
Tres femicidios en cuatro días en Córdoba: ¿Hasta cuándo?
Tres femicidios en cuatro días. Cinco en total en el 2025. Setenta y ocho en el país. 1 cada 28hr. Una problemática integral más compleja que sólo contar muertas.
En el cruce de las Rutas Nacionales 9 y 52 que tienen como destino los países Bolivia y Chile, respectivamente, se encuentra el corte de ruta más estratégico de los quince (15) que la Asamblea del Tercer Malón de la Paz sostiene desde el sábado 16 de junio en la localidad de Purmamarca, Jujuy.
Este es, a su vez, uno los cortes que más vio la embestida por parte de las fuerzas represivas, sobre todo al día siguiente de aprobarse la reforma en la Legislatura Provincial, el 17 de junio, cuando 200 efectivos del cuerpo de Infantería dispararon no menos de 500 balas de goma, gases lacrimógenos vencidos y bombas de estruendo sobre niñeces, jóvenes y abuelas.
En esa ocasión se vio un adelanto de la crudeza con que la Policía a cargo de Gerardo Morales actuaba, sobre todo con el caso Lian Misael Lamas, el adolescente de 17 años que perdió un ojo por un disparo de escopeta en el rostro, un modus operandi cuyo antecedente había sido visto en Chile, con el estallido social de 2019 que también exigía una nueva constitución. Las denuncias de disparos a la cara eran una novedad, ahora manifestarse era riesgo de perder la vista y así también lo comprobaron más adelante otras 3 víctimas del mismo accionar: Ernesto Aguirre, Jorge Rodríguez y Joel Paredes.
Ese día en Purmamarca, un total de 70 personas resultaron heridas y unas 17 fueron detenidas. Pero a pesar del despliegue brutal y del miedo que buscó generar, Gerardo Morales no logró despejar el paso y en lugar de dispersar, hizo que más personas se acercaran al corte, desde distintos puntos del país.
Las imágenes de ese día además generaron un revuelo nacional e internacional, ya que a los días siguientes la Corte Interamericana de Derechos Humanos perteneciente a la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) enviarían sus advertencias al Gobierno de Jujuy, tanto por el accionar de las fuerzas como por la inconstitucionalidad que legitima la criminalización del a protesta.
Al costado de la ruta en ese valle andino, algunas personas almuerzan guiso y sopa bajo una gran carpa blanca, a escondidas de un sol que desafía la llegada del invierno y otras intentan dormir la siesta cubriéndose con cartones. A unos cien metros a la derecha, una infinita fila de camioneros y automovilistas esperan ansiosos la apertura del paso cortado, durante no menos de seis horas.
Un hombre disfruta el plato de guiso mientras se sienta a conversar con las demás autoridades indígenas presentes. Su mirada denota cansancio, ya que hace días no duerme bien debido a la intensidad del tiempo que está viviendo, pero a la vez firmeza. Néstor Jeréz es cacique del Pueblo Ocloya, una comunidad ubicada en Las Capillas, a 22 kilómetros hacia el este de San Salvador de Jujuy. Son al menos 15 familias agricultoras que viven del trabajo de su tierra. Hace años vienen resistiendo intentos de desalojos ordenados por el Poder Judicial provincial a favor de la minera Piuquenes S.A., que intenta explotar uranio en dicha localidad, realidad que comparten la mayoría de las comunidades del Norte argentino.
Cuando se le pregunta cómo está, Néstor responde con una mueca pícara que provoca la tímida risa de quienes llegan a escucharlo: “Bien... bien perseguido se puede decir”. El humor es resistencia ante la crueldad imperante, un atisbo de la libertad para descontracturar la tensa situación: “Todos acá estamos amenazados. Desde el día de la represión tenemos comuneras que están escondidas en el monte, en los cerros, con mucho miedo, y bueno, no quieren salir porque nos están buscando a todos, mucho más a quienes somos autoridades. Desde que se juró la nueva constitución, comenzó la caza de comuneros”.
-Cuando el Gobernador en nombre de la “paz social” nos recibe con plomo y balas de goma, al mismo tiempo que infiltra policías con la tarea de quemar autos, saquear negocios, como nos indican nuestros registros y pruebas, con el objetivo de inculpar a los pueblos originarios, al pueblo jujeño, estigmatizándonos como “los violentos”, para luego justificar la supuesta necesidad de una reforma inconstitucional y también la brutal represión, pero como resultado tenés a gran parte de la población dándose cuenta de todo ese nefasto montaje y herida por la extrema violencia aplicada, a la ONU, CIDH y al mismo Presidente llamándote la atención, creo que es un objetivo no deseado para sus planes de poder.
“Quedó claro quién aplica la violencia. Y a raíz de eso hemos entendido que la lucha debe ser en Jujuy, por ende tenemos más de diez cortes de ruta en distintas localidades jujeñas como medidas de fuerza, para denunciar al Gobierno y exigir la nulidad de una Reforma sobre la cuál nunca se nos consultó”.
-El Tercer Malón de la Paz fue consensuado entre los Pueblos Originarios de la Provincia de Jujuy, Kolla, Guaraní, Ocloya, Qom, Tilián, Fiscarra, Omahuaca, Atacama, Chané, Quechua, Chicha y Chulupí cuando se decide el avance de una reforma inconstitucional expresa, que realmente viene a desalojar a las comunidades y saquear los territorios, como también a reducir los derechos de los trabajadores y de todo el pueblo jujeño y legalizar la violencia institucional, violar los derechos humanos y tratados internacionales.
“La reforma se está aplicando de manera ilegal y lo que hace es garantizar un marco legal a todas estas violencias”.
Al corte llegan delegaciones docentes, gremialistas estatales, agrupaciones gauchas e incluso obreros mineros del emprendimiento El Aguilar. También desde los autos que pasean turisteando tocan bocina en clara señal de apoyo a las comunidades. Se respira una solidaridad que las mismas comunidades reconocen como inédita en los últimos años. Néstor lo explica de la siguiente manera:
«Morales logró sin querer la unidad plurinacional de los pueblos, naciones indígenas, como así también conjuntamente con los movimientos gremiales, sociales y de derechos humanos. Ahora, abajo, la consigna “Arriba los salarios, abajo la reforma” logró articular los reclamos y estamos en conjunto, unidos por un salario digno, que es donde están nuestros docentes también de las comunidades, como así también contra la reforma inconstitucional que afecta el derecho del trabajador a la libre expresión, a reclamar un salario digno. Hoy está fortalecida esa unidad plurinacional y en ese sentido también ya el pueblo jujeño ha triunfado, porque la pelea trascendió a nivel internacional, a nivel mundial. Es un triunfo sobre los planes extranjeros y locales de saquear los territorios».
Por último, a través de este articulo, Néstor quiere dejar mensaje a los demás pueblos originarios del país: “los llamamos también a continuar en esta lucha que es de todos, porque realmente hoy están en riesgo estos bienes naturales y el territorio, que es donde estamos desde siempre. Somos la garantía de vida de toda la humanidad. Es una lucha de todos y a favor del Buen Vivir y de la Madre Tierra que nos da vida”.
Luego regar las calles y rutas de sangre, el 23 junio Gerardo Morales estaba en Palermo, Ciudad de Buenos Aires junto Horacio Rodríguez Larreta, donde se anunciaría la precandidatura de vice y presidente de cada uno, respectivamente. En una especie de premiación hacia su inhumanidad, Larreta apostó a Gerardo como representante de la “mano dura” para disputarle votos a Patricia Bullrich.
A entender del cacique, esta acción demostró, por un lado, que donde sea donde se encuentre el litio y los territorios donde se localiza, tienen un valor fundamental para los intereses económicos que gobiernan el país. Por otro, que la candidatura de Gerardo Morales significa “el modelo de país que quieren llevar a cabo a nivel nacional”.
Tres femicidios en cuatro días. Cinco en total en el 2025. Setenta y ocho en el país. 1 cada 28hr. Una problemática integral más compleja que sólo contar muertas.
El ex juez fue absuelto en el 2017, pero Casación ordenó revisar su caso. Hoy, el Tribunal Oral Federal Nº2 lo condenó por el delito de incumplimiento de sus deberes como funcionario público y abuso de autoridad. Aunque la fiscalía solicitó 7 años de mínima, la decisión por parte del Tribunal fue darle la condicional.
Las dosis están destinadas a niños y niñas de 6 a 24 meses de edad, gestantes, puérperas, personas entre los 2 y 64 años que tengan factores de riesgo y mayores 65 años, entre otros. Se aplicarán en los más de 800 vacunatorios de la provincia.