La semana pasada, el conjunto de organizaciones empresarias de la provincia de Córdoba denominado «Grupo de los 6» criticó, a través un comunicado de prensa, un fallo emitido por la Cámara de Acusación en el cual absolvió a seis dirigentes organizaciones políticas y sindicales que realizaron una «Marcha Contra el Hambre» el 5 de abril de 2023.

Aquel día, la movilización se llevó a cabo en Colón y General Paz, y llegó a concentrar a más de 10.000 personas, realizando un corte en pleno centro de la ciudad Capital, entre las 12,30 y las 13,15 horas. Por este hecho, el fiscal Ernesto de Aragón, con actuación de la Fiscalía General, realizó imputaciones por los delitos de desobediencia a la autoridad y por impedimento u obstrucción de transporte o servicios públicos.

La causa luego fue elevada a juicio por la jueza de Control, Anahí Hampartzounián, aunque sólo tuvo en cuenta la imputación por el delito de obstrucción del transporte, mientras que descartó la desobediencia. Finalmente, el tribunal analizó el caso y consideró que el corte se llevó a cabo de manera "tolerable", ya que no se registraron hechos que lleguen a considerar la protesta como delito, y las y los dirigentes fueron absueltos.

Las entidades empresarias Bolsa de Comercio, la Cámara de Comercio, la Cámara de Comercio Exterior, la Cámara Argentina de la Construcción (Delegación Córdoba), la Federación Comercial y la Unión Industrial, no se mostraron contentas con la decisión del tribunal y consideraron que "envían una señal equívoca a la sociedad, al privilegiar el derecho a la protesta por encima de otros derechos igualmente consagrados por la Constitución, como el derecho a trabajar, a circular libremente y a comerciar sin restricciones".

La respuesta de la CTA-Autónoma de Córdoba

La delegación provincial de la central sindical cuestionó la actitud empresaria por su posición «mano dura» frente a la protesta social, en línea con la política represiva de Nación que mantiene la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Cabe recordar que el titular de la CTA-A de Córdoba es Federico Giuliani, quien fue imputado y ya sobreseído en esta causa.

"'No se pueden tolerar' estas medidas, afirma el bloque económico dominante metiendo presión al poder político y judicial para que se profundice la criminalización de los que reclaman respuestas a las demandas populares", expresó la central.

Además, cuestionó que "junto a la Fundación Mediterránea imponen la línea de pensamiento y acción que la clase política gobernante -desde que retornó la democracia en 1983- sigue al pie de la letra para garantizar el modelo de desarrollo extractivista al servicio del agronegocio en la provincia".

En otro punto, cuestiona que el G6 defiende "la libertad de comercio y de las patronales para acumular riqueza a costa de la explotación de los trabajadores, sembrando pobreza y miseria a su paso"; mientras que "nosotros defendemos la libertad de nuestro pueblo para vivir con dignidad y justicia. Y denunciamos las decisiones que toman los verdaderos dueños de la provincia y que afectan directamente la vida y el bienestar de los trabajadores y de los más humildes", añadieron.

Finalmente, plantearon: "Es nuestro deber defender derechos como el de la protesta que está amparado en la Constitución Nacional. Nos vemos en las calles".