí” en Chaco de 1924".

Esta presentación se enmarca en una decisión de la Secretaría de Derechos Humanos de impulsar el reconocimiento de los delitos de lesa humanidad y la búsqueda de reparación en causas históricas, como las masacres indígenas de Napalpí (1924) y de Rincón Bomba (1947) y los Bombardeos a la Plaza de Mayo de 1955.

Los hechos

Una sucesión de huelgas obreras en la Patagonia de 1921 se organizó para conquistar mejoras salariales y en las condiciones de trabajo. Como toda respuesta, el presidente Hipólito Yrigoyen, envió una formación del Ejército y Gendarmería para poner fin al conflicto. En colaboración con civiles y empresarios, distintos destacamentos militares presionaron, persiguieron y atacaron a los peones.

Muchos de éstos, que se entregaron al Ejército desarmados, fueron fusilados en las estancias donde trabajaban, como “Anita” y “Bella Vista”, donde se cavaron fosas comunes para enterrarlos. Se produjeron cientos de detenciones, tratos brutales y torturas y se calcula que hasta 1500 huelguistas fueron asesinados.

Tras la masacre, un anarquista alemán de nombre Kurt Wilckens ultimó al comandante de las fuerzas federales que habían perpetrado la masacre, Héctor Benigno Varela. 

Frente a la incontestable responsabilidad estatal en la masacre, "la Secretaría de Derechos Humanos consideró que los delitos cometidos son crímenes de lesa humanidad y deben ser juzgados en el ámbito penal".