La provincia de Jujuy firmó un convenio de cooperación con Knop, un laboratorio chileno que produce derivados medicinales del cannabis.
La cartera de Gerardo Morales, junto a funcionarios nacionales y provinciales, y la cartera de Knop firmaron dicho convenio, que habilita al cultivo de 30 hectáreas en la Finca El Pongo, para ser exportados al Laboratorio Knop e importados nuevamente a la provincia. En otras palabras, exportamos la materia prima e importamos el producto terminado.
El proyecto se encuentra bajo el paraguas del Ministerio de Salud de la Nación y el Ministerio de Producción de la provincia, junto a la participación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Ministerio de Seguridad de la Nación enmarcada por la Ley de Cannabis Medicinal.
La Ley 27350 de Uso Medicinal de la Planta de Cannabis y sus derivados -o más breve, Ley de Cannabis Medicinal- fue promulgada el 30 de marzo de 2017, aprobado por unanimidad y sin debate en el Senado.
La ley crea el Programa Nacional para el Estudio y la Investigación del Uso Medicinal de la Planta de Cannabis, sus derivados y tratamientos no convencionales que se encuentra orientado hacia la investigación científica respecto al uso del cannabis medicinal en su vertiente terapéutica y tiene entre sus finalidades garantizar el acceso gratuito al aceite medicinal.
Esta ley establece la regulación por la cual permite acceder gratis a los derivados del cannabis para tratamientos, aunque no contempla el autocultivo con fines medicinales.
Crea un régimen que impulsa la investigación médica y científica del cannabis, pero relegando la responsabilidad del cultivo al Estado.
El cultivo queda a cargo de la Comisión Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), resguardada por el Ministerio de Seguridad de la Nación.
La regulación de la importación de cannabis medicinal y regulación de laboratorios nacionales queda a cargo de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).
Si bien hubo ciertos avances en materia judicial respecto al autocultivo con fines medicinales -como este o este-, su reglamentación fue tardía en las provincias y el INTA todavía no inicia los protolocos de producción.
Según un reporte de La Nación, ya en abril de este año, representantes del INTA argumentaron que todavía no hay pedidos del área de Salud para empezar la producción cannábica y que tampoco existe el financimiento necesario para encarar el área.
La Ley de Cannabis Medicinal puede tener muchos criterios a disputar y debatir, pero existe uno que merece ser nombrado como uno de sus puntos más fuertes: priorizar y fomentar la producción a través de laboratorios públicos nucleados en la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP).
Este punto va en consonancia con el Programa de investigación que crea la ley, dado que se garantiza el acceso gratuito de un insumo medicinal que el Estado debe garantizar a través del cultivo y la producción en laboratorios nacionales.
En este momento, existen 22 laboratorios nacionales en capacidad de producir medicamentos e insumos, de los cuales 8 están aprobados para comercializar a nivel nacional.
La decisión de la cartera de Morales y de la Nación irrumpen con el espíritu de la ley, en tanto se termina favoreciendo a un laboratorio extranjero en vez de uno nacional. A esto se suma que la regulación en sí es deficiente.
Horacio Lagos Domínguez, integrante de la Asociación Regulada de Soberanía Medicinal (ASOME), ya planteaba en un reportaje que muchos pacientes no pueden importar el aceite porque la ley no incluye sus enfermedades, teniendo que virar hacia el autocultivo.
No sólo se promulga una ley que el gobierno de turno no se encarga de brindar las condiciones de financiamiento, sino que se persigue, judicializa y estigmatiza a las personas que viran hacia el autocultivo... encima viene alguien como Morales que va impune y abiertamente en contra de una ley que el mismo Estado promulgó y nunca financió.
La salida más coherente es el autocultivo: ayer, hoy y mañana.
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