Ayer por la tarde, el intendente Daniel Passerini le pidió la renuncia a todo su gabinete, desde secretarios hasta subsecretarios y directores generales de entes entes descentralizados (Tamse, COyS, Cormecor, el Ente de Fiscalización, Bio Córdoba). Se trata de más de 500 funcionarios públicos que quedaron en medio de una "reestructuración".

El sacudón sucede en un momento donde la gestión municipal afronta diferentes problemáticas como la creciente inseguridad, el transporte público, la gestión de residuos, demanda de alimentos y asistencia social, y las dificultades en las instituciones públicas de salud que reclaman sus trabajadores.

Hablando de reclamos, el sindicato de municipales (Suoem) inauguró esta semana con un plan de lucha por los reclamos que la conducción de Rubén Daniele le hace al oficialismo, debido al congelamiento de los salarios y una reestructuración laboral en marcha a la que consideran "ilegal".

El listado de problemas se agrava con la crisis financiera por la baja recaudación de impuestos municipales y la falta de fondos enviados por el Gobierno Nacional, más el peso de la deuda contraída en 2016 por el ex intendente Mestre, que aún no se termina de pagar.

En este marco, según diferentes portales, el gobernador Martín Llaryora intervendría en favor de la administración municipal con fondos, pero para eso sería necesario poner a una persona de confianza en Finanzas para que controle los números. Se trata de Matías Vicente, hombre de confianza del ministro de Economía y del riñón llaryorista, Guillermo Acosta.

La Municipalidad de Córdoba es el distrito que catapultó a Llaryora hacia el Panal, por lo que una actual mala gestión podría afectar la imagen positiva del Partido Cordobés a nivel provincial -más aún en período electoral-, teniendo en cuenta las aspiraciones de reelección del actual gobernador.