Comunidad indígena Pluma Blanca: una audiencia para revertir el desalojo

Mañana desde las 10:30 se realizará en la localidad de Jesús María una audiencia pública ante el Juzgado de 1º Instancia para exponer las contradicciones del pedido de desalojo a la comunidad comechingona Pluma Blanca. Hablamos con Natalia Bilbao, abogada defensora de la comunidad, sobre los objetivos de la audiencia y las contradicciones de aplicación de las normas jurídicas coloniales en estos casos. “El autorreconocimiento identitario no está sujeto a plazos administrativos o judiciales”.

Por Redacción Enfant Terrible |

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Carlos López, Nawán de la Comunidad Pluma Blanca, nacido y criado en el monte que rodea el río Chavascate, entre Candonga y El Manzano, en Sierras Chicas. Foto: archivo Prensa Comunitaria de Córdoba.

El día de mañana se realizará en Jesús María una audiencia pública solicitada por la Comunidad indígena comechingona Pluma Blanca ante el Juzgado de 1º Instancia y 1º Nominación Civil, Comercial, Conciliación y Familia, para buscar que se suspenda la orden de desalojo que pesa sobre la familia López, que vive hace décadas en la comuna El Manzano (Sierras Chicas), camino a Candonga.

En la convocatoria, desde la comunidad llaman a las 10:30 al conjunto de la sociedad para acompañar el proceso y mostrar apoyo hacia la familia que viene sufriendo una serie de ataques hacia su integridad y propiedad comunitaria, ésta última amenazada por intereses económicos de personajes reconocidos por llevar adelante emprendimientos inmobiliarios como barrios cerrados y canteras.

Hasta la fecha se han cumplido 4 años del proceso judicial. Mientras tanto han ocurrido hechos de violencia que afectan a Pluma Blanca, desde la matanza de animales de subsistencia, el acoso y violación hacia las mujeres de la comunidad. Llegaron a hallar explosivos dentro de su casa.

En diálogo con Enfant Terrible, la abogada de la comunidad indígena, Natalia Bilbao Carmona, explicó que llegan a esta instancia “por un juicio de reivindicación iniciada en 2015 por Luis Ernesto Remonda, quien era título registral y este año cedió los derechos litigiosos del juicio. La comunidad se fue trasladando dentro del territorio y cerca del 2010 se instaló en la Casa del Niño del padre Aguilera, donde hoy se encuentra, pero hace más de 40 años que están ahí, por lo que invocan ese argumento como defensa”.

Avanza la causa y en mayo del 2020 el recurso interpuesto para legitimar su estadía territorial es rechazada, haciendo lugar a la reivindicación de Remonda y dando lugar al desalojo. “En ese entonces la defensa estaba a cargo de un abogado que hoy está denunciado e imputado por estafa, dejó vencer los plazos y renunció a la representación, lo cual implicó la pérdida de la instancia de revisión de la sentencia en la Cámara de Apelaciones”.

En abril de este año, Remonda cede los derechos a Roberto Oscar Vettorazzi y José Luis Strasorier, este último quien “casualmente le había vendido la propiedad a Remonda, osea que hay un pasa manos de titularidad y una cierta sociedad en relación a los negocios que tienen pensados desarrollar en ese territorio” explicó Natalia.

Foto: archivo Prensa Comunitaria de Córdoba.

Ahora las instancias de presentación se han reactivado, con Natalia como nueva abogada de la comunidad, quien continuó explicando que se ha invocado en varias oportunidades la aplicación de la Ley 26.160 que determina la Emergencia Territorial Indígena y ordena suspender los procesos de desalojo, hasta que lleve el relevamiento territorial por el INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas).

Sin embargo, el Tribunal rechaza la aplicación de Ley argumentando que la cuestión de pertenecer a una comunidad indígena no fue presentada antes o durante del inicio del proceso de desalojo.

“El juez actual entiende que aplicar esta ley ahora corresponde al principio de preclusión, es decir que no se puede volver hacia atrás. Esta cuestión es desacertada, porque los tiempos para el autorreconocimiento identitario no está sujeto a plazos administrativos o judiciales. De hecho el INAI está trabajando con la comunidad, la semana pasada estuvieron relevando el territorio y haciendo inspecciones de la personería jurídica”.

Una contradicción fuerte que remarca Natalia tiene que ver con el reconocimiento preexistente que hace la Constitución Nacional sobre los Pueblos Indígenas y los tratados internacionales a los que adhiere, “esto hace que el derecho que conforma el Estado-Nación moderno entre en colisión, porque los reconoce como anteriores pero luego les aplicas un derecho que restringe sus facultades más propias y que les es ajeno, porque estaban antes de las normas jurídicas”. Esta es una de las aristas que en la audiencia buscará ponerse en evidencia, “más allá de otras aristas como el impacto socioambiental y arqueológico en el territorio” indicó Bilbao.

El objetivo último luego de la audiencia será volver a pedir al juez que suspenda el desalojo, para poder seguir tramitando las vías procesales pertinentes, a los fines de tratar de revertir y revisar lo que no se pudo revisar oportunamente en esa sentencia.

Foto: archivo Prensa Comunitaria de Córdoba.

Negocios turbios

Tanto Luis Ernesto Remonda (miembro de la familia fundadora del diario cordobés La Voz del Interior), como Roberto Oscar Vettorazzi y José Luis Strasorier, son conocidos por tener canteras y barrios privados en la zona. Pero se caracterizan más por no mostrarse, ocultándose detrás de Sociedad Anónimas (SA) y Sociedades de Responsabilidad Limitada (SRL). Sin embargo son nombres que giran desde el principio alrededor de la problemática.

De hecho, detrás del territorio ancestral de Pluma Blanca se encuentra el barrio cerrado de Candonga, propiedad de Remonda, quien también ha sido denunciando múltiples veces por mujeres de la comunidad por abusos y violaciones, hechos por lo que ha intervenido el Ministerio de Mujeres de la Nación.

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Redacción Enfant Terrible

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