En los últimos días, el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba abrió un sumario administrativo contra la fiscal Jorgelina Gutiez y tres ayudantes fiscales por su presunta “negligencia” en el manejo de las denuncias presentadas entre 2023 y 2024 contra el femicida uruguayo y militante liberal y antifeminista, Pablo Laurta. El doble femicida de Luna Giardina y Mariel Zamudio fue recién detenido tras los crímenes cometidos en octubre de 2025 y actualmente permanece en prisión.
La investigación interna critica el grave incumplimiento de sus deberes funcionales y la falta de premura al no detectar los “parámetros de gravedad” en los reportes, permitiendo períodos de inactividad judicial de casi once meses. Estos reproches subrayan una inacción que impidió la protección adecuada de las víctimas, cuyas vidas fueron truncadas.
La controversia generada por el caso Laurta se agrava al considerar el historial de la fiscal Gutiez en causas de represión estatal, más precisamente en crímenes de Estado cometido por agentes de las fuerzas de seguridad contra ciudadanos cordobeses de barriadas populares.
La organización de la histórica Marcha de la Gorra en Córdoba la señala por su deliberada “complicidad con el Estado policial”, citando al menos cinco expedientes donde su accionar favoreció la impunidad. y por consiguiente. la repetición sistemática de este tipo de hechos.
La fiscal Jorgelina Esther Gutiez (Distrito 4, Turno 6) y los ayudantes fiscales Carlos José Ayrolo, Denisa Margot Díaz y María Cecilia Guzmán de Viale fueron sometidos a un sumario administrativo la semana pasada. La medida se tomó tras hallarse “elementos suficientes” que indican un ejercicio negligente e irresponsable en el cumplimiento de sus deberes funcionales.
Las acusaciones detallan una grave inactividad y omisión de medidas en la investigación que involucraba a las víctimas del doble femicidio, Mariel Zamudio y Luna Giardina.
El sumario administrativo detalla una serie de omisiones y negligencias graves que recaen sobre las funcionarias. A los ayudantes fiscales Ayrolo y Díaz se les reprocha, de manera central, una “inactividad judicial” alarmante de casi once meses (10 meses y 27 días) en la causa iniciada por Luna Giardina en octubre de 2023. Esta prolongada parálisis se vio agravada por la omisión de gravedad: no solo no impartieron las directivas necesarias, sino que no detectaron los “parámetros de gravedad” del caso ni le otorgaron la “prioridad de tratamiento urgente” que exigía la normativa vigente.
La fiscal Jorgelina Esther Gutiez, en su rol de directora de la investigación, es objeto de similares y adicionales reproches. Se le atribuye la falta de directivas al no haber dispuesto medidas de instrucción esenciales, además de haber omitido remitir las actuaciones al fuero especializado en Violencia de Género, pese a la naturaleza de los hechos. Esta falta de acción se reforzó en un hecho posterior, cuando se le critica no haber tomado la debida injerencia ni continuado la investigación cuando el imputado, Rodríguez Laurta, fue detenido en enero de 2024. A pesar de esto , Gutiez ordenó su libertad fijando solo algunas condiciones.
Finalmente, el sumario subraya la inobservancia de los deberes funcionales de la fiscal en materia de gestión procesal. Se indica que Gutiez habría incurrido en la omisión de acumulación de expedientes relacionados con el mismo caso, lo que impidió su tramitación conjunta y su envío al fuero penal específico. El expediente registra una inactividad final tras ser notificada de una nueva denuncia de Luna Giardina en febrero de 2025, momento a partir del cual la fiscal tampoco impartió directivas para avanzar con la investigación.
Entre los casos más resonantes se encuentra el asesinato de Ezequiel Castro en 2022, donde la fiscalía fue denunciada por la paralización de la causa aún con casi una treintena de imputados, y el sobreseimiento solicitado en 2017 para el policía Lucas Carranza por el asesinato de Rodrigo Sánchez, un fallo que fue revertido años más tarde por otra fiscalía.
Guillermo Castro, padre de Ezequiel, denunció a Enfant el año pasado que la familia solo tuvo acceso al expediente judicial de su hijo durante los primeros meses, siendo posteriormente negado. Relató que, en la única ocasión en que la fiscal Jorgelina Gutiez los recibió, les comentó que “no sentía la pérdida de Ezequiel”, porque ella nunca había perdido un hijo. Además, el padre afirmó que Gutiez les informó que las pruebas fílmicas confirmadas por los fiscales anteriores (Silvina Fernández y Gerardo Reyes), se encontraban, supuestamente, borradas.
Las acusaciones detallan que Gutiez habría cerrado causas clave, como el supuesto suicidio de Cristian Guevara en 2014 tras una brutal golpiza policial en la Comisaría N°19 del barrio Los Naranjos. Además, se la acusa de haber dejado sin imputación y en libertad a responsables del asesinato policial estatal de Güere Pellico ese mismo año.
En 2018, la fiscal confirmó la liberación del policía Erik Chamorro días después de que fusilara a Sergio David Menseguez, a pesar de la imputación por homicidio que pesaba sobre éste.
Este panorama de sistemática inacción y favorecimiento en casos de represión estatal coloca a la fiscalía bajo un escrutinio social y legal particular, aunque es una problemática compartida por otras funcionarias. Se recuerda, por ejemplo, el caso de la fiscal Liliana Copello, también conocida por dejar en libertad a uniformados sumariados por graves violaciones a los Derechos Humanos, como en los casos de Brian Guaiman y Chulo Calderón.
La apertura del sumario por el caso Laurta no puede percibirse como un hecho aislado, sino como un eslabón recurrente de una maquinaria de impunidad y complicidad.
El expediente administrativo busca establecer responsabilidades directas en el doble femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio. Sin embargo, de forma indirecta, esta acción reabre y da nueva visibilidad al debate sobre la actuación judicial en las muertes de Ezequiel Castro, Sergio David Menseguez, Rodrigo Sánchez, Güere Pellico y Cristian Guevara. Las familias de estas víctimas llevan años exigiendo respuestas a las negligencias de Gutiez sin haber sido tenidas en cuenta anteriormente.
Tuvo que suceder un doble femicidio atroz que alcanzó trascendencia nacional para que la Justicia finalmente se hiciera eco de una denuncia social que acumula pruebas y bronca desde hace una década.
Mientras Gutiez y los ayudantes fiscales tienen cinco días hábiles para presentar su descargo, un grupo de funcionarios judiciales realizó un acto público en solidaridad con los sumariados, en una acción que demuestra el abismo social que existe entre la sociedad y una parte de los funcionarios judiciales, más preocupados por aperturas de sumarios que por el correcto desempeño de sus funciones y las de sus superiores.
El Poder Judicial cordobés exhibe una vez más su inoperancia estructural y su responsabilidad insoslayable en distintos tipos de crímenes. Este accionar judicial es parte esencial de la perpetuación sistémica de violencias históricas que duelen a generaciones enteras de cordobeses y cordobesas.
Foto de portada: Julio Pereyra/Enfant Terrible.
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