Organizaciones de Pueblos Originarios, de DDHH, ambientales, sociales y políticas convocan a movilizar hoy desde Colón y Jujuy bajo la consigna “A 47 Años del Apagón y a 40 años de la Marcha histórica del Apagón en Calilegua-Libertador San Martín” y por “por el triunfo del pueblo jujeño”, en sintonía con el “ruidazo nacional” que se realizará en distintas provincias del país, convocado por organizaciones multisectoriales.

Las organizaciones convocantes también movilizarán en apoyo al reclamo salarial docente y se sumarán al pedido de nulidad de la Constitución vigente en Jujuy, que no sólo profundizó el reclamo paritario, sino que lo unificó a las comunidades originarias que ven afectadas sus propiedades comunitarias, mientras se criminaliza la protesta callejera, razón por la que en la provincia vienen sucediendo judicializaciones y detenciones en la provincia.

La noche de los apagones

Entre el 20 y 27 de julio de 1976, la empresa azucarera Ledesma programó -junto a la cúpula militar jujeña- cortes de luz en la ciudad Libertador General San Martín, facilitando el secuestro de al menos 400 personas, de las cuales 33 continúan desaparecidas, siendo la gran mayoría trabajadores del ingenio.

En dicho operativo, la firma dispuso información privada de los obreros y también distintos vehículos que fueron usados por los militares para ejecutar el plan represivo. Los secuestrados, entre los que había también docentes rurales y sindicalistas, fueron trasladados hacia el Centro Clandestino de Detención y Exterminio de la localidad de Guerrero, donde fueron torturados y mantenidos en cautiverio.

Pese a la comprobada responsabilidad empresarial en el operativo represivo, Carlos Blaquier, dueño de Ledesma, falleció este año sin ser juzgado por su responsabilidad en los crímenes de lesa humanidad, convirtiéndose en un ícono de la demora y la impunidad judicial.

Blaquier y el administrador del ingenio, Alberto Lemos, fueron procesados por los secuestros de julio de 1976 y las privaciones ilegales de la libertad que se sucedieron en los primeros días del golpe. Entre las víctimas se encuentra el exintendente de Gral San Martín y también médico, Luis Arédez. Su esposa, Olga Márquez, fue emblema de la denuncia a Ledesma, realizando la primera marcha en pedido de justicia por las víctimas en 1983. Desde entonces, todos los años se lleva a cabo una movilización en conmemoración a los desaparecidos y en exigencia de justicia y reparación.

La luz no vuelve

A 47 años de los apagones de Ledesma, Jujuy vive un clima social y político caldeado donde se encuentran suspendidas las libertades democráticas. De hecho, hoy se cumple un mes de la feroz represión llevada a cabo por la Policía de Morales sobre los manifestantes que protestaban contra la nueva Carta Magna, en San Salvador de Jujuy, donde las imágenes de aquel día llegaron hasta los organismos internacionales.

El virtual estado de sitio que se vive en la provincia trae a la memoria los tiempos donde imperó la dictadura cívico-militar, con policías secuestrando personas en camionetas de empresas privadas que mantienen negocios con el gobierno, exhibiendo, una vez más, una responsabilidad compartida entre las fuerzas de seguridad y la clase política-empresarial dominante en Jujuy.

“En nombre del litio”

Por otro lado, mañana viernes 21 de julio en el Centro Cultural La Piojera (Av. Colón 1559) a las 19:30 horas, con entrada a la gorra, se llevará a cabo el ciclo de cine y actividades “Abajo la reforma, arriba los derechos”. En esta primera proyección se visualizará el documental “En nombre del litio” (2021), dirigido por Cristian Cartier y Martin Longo. El audiovisual exhibe la lucha de las comunidades indígenas de las Salinas de Jujuy, donde se encuentran una de las mayores reservas de litio del mundo. La actividad es organizada por la Comunidad Malonera de Córdoba y el Foro por la Libertad, la Democracia y los Derechos Humanos.

Luego del film habrá una charla debate donde la comunidad malonera “ahondará en las diversas luchas que actualmente encabezan las comunidades originarias en Jujuy y trabajadorxs de la educación contra las políticas extractivistas, racistas, empobrecedoras y antidemocráticas”.

El dinero recaudado será destinado a solventar los gastos de la actividad y el resto será destinado a los fondos de la lucha del 3er Malón de La Paz.

“Desde las voces de los propios protagonistas se muestra el panorama de las comunidades en Jujuy: no son tenidas en cuenta en la toma de decisiones, ni en las ganancias de la explotación. Y los intereses político-económicos, nacionales e internacionales, son cada vez más feroces. Cuando la colonización de sus salinas parece inevitable, las comunidades se organizan y pelean para defender el agua y sus territorios”, expresan desde la organización.