Por: Bahía De Palma

Desde hace 19 años la Marcha de la Gorra denuncia la violencia policial que recae sobre vecinos de los barrios de Córdoba. La movilización que eleva los reclamos de familiares de víctimas de represión estatal regresa a la esquina de avenida Colón y Cañada, este jueves a las 18.

“Somos un aire de dignidad, de alegría y de rabia ante tanto territorio y cuerpo roto”, expresa la convocatoria impulsada por la mesa organizadora.

Desde hace casi dos décadas, parte de la comunidad cordobesa se agrupa detrás de un reclamo colectivo: el cese de la violencia policial que persigue, detiene, golpea, tortura, desaparece y mata a las y los jóvenes.

Actualmente, la denuncia que se replicó en diferentes puntos de todo el país, alude a “todas las formas de represión que despliega el aparato del Estado”, como femicidios, asesinatos y torturas bajo custodia, fusilamientos por gatillo fácil, violencia intrafamiliar, desapariciones en democracia y otros delitos policiales.

Además, las personas que impulsan la marcha, durante su larga trayectoria, elaboraron un sistema de seguimiento de las causas y advirtieron otro nudo del problema, el accionar judicial e institucional “que encubre al aparato policial y profundiza la violencia sobre las familias”.

En un contexto marcado por una fuerte avanzada contra los derechos humanos y el fortalecimiento de espacios políticos que fomentan la violencia, la desocupación, la precariedad de las vidas y los discursos de odio, la lucha antirrepresiva ocupa las calles para potenciar los lazos colectivos y la memoria.

En medio del ajuste planificado por el presidente Javier Milei y sus aliados políticos, familiares y organizaciones sociales insisten con que los problemas socieconómicos no se resuelven con políticas que amplían las facultades de las fuerzas policiales. “Aire en el destrozo”, es la consigna que reúne a diferentes sectores.

Tres gobernadores con las mismas prácticas represivas

En 2007, la Marcha de la Gorra salió a las calles por primera vez. Desde ese momento, la provincia pasó por las manos de tres gobernadores, Juan Schiaretti, José Manuel de la Sota y Martín Llaryora. También hubo cinco recambios presidenciales. “Todos los gobiernos sostuvieron prácticas represivas”, es la conclusión a la que arriban las familias de víctimas de violencia policial.

Entre tanto cambio de Gabinete, reemplazos de ministros en las múltiples gestiones, la organización colectiva generó sus frutos. Logró llevar a oficiales acusados de gatillo fácil al banquillo de los acusados, consiguió a través de una persistente presencia en los pasillos de tribunales que la Justicia de Córdoba reconociera la vulneración de derechos humanos en operativos de la fuerza y que los jóvenes asesinados sean considerados víctimas de violencia institucional.

“La cárcel y el encierro son tortura"

Según un informe que difunde la mesa organizadora, Córdoba es la provincia con más sobrepoblación penitenciaria. La sobreocupación del sistema penitenciario local alcanza alcanza 60%. En un espacio diseñado para 10 personas, se encuentran confinadas 14.

Además, figura como uno de los cuatro distritos con mayor aumento de población encarcelada. ·Entre 2014 y 2023 aumentó a más del doble. Los datos muestran que las situaciones de maltrato, tortura y asesinatos en contextos de encierro abundan.

Ezequiel Castro y César Moreno, son algunos de los casos más resonantes de las muertes intramuros. A estos se le suma los ataques contra Matías Mariño, que permanece en esta vegetativo luego de ser torturado en el Centro Pisco Asistencial. Además, entre las causas por falta de asistencia médica se encuentra Cintia Santamaría, quien perdió su embarazo a solo siete días del parto, luego de que le negaran la posibilidad de cumplir su condena de forma domiciliaria, pese a que atravesaba una gestación de riesgo.

La Marcha advierte que las condiciones dentro de las cárceles son deplorables, con celdas de 2 x 3 metros habitadas por más de 5 personas, 60 raciones son repartidas entre 100 internos, cortes de agua aleatorios durante el verano, restricciones para salir al patio.

En este contexto el acceso a la salud está totalmente vulnerado, con la interrupción de tratamiento de enfermedades crónicas, sobremedicación y el uso de chalecos farmacológicos y camas de sujeción -una práctica ilegal-.

Foto de portada: Julio Pereyra