En Río Tercero, la misma ciudad que fue víctima de las explosiones de la Fábrica Militar en 1995 que dejó 7 muertos, 300 heridas y daños incalculables a los hogares, fue noticia otra vez tras registrarse escapes de ácido nítrico. Por ahora, la instalación ha sido clausurada, según informó el intendente Marcos Ferrer (UCR).

En este episodio, la alerta la despertó la percepción de riesgo de un gas naranja pero la actividad fabril en Río Tercero la compone un polo industrial mucho más grande que la FM, la cual comparte instalaciones con la Petroquímica de Río Tercero, manipulando y trasladando toneladas diarias de ácido nítrico. Además, en esta última instalación también se produce Fosgeno, insumo altamente tóxico que ha provocado hospitalizaciones de operarios en distintas ocasiones.

Según lo especificó el informe de los colegas de Sala de Prensa Ambiental, en 2018 ocurrieron 4 incidentes en 32 días, tanto en las instalaciones de la FM, como en la Fábrica Petroquímica. En 2007 también se registraron dos muertes por la inhalación de fosgeno.

Próximo a estas instalaciones se encuentra la fábrica de Atanor, compañía privada del Grupo Albaugh, una de las empresas más reconocidas a nivel nacional en la producción de agrotóxicos (herbicidas, fungicidas, insecticidas y reguladores de crecimiento), con productos en su lista como el Glifosato, Atrazina y Dicamba. Desde julio de 2021 en Argentina se prohibió la comercialización y uso de 2,4D por altamente nocivo, fitosanitario que también se elaboraba en la fábrica de Atanor.

La situación se complica aún más cuando se observa cómo ha continuado urbanizándose alrededor de este polo industrial, producto de la ausencia de ordenamiento territorial y urbano, que también visibiliza la ausencia de regulación sobre las fábricas. Es decir, dentro de las plantas se manipulan sustancias letales, pero su no evaluación no permite verificar los impactos sobre la salud y el ambiente, por ende no se puede prevenir un ordenamiento en función de proteger a la población.

La actividad fabril en Río Tercero ha consumido la calidad de vida en materia ambiental. A pesar de los antecedentes desastrosos las empresas continúan operando de manera impune, poniendo en riesgo a sus trabajadores puertas adentro, como a la población en general hacia afuera. Lo cierto también es que se ha consolidado un vínculo en torno a lo laboral y lo social con respecto a las fábricas, por ende su traslado impactaría también en este sentido.

De todos modos, la Secretaría de Ambiente de la Provincia actualmente a cargo de Juan Carlos Scotto (quien de hecho tiene domicilio en Río Tercero), no ha mostrado interés por evaluar alguno de estos impactos. Por el contrario, desde su rol ha legitimado la actividad industrial en la localidad.