Argentina se convirtió en el primer país del mundo en prohibir por ley la salmonicultura en sus aguas, particularmente en Tierra del Fuego, provincia donde se encuentra el Canal de Beagle que conecta a los océanos Atlántico y Pacífico. Era en ese espacio donde se practicaba la cría de salmones, una industria altamente contaminante para la biodiversidad oceánica autóctona.
La prohibición de esta práctica implicó la presentación de un proyecto de ley, que fue acompañado por habitantes locales y organizaciones ambientales, y aprobado por unanimidad en la Legislatura de Tierra del Fuego. La presentación estuvo a cargo de la vicegobernadora Mónica Urquiza, y el legislador Pablo Villegas del Movimiento Popular Fueguino.
El rechazo hacia esta actividad puede pensarse mirando la localidad de Ushuaia, un destino turístico muy reconocido a nivel internacional, lo cual impacta con una industria que afecta a la naturaleza regional y sus atractivos. Sobre todo porque los salmones ni siquiera son animales autóctonos de estas regiones, sino de zonas europeas como veremos enseguida.
En 2007 se detectó en Chile el virus ISA (siglas en inglés de anemia infecciosa del salmón). Por otro lado, en 2016 el gobierno de Chile autorizó el vertido de 5 mil toneladas de salmones en estado de descomposición al mar. Esto desencadenó una de las crisis sociales y ambientales más graves de la historia, ya que dejó sin trabajo a pescadores y por ende los comerciantes no tenían alimentos para vender. El océano se contaminó y murieron cientos de especies como peces, ballenas y aves.
Asimismo, la salmonicultura como práctica extractivista perjudicó a la comunidad indígena Yagán que habita en el territorio conocido como Puerto Williams en la región de Magallanes, Chile.
A partir de estos hechos, el pueblo yagán luchó para que se retiren las salmoneras instaladas en ese sector, algo que se consiguió en 2019. Esto también implicó el reconocimiento de tratados internacionales vigentes como el Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) al que tanto Chile como Argentina adhieren.
Estos antecedentes sirvieron de antesala para que Argentina avance en la prohibición de las salmoneras y tanto yaganes como chilenxs apoyaron la iniciativa fueguina. Esto es importante ya que ambos países mantienen una responsabilidad binacional en el cuidado de los ecosistemas del "último lugar del mundo".
¿Por qué criar animales que no solamente afectan al ambiente y la salud de los océanos, sino que ni siquiera pertenecen a las regiones fueguinas? La respuesta la encontramos en 2018 durante el gobierno de Mauricio Macri, que junto al gobierno provincial de Tierra del Fuego, entregó las aguas del Canal de Beagle a la Corona Noruega para criar salmones.
Bajo la excusa de "incentivar la industria" en 2018 se llevaron adelante una serie de acuerdos en el marco de la Ley Nacional de Acuicultura.
Los salmones son especies que podemos encontrar en zonas europeas, en las aguas del Atlántico y el mar Báltico, y en los ríos de Francia, Escocia, Noruega y el norte de España. Es por ello que la cría intensiva de salmones y su mantenimiento, implican necesariamente verter miles de químicos y antibióticos necesarios para su producción.
Además, las salmoneras consisten en redes gigantes del tamaño de una cancha de fútbol, lo cual impacta directamente en los espacios marítimos. El espacio que queda, luego de usadas las redes, deja espacios muertos que necesitan de mucho tiempo para su recuperación.
La prohibición de la salmonicultura implica la preservación de la vida natural de estas aguas, donde se almacenan el 50% de bosques de macroalgas en Argentina, además de especies únicas como las ballenas jorobadas, delfines australes, lobos marinos de un pelo y dos pelos y distintas aves marinas. Implica el respeto por la soberanía y las actividades económicas como el turismo que valora nuestras "riquezas naturales".
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