Desde la última dictadura cívico militar que las universidades públicas no corrían peligro de cierre. El Gobierno Nacional decidió no renovar el presupuesto asignado para el 2023 con los aumentos que corresponderían -teniendo en cuenta el 250% de inflación anual- y las altas casas de estudio (57 en todo el país) se declararon en "estado de emergencia económica".

A pesar de los reclamos encabezados por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el cuál reúne a todos los rectores y rectoras de universidades públicas, el Secretario de Educación, Carlos Torrendell, aún no dio indicios de una posible solución.

Por ahora, por lo que se sabe, las universidades funcionarán con el presupuesto del 2023, con el que llegarían a cubrir los gastos hasta el mes de mayo. De ahí en más, todo es incierto.

A su vez, Sandra Pettovello, Ministra de Capital Humano, frenó la creación -asentada en leyes sancionadas en 2023- de cinco nuevas universidades públicas nacionales: Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, Universidad de Río Tercero, Universidad del Delta, Universidad de Ezeiza y Universidad de Pilar. Esta medida, realizada a través de una resolución ministerial, no elimina a las altas casas de estudio, pero sí frena su comienzo, es decir, paraliza su función.

Atentar contra el conocimiento soberano

El CONICET y la Agencia de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (actualmente acéfala) están sin presupuesto, lo que evidencia una decisión política de vulnerar al 80% de las investigaciones científicas que se realizan en el territorio nacional. La producción de conocimiento soberano sufre así su mayor ajuste en las últimas décadas.

"Ahogar económicamente a las Universidades es reducir su capacidad para implementar políticas que permitan acceder a la educación superior a miles de estudiantes de familias sin recursos y sin historia en la Universidad", expresa a Enfant Leticia Medina, secretaria adjunta de Adiuc (Asociación de Docentes e Investigadores Universitarios de Córdoba).

Desde el Gobierno Nacional entienden a las universidades como un "curro". Sin embargo, sólo se les asigna un 2.6% del presupuesto total. A su vez, a quiénes responsabiliza Javier Milei de hacer "negocio" con la educación es a los propios docentes y sus gremios, nucleados en su mayoría en el Frente Sindical Universitario, el cual rechazó el 6%de aumento ofrecido por el Gobierno Nacional. Aún no hay nueva propuesta oficial, por lo que las paritarias están suspendidas.

"También implica limitar las actividades de investigación, extensión y transferencia con las que la Universidad acompaña procesos de desarrollo a nivel local y nacional, o genera soluciones para problemas sociales de diverso tipo. Y obviamente que el ajuste impacta también en la calidad de la enseñanza, si el trabajo docente se precariza, los equipamientos no se pueden actualizar y la infraestructura se deteriora", denuncia Medina.