Ayer se reanudaron las movilizaciones con paro, en distintos puntos de la Provincia de Córdoba como Capital, Río Tercero y Villa Dolores, debido a las demoras de pagos, precarización y ajuste en el área de discapacidad. La jornada estaba programada para el pasado viernes 29, pero debió ser pospuesta tras el intento de magnicidio a Cristina Kirchner y sus todavía importantes repercusiones.

La movilización fue masiva, asistieron al menos 10mil personas, y vino a continuar lo que inició el pasado lunes 29/08, cuando se realizaron concentraciones en Córdoba frente al Patio Olmos y se instaló la carpa del Colectivo de Discapacidad instalada en Buenos Aires frente a Casa Rosada. Lxs prestadorxs, personas con discapacidad y familiares que se solidarizan, reclaman por la retención desde hace 4 meses en los pagos de las prestaciones, lo que a su vez afecta la continuidad de los tratamientos, ya que se interrumpen las terapias y corroen los vínculos.

“El sistema de prestaciones sólo beneficia a unos pocos”

A raíz de este contexto, la Mesa de Discapacidad y Derechos Humanos de Córdoba integrada por personas con discapacidad y profesionales del área, en un comunicado titulado "¿Qué reclamamos cuando reclamamos?", en la versión de lenguaje sencillo del texto plantea la necesidad de “discutir el fondo” la actual situación, ya que “las personas con discapacidad seguimos sin acceder a las prestaciones”. Debido a “muchos trámites difíciles, no todo/as estamos en las mismas condiciones de acceso, muy pocos se siguen enriqueciendo con la discapacidad” expresan, y cuestionan que el actual sistema de prestaciones beneficia sólo a una minoría.

A su vez, desde la misma Mesa apuntan al Gobierno Nacional y la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) quienes “quieren cambiar la Ley 22.431” pero critican que, por el contrario, no se revise la Ley 24.901 de Sistema de Prestaciones Básicas y plantean que al no priorizar el sistema de prestaciones, se dejan por fuera las demandas de las personas con discapacidad, tal como pasa con “muchas discusiones que tienen que ver con nuestras vidas”. Por último, expresaron su apoyo hacia personal agregando que además “hay muchas prestaciones que no se cubren ni se brindan. Las personas con discapacidad no podemos elegir quienes sean esas personas que nos acompañan ni nuestros apoyos”.

Paradigmas legislativos y cambios urgentes:

La semana pasada, APADIM Córdoba se había referido el "tironeo" entre el Estado y las obras sociales, que terminaba dilatando los tiempos de pagos, afectando a su vez los servicios que brinda. Según explicó Julia Libertad, integrante de la Asamblea de trabajadores de inclusión en la Asamblea Discapacidad Regional Córdoba, en diálogo con Enfant Terrible, este tironeo se gestaría entre las obras sociales y la Andis que “si bien responde políticamente al Estado, es una agencia que funciona con cierta autonomía”. En ese sentido, la Andis es la encargada de transferir los fondos a través de la Superintendencia a las obras sociales, que a su vez envían la facturación a la AFIP, desde donde se bajan los pagos:

“En este momento, Superintendencia dice que enviaron los fondos, pero las obras sociales dicen que no. Ahora nos mandaron un enlace para que volvamos a cargar toda la facturación, pero no recibimos los pagos. Hemos recibido pagos parciales y corroborado que las obras sociales no han estado cargando las facturas a la Superintendencia”.

Además de la cuestión salarial, sumamente frágil e inestable debido a la inflación, en los últimos 6 años el sector viene sufriendo un importante vaciamiento que ataca de manera directa a las condiciones de trabajo. En palabras de Julia, “la precarización es la condición más general. Este reclamo principalmente tiene que ver con la garantía de un derecho, que es el acceso a las terapias y el acompañamiento del transporte de todas las personas que tienen un Certificado Único de Discapacidad (CUD). El tema es cuando pasa por toda una cadena que entra en una lógica de productividad, de autoexplotación, lo que tiene una repercusión directa en la calidad de las prestaciones”, explicó la psicopedagoga. Además, con respecto a seguros y coberturas de enfermedades laborales, donaciones, licencias por maternidad, tampoco hay garantías de cumplimiento.

“Es una precariedad que deviene de la Ley de Prestaciones, que implica cubrir de manera parchada y brindar un servicio de atención sin considerar los costos de sostener el sistema de inclusión”.

Respecto a la interrupción del trabajo debido al paro y las movilizaciones, la trabajadora explicó que “sabemos el riesgo que corre el vínculo con las familias, en los tratamientos, en los procesos socioeducativos, de rehabilitación, de terapias”. Sobre las actividades, contó que continuarán mañana miércoles a través de una asamblea virtual por meet y se podrá seguir por las redes de la Asamblea Discapacidad. Además, el jueves habrá asamblea de lxs trabajadores del sistema de inclusión, donde también se espera la participación de las familias: “También luchamos para que se reconozca desde una lectura intersectorial del Estado el trabajo que hacen las familias, el trabajo de las crianzas, que entienda que un derecho no puede ir en detrimento de otro, porque una persona con certificado de discapacidad no puede acceder a derechos laborales, por ejemplo”.

Consultada sobre la necesidad de una nueva Ley de Discapacidad, la entrevistada hizo un repaso sobre los contextos en que surgieron tanto esta, como la de Prestaciones, expresando que “todos los contextos en que surgen las leyes, un poco inscriben lo que va a ser el espíritu de esa ley, más allá de la letra”, y explicó cómo esto repercute en la actualidad:

“La vieja ley fue firmada en la dictadura por Videla y tiene un espíritu desaparecedor inmenso, demos cuenta que Videla hizo desaparecer a su hijo Alejandro y por más que hayan dicho que Montes de Oca era un hospicio, un manicomio, era un centro clandestino de detención, tortura y sujeción de personas”.

Debido al paradigma represivo de la dictadura, las personas usuarias no son vistas como sujetas a derechos, ni tampoco tiene en cuenta los derechos laborales de quienes sostienen el sistema. Debido a la necesidad de un cambio de paradigma legislativo, el Gobierno nacional anunció lo que sería una "nueva Ley de Discapacidad", "una Ley de Derechos Humanos, con perspectiva de género, interseccional e intercultural, que se ampare en los lineamientos del Modelo Social que entiende a la persona primero como persona en el reconocimiento de sus derechos humanos, civiles, políticos y de libertades fundamentales". Para Julia, además de estos puntos es importante que analice los costos y todo lo que implica el sostenimiento del sistema de inclusión:

“También hay que poder poner en jaque la ley de Prestaciones, donde se implementan todas estas terapias, que también está asociada a un contexto neoliberal durante el gobierno de Menem y esa condición hasta el día de hoy nos revienta”.