El día de ayer, luego de dos semanas de largas audiencias y la presentación de 45 testigos, la Cámara del Crimen de los Tribunales Provinciales de Río Tercero decidió la absolución de Luciano Carnero, pese a que la mayoría de los testimonios, la nueva autopsia, la reconstrucción virtual y la investigación hecha por la fiscal, probaron que asesinó a Lucas Funes a 30 metros de distancia con dos disparos, realizados con su arma reglamentaria.

La fiscal Paula Bruera había pedido 4 años de prisión efectiva y 7 años de inhabilitación para ejercer como funcionario estatal tras imputarle el delito de “homicidio con exceso en sus funciones como agente público”.

“Le disparó cuando Lucas Funes estaba en huida, de espalda y sin confrontar al policía. Reitero que Carnero realizó dos disparos y uno le dió en el cráneo, hubo un exceso en su acción, en su conducta”, advirtió la funcionaria que investigó el hecho.

Ahora, la familia de Lucas analiza la posible apelación frente a la Cámara de Casación del Superior Tribunal de Justicia.

“Se nos burlaron en la cara. Lo que más me duele es que tuvimos que exhumar el cuerpo de mi hijo para que todo quede en la nada. Todas las pruebas indicaron que fue él quién mató a mi hijo y aún así los jueces fallaron favor del asesino”, expresó a Enfant Mónica Sosa, madre de la víctima.

Luego del asesinato de Lucas Funes en el año 2012, cuatro personas más fueron asesinadas por funcionarios de la Policía en Río Tercero. Ahora, el antecesor a esta serie de delitos fue librado de sus culpas, lo cual hace pensar, ¿cuál es el nuevo mensaje que le brinda el poder judicial a la Policía y a la sociedad con este incongruente fallo?

Una década de violencia estatal

Luego del asesinato de Lucas, la causa por su homicidio estuvo a cargo del fiscal Alejandro Carballo, quién no hizo mucho al respecto, a pesar del pedido de la familia de acelerar la investigación. Después de que se presentaran recursos de acusación, en el año 2014 la fiscal Andrea Heredia Hidalgo, a quienes familiares de víctimas de represión estatal en Río Tercero reconocen como "la mano derecha en la justicia" del asesino de Lucas, se hizo con el expediente. Al poco tiempo, decidió junto al juzgado de Control, el sobreseimiento de Carnero.

En este sentido, el abogado Alberto Veytes Monrry acudió a la Cámara del Crimen de Villa María, donde presentó una renovada carga probatoria contra el uniformado. Desde este espacio judicial, el fiscal Francisco Márquez dió la orden para que la justicia de Río Tercero hiciera una nueva revisión de la causa debido a la calidad de la prueba.

Recién cinco años más tarde, en el 2019, la causa ingresa a la Fiscalía de Instrucción de Río Tercero con el fin de proseguir con la postergada investigación.

Al cumplirse casi una década del crimen, en abril del 2022 la fiscal Paula Bruera, a cargo de la Fiscalía de Instrucción de Segunda Nominación y Primer Turno de Río Tercero, decidió realizar la citación a juicio para la causa, imputando a Luciano Carnero por "homicidio simple con exceso en el legítimo ejercicio de un cargo", cuya pena va de los 3 a los 6 años de prisión. Bruera sumó pruebas y hasta incorporó una reconstrucción virtual del hecho.

A pesar de este avance celebrado por la familia, la defensa del imputado apeló y la causa pasó al Juzgado de Control de Río Tercero, donde la jueza de Control, Sonia Pipi, decidió enviarla una vez más a la Cámara del Crimen de Villa María. Ante una nueva apelación, la causa llegó al Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, que a fines del año pasado aceptó la elevación a juicio, legitimando la investigación y la acusación de la fiscal Bruera.

Ni un caso aislado ni una sola institución

El caso de Lucas Funes marcó un antes y un después en Río Tercero, ya que la impunidad que reinó en su caso, avaló que otros integrantes de la fuerza cometieran hechos similares, a sabiendas de que el poder judicial daba vía libre. Por eso, un fallo contrario al realizado en la última década podía marcar un límite necesario, en una pequeña ciudad atravesada por la violencia policial y judicial contra las juventudes empobrecidas.

Cómo sabe decir Viviana Alegre, madre de Facundo Rivera Alegre, "la represión estatal no comienza con el policía disparando en la nuca a un pibe, ni finaliza con el pibe muerto". En este sentido, la familia Funes denuncia que sus hijos sufrían desde su temprana adolescencia el hostigamiento y la violencia policial, siendo detenidos en varias oportunidades por portación de rostro, merodeo y resistencia a la autoridad. Por eso, Sergio Funes, hermano de Lucas, le conoce la cara a cada uno de los policías testigos, ya que a menudo los amenazaban de muerte.

Tres meses antes del crimen de Lucas, una vecina de los Funes encontró una hoja cuya imagen consistía en dos oficiales mirando a un cementerio que tenía la leyenda: "no estés tan confiado, acá vas a terminar Lucas Funes". Antes de ello, la familia había sufrido un atentado en su casa con una bomba molotov, práctica característica de la policía local. Las amenazas a Sergio y su familia siguieron de manera recurrente luego del asesinato.

"Venimos con un hostigamiento policial de hace 15, 16 años. A mis hijos nunca los dejaron llegar al centro porque son 'negros de barrio', los criminalizaron desde muy jóvenes como 'delincuentes de frondosos antecedentes', cuando son ellos quienes los detenían por portación de rostro", advierte Mónica Sosa, madre de Lucas.

Afueras de Tribunales, jóvenes presentes acusan a la Policía de haberlos agarrados de noche en más de una oportunidad, desnudarlos, atarles una bolsa en la cabeza y hacerlos correr por un descampado, mientras les disparan a sus costados. Uno de ellos muestra una herida cerca de la rodilla, denuncia que un policía lo encañonó con un "escopetazo" luego de detenerlo.

Luego del crimen, en los barrios de la ciudad los uniformados amenazaban a las y los jóvenes con la siguiente frase: "No jodan porque van terminar como Lucas". Y esa suerte corrieron tres personas más en los años posteriores: Mirta Selva, Alejandro Villalón y Yamil Malizia.

Mirta Selva (50) y Alejandro Villalón (30), madre e hijo, fueron asesinados por los policías Ezequiel Vidaurre y Cristian Ahumada, quienes arrojaron una molotov contra su vivienda, provocando su fallecimiento, así como quemaduras en el cuerpo de las sobrevivientes, Nahuel (21), Lucia (12), y una amiga de la familia, Estefanía (22).

Los policías estuvieron dos años detenidos y en el juicio en su contra fueron absueltos por la justicia local. La familia espera un nuevo juicio, ya que en marzo del 2021, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) revocó aquel fallo y ordenó que se realizara un nuevo proceso judicial. A su vez, tras salir en libertad, Ezequiel Vidaurre fue nuevamente imputado por el crimen vial que cometió en estado de ebriedad contra el joven ciclista Aukha Bustos, en 2019.

Yamil Malizia, fue asesinado tras ser perseguido por cuatro móviles policiales mientras salía en su moto de un partido de fútbol en el barrio Media Luna. El joven fue arrinconado y no tuvo escapatoria que chocar de frente contra un vehículo. La justicia local determinó que fue un "accidente de tránsito" y la archivó.

La violencia policial no finalizaría de un día a otro por una posible condena a un Jefe, pero sí podía ayudar a romper con un cerco de impunidad muy grande del cuál muchos y muchas ya están absueltos. Si Carnero terminaba preso, sería un mensaje de que la impunidad no es para siempre y que la vida de un "negro de barrio" vale. Los jueces tenían la última palabra y no hicieron más que matar por segunda vez a Lucas.

"Lucas era un chico muy risueño, un chico alegre, le gustaba tener muchos amigos, le gustava la vida. En en ese entonces él estaba muy de novio. ¿Qué te puede decir? los maestros de la escuela todo lo querían. Era muy amable con la gente. Como madre cumplí con sentar en el banquillo a su asesino. Hoy yo soy su voz y digo: 'quiero justicia'", expresa Mónica.