El 23 de junio comenzó nuevamente una fuerte militarización del Wallmapu, en particular, de la comuna de Arauco, sur de la Región del Bío-Bío, y la Provincia de Malleco, norte de la Región de la Araucanía, en Chile. Ante esta violenta y subordinante avanzada del gobierno de Piñera, el representante del Consejo de Todas Las Tierras, Aucán Huilcamán, denunció que militarizar la zona “viene a reinstalar lo que fueron los actos coercitivos militares en el contexto de la Pacificación de la Araucanía”, invisibilizando las causas que estructuran las tensiones y controversias entre el Estado Chileno y el Pueblo Mapuche

Por Mati Inti para Enfant Terrible

Aucán Huilcamán, representante del Consejo de Todas Las Tierras, publicó un video^[1] en la Revista de Frente donde afirma que las comunidades consideran “que la militarización es prácticamente el abandono del diálogo del gobierno del presidente Sebastián Piñera, y eso es un gran error, porque el diálogo no puede ser abandonado. Es la ruta, el medio para resolver cualquier tipo de sanción independientemente de su naturaleza.  Hemos visto que la pandemia del COVID-19 ha servido para militarizar el territorio del pueblo mapuche, y esto es verdaderamente preocupante porque es un acto contrario a la paz, es contrario a la convivencia aceptable, y es contrario a la búsqueda de soluciones estables que requiere la Araucanía, el Bío-Bío, donde están asentadas las comunidades mapuche”.

El martes pasado comenzó una nueva militarización de las zonas de resistencia Mapuche en las regiones del Bío-Bío y la Araucanía, como un nueva avanzada dirigida por el Gobierno de Sebastián Piñera, junto los ministros del Interior, Gonzalo Blumel, y de Defensa, Alberto Espina. La coyuntura política, con el Estado de Excepción de Catástrofe vigente hasta septiembre por la pandemia de Coronavirus, funciona como estrategia para fortalecer la militarización y represión del Wallmapu. Asimismo muestra la continuidad entre el genocidio, la ocupación de los territorios, el daño cultural a los pueblos indígenas, y la negación del derecho a la libre determinación que estructuran históricamente el accionar racista del Estado Chileno contra los Pueblos Originarios.

Cerrándose a un diálogo intercultural e interseccional, sosteniendo el argumento de "la seguridad en las rutas" basándose en una serie de montajes que se caen, y aprovechando la situación del Estado de Excepción, el ministro de Defensa Alberto Espina en una videoconferencia con Blumel y los jefes de las policías en la Araucanía y el Bío-Bío, afirmó que “las Fuerzas Armadas van a aumentar su personal y medios militares para fiscalizar e impedir estos ataques. No son aceptables estos actos delictuales y se hará el uso de la fuerza de acuerdo a la ley, porque nuestro deber es encarcelar a los violentistas y proteger a la ciudadanía”. Multiplicándose esta última semana los reportes sobre contingentes militares y policiales fuertemente armados que ingresan en los territorios de resistencia Mapuche, para reforzar el miedo en la zona, mantener a las comunidades subordinadas políticamente y a los autoridades tradicionales mapuches en prisión.

En este sentido, Werkén Noticias^[1] transmitía que el martes 23 de junio también comuneros y autoridades tradicionales mapuches llegaron al centro de la ciudad de Temuco con el fin entregar una carta, pidiendo por la libertad de los nueve presos políticos Mapuche condenados, que se encuentran en huelga de hambre desde mayo.

Esta huelga lleva ya 53 días, ocho de ellos se encuentran en Angol, Sergio Levinao, Victor Llanquileo, Fredy Marileo, Juan Queipul, Juan Calbucoy, Danilo Nahuelpi, Reinaldo Penchulef, Anthu Llanca; y el Machi Celestino Córdova en la Cárcel Temuco con un estado de salud que es crítico. Ante esto, la militarización y represión de las zonas de resistencias como accionar actual del Gobierno de Piñera, al igual que las políticas de los gobiernos de la ex concertación, entreteje el rechazo a las movilizaciones de diversas comunidades indígenas que demandan que sus Presos Políticos sean escuchadas por el Estado Chileno, reconociendo que existen 2000 presos políticos de la última Rebelión Popular de Octubre del 2019, y los asesinatos de una decena de comuneros mapuche, entre ellos Alex Lemún, Johnny Cariqueo, José Mendoza Collío, Matías Catrileo, Camilo Catrillanca, José Huenante, quien hasta el día de hoy se desconoce su paradero.

Las élites políticas y económicas de Chile no han variado mucho su forma de vincularse con los Pueblos Originarios preexistentes a la conformación del Estado Nación patriarcal capitalista moderno y colonial, que como agentes represores controlan relaciones desiguales de poder, propagan la expropiación, la integración subordinada y la represión como directrices que delimitan el accionar político del Estado actual.

Si bien se ha modificado parcialmente el discurso racista dominante en el siglo XIX, prevalece una misma visión folklorizada, racializada y esencializada respecto de la “cuestión” indígena. La decisión del Gobierno de trasladar las fuerzas armadas a zonas de resistencia Mapuche manifiesta el estrepitoso fracaso de los tímidos intentos por establecer un diálogo intercultural con los Pueblos Originarios. La Pacificación de la Araucanía, al igual que la Conquista del Desierto, fue una guerra que invadió e intentó aniquilar, y subyugar, estos territorios desde 1861, sin embargo hoy, en el siglo XXI, la conquista, intrusión y militarización continúan legitimando la impunidad del accionar policial y militar en nuestro Wallmapu, tanto en Chile como en Argentina, donde continúa el avasallamiento histórico contra las poblaciones indígenas.