Prestadores de discapacidad, trabajadores de la salud y personas con discapacidad nucleadas en la Asamblea de discapacidad y Derechos Humanos regional-Córdoba, realizaron hoy una importante movilización desde APROSS (Administración Provincial del Seguro de Salud) hasta el Patio Olmos.

En un comunicado público, desde la Asamblea expresaron que se necesita mejorar las condiciones básicas de sostenimiento del sistema de inclusión para garantizar los derechos de las personas con discapacidad.

Entre las principales demandas se encuentran la desburocratización de todos los procesos administrativos que, a su entender, “no hacen otra cosa que deteriorar los servicios y paradójicamente generar inaccesibilidad”.

Desde la Asamblea también sostienen que las prestaciones deben ser acordes a la inflación y sin dilaciones. Asimismo, exigen que todas las terapias deben ser incluidas en el nomenclador, como también que se debe cumplir con el cupo laboral para personas con discapacidad, según estipula la Ley 22.431.

Entre el ajuste y la precarización

Debido a las demoras en los pagos, la precarización laboral y el ajuste financiero en el sector, cientos de personas salieron a movilizar en la capital cordobesa para obtener respuestas de los gobiernos provincial, nacional y también las obras sociales.

En el caso de las prestaciones en Discapacidad, la mayoría continúa sin recibir el pago completo de los honorarios correspondientes al primer trimestre de 2023 y todavía existen casos en los que aún no se les abonan las prestaciones del 2022. Esto inevitablemente genera la suspensión de dichos servicios, debido a los gastos que conllevan los tratamientos correspondientes.

El especialista en Gestión de Servicios para Discapacidad y trabajador de un Centro Educativo y Terapéutico para personas con discapacidad Federico Galíndez, en diálogo con Enfant, criticó el sistema de prestaciones en su totalidad y planteó que: “La demanda principal consiste en cómo se puede mejorar el tratamiento para las personas con discapacidad, y a su vez discutir cómo se autorizan las prestaciones, qué tiempos burocráticos tienen para autorizar un tratamiento y después cómo se pagan”.

El asambleísta acusa a los financiadores y los Estados por ser los responsables de brindar las coberturas que luego demoran meses en autorizar, con montos que inexorablemente quedan retrasados respecto al aumento de la inflación “ya que no reflejan los costos de vida ni de los tratamientos”.

“Si no hay quien brinde tratamiento, la persona con discapacidad queda totalmente vulnerabilizada. Es como un círculo vicioso que se ha armado en los últimos diez años, donde el sistema se va desfinanciando y prestadores y pacientes estamos en condiciones cada vez más precarias” cuestión Galíndez.

Irresponsabilidades compartidas

La financiación del sector de discapacidad depende tanto del Estado Nacional como del Estado provincial. El Ministerio de Economía de la Nación junto a la Superintendencia de Servicios de Salud y la Agencia Nacional de Discapacidad son quienes tienen la potestad, por ejemplo, de establecer los aranceles.

En este sentido, Galíndez, sostiene que lo anterior también es un gran problema para las prestaciones: “Es el Estado el que te dice: ‘vos tenés que pagar esto para las cargas sociales, esto para los costos del monotributo para un profesional independiente, y esto para los sueldos’. Entonces cuando aumentan los aranceles, esas subas no reflejan todos esos costos que ellos mismos establecen. De alguna manera somos prisioneros de un sistema que desfinancian los mismos gobiernos que a su vez son los responsables de la inflación, y también de la vulneración de los derechos laborales, los derechos a una salud justa, los derechos de las personas con discapacidad”.

Con respecto al Gobierno Provincial y su APROSS, la Asamblea de Discapacidad mantiene un diálogo resquebrajado. Si bien existe una mesa de trabajo entre ambos espacios, desde el primero momento denuncian que el Estado promete y no cumple:

“Apross anuncia ‘importantes aumentos’ cuando en realidad son subas que siguen por debajo, no sólo de la inflación sino, también de los mismos aranceles que determina Nación. Es decir, te paga $1,5 y te aumenta a $4, pero los costos son $10. No son aumentos reales” acusa Galíndez, y continúa: “Nos prometieron que iban a cumplir con pagarnos lo que nos deben hace 60, 90 días, del 1 al 5 de cada mes. Y el mes pasado nos pagaron después del 23. Cuando los llamás o buscás, nunca están. No hay operatividad, hay incumplimiento”.

“La discapacidad está oculta”

A entender de Federico, la mayor dificultad en el sector de la discapacidad es la invisibilidad, propio de una sistema financiero y general capacitista: “La discapacidad está oculta, no quieren que la veamos, la ponen como abajo de una alfombra, para que no se vea y lo que nosotros intentamos al salir a marchar es que se ponga en discusión”.

El valor de una Pensión No Contributiva (PNC) por Invalidez, según ANSES, es de tan solo $ 49.672,04. Con respecto a ello, Federico sostiene que la financiación de las pensiones y de gran parte del sector “se realiza con un fondo al cual todos los trabajadores aportan (cuando pagan sus cargas sociales). Un pequeño porcentaje de esto va a parar a un Fondo Solidario de redistribución, para que las obras sociales chicas puedan afrontar los costos de estos tratamientos caros para personas con discapacidad. El problema es que las grandes obras sociales quieren quedarse con ese fondo y no destinarlo a discapacidad, justamente”.