El 17 de abril de 2024, Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación, declaró la emergencia penitenciaria nacional (Resolución 254/2024), bajo el argumento de que el Servicio Penitenciario Federal “alojaba a una cantidad de internos por encima de su capacidad operativa”, por lo que se “proyectaba un agravamiento del estado de cosas en los años subsiguientes”.

El pasado 14 de abril, a casi un año de la publicación del ministerio de Seguridad de Nación, la Legislatura de Córdoba, en un nuevo guiño a la Rosada en lo que respecta a políticas en materia de seguridad, aprobó la Ley 42.251 en adhesión a la mencionada resolución. Ésta solicita a los legisladores nacionales la construcción de un establecimiento carcelario federal en la provincia y la cancelación de deudas nacionales pendientes con Córdoba.

Debido a la falta de información pública sobre la normativa y los grises que hay en la documentación compartida por las autoridades provinciales y nacionales, Enfant dialogó con Adriana Revol, ex presa política en la última dictadura, actual referenta del Movimiento Anticarcelario cordobés e integrante de la Red de Derechos Humanos en Contextos de Encierro.
“Es probable que la adhesión solo sirva para copiarle el modelo represivo a Bullrich, quien quiere cárceles lo más deshumanizadas posibles, donde los privados de su libertad no tengan contacto entre ellos, se les prohíba estudiar o salir al patio más de una hora y donde las leyes y convenios internacionales sean letra muerta”, advierte Adriana.

Revol sostiene que la adhesión provincial a la emergencia carcelaria nacional debiera tender a la solución del hacinamiento, la sobrepoblación, las torturas, las muertes intramuros, y los malos tratos. Situaciones denunciadas en reiteradas oportunidades por la Comisión Nacional de Prevención de la Tortura (CNPT). Aunque, duda de esto debido a los últimos anuncios realizados por Provincia.

La adhesión de Córdoba se produjo dos semanas después de que el gobernador, Martin Llaryora, anunciara la reformulación de un proyecto de ampliación del Complejo Carcelario Nº1 “Reverendo Francisco Luchesse” (ubicado en Bouwer), para la construcción del Módulo de “máxima seguridad” denominado CEMAX.
“Los legisladores le firmaron a Llaryora un cheque en blanco. Nadie sabe de qué se trata la ley de Bullrich, ya que desconocemos el verdadero contenido, más allá de lo conocido”, advierte la entrevistada.

Según el Gobierno Provincial, en la proyectada unidad carcelaria se usará tecnología de última generación y hasta se implementará la inteligencia artificial para las medidas de seguridad del penal. La cual se utilizará para el control puertas adentro sobre las primeras mil personas privadas de su libertad.

La decisión de aplicar este tipo de tecnología en contextos de encierro se toma a pesar de las recomendaciones de la ONU que advierte sobre los riesgos asociados con el uso indebido o malicioso de los sistemas de IA y su impacto negativo en los derechos humanos. Y también en un contexto regional, donde los gobiernos junto a las fuerzas de seguridad empiezan a utilizar la IA para profundizar el control ciudadano, vulnerar el derecho a la protesta y lesionar derechos digitales.

¿Adhesión a una política carcelaria aún más represiva?

El proyecto aprobado en la unicameral cordobesa, presentado por el legislador del oficialismo, Miguel Siciliano, contempla “la situación actual del sistema penitenciario” en la provincia y “la necesidad de adoptar medidas urgentes, coordinadas y sostenidas para garantizar condiciones dignas de detención y resguardar la seguridad pública”.

Según los datos dados a conocer en el debate parlamentario, el Sistema Penitenciario de la provincia de Córdoba (SPC) alberga actualmente a más de 16 mil personas privadas de su libertad.

Lo que no se dijo en la conversación congresal es que, según el Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (informes 2021/2022), la capacidad de alojamiento en las distintas cárceles de Córdoba ronda entre las 10.409 y 10.914 plazas.

Por si no fuera poco, según presta la declaración web de la Legislatura cordobesa sobre la adhesión, “la población carcelaria viene en crecimiento, al punto de que este año aumentaría 28 por ciento”. Es decir, para fin de año, el oficialismo cordobés proyecta tener a más de 20 mil personas privadas de su libertad en complejos carcelarios provinciales que solo tienen plazas para exactamente la mitad.

Llama la atención que Provincia altere y reelabore un proyecto de ampliación de plazas carcelarias para la construcción de un penal de máxima seguridad, y, a pocos días, en un tratamiento casi exprés, la Legislatura apruebe la adhesión a la resolución de Bullrich, quien motiva la construcción -a lo Bukele- de este tipo de penales, ya en marcha también en otras provincias, como en el caso de Santa Fe.

La referenta anticarcelaria se pregunta si con esta adhesión, la provincia busca la garantía de fondos para el financiamiento de la construcción del anunciado nuevo penal o si es para garantizar condiciones dignas de detención. Sin embargo, no es lo que más le preocupa:

“Me pregunto qué régimen normativo usarán en esta nueva cárcel de máxima seguridad. Si el régimen que usan en el denunciado pabellón E3 en Cruz del Eje o cuál”.

En la unidad carcelaria de máxima seguridad de Cruz del Eje, Revol denuncia hace años, sistemáticas y graves violaciones a los derechos humanos de las personas privadas de su libertad, tales como: malos tratos y torturas, que consistían en falta de atención médica, sujeciones, limitaciones extremas para la higiene, comunicación y dispersión.

“Si no ha habido hasta ahora ni voluntad, ni presupuesto para mejorar las condiciones de las cárceles, ¿ahora en este contexto de ajuste lo van a garantizar?”, pregunta finalmente Adriana.

Fotografía de portada: GCBA.