El gobierno de Javier Milei pretende reformular el sistema educativo en los niveles: inicial, primario y secundario. En los últimos días, se filtró -o hicieron filtrar- el documento del proyecto que, a través de 136 artículos, buscará imponer un cambio radical en el rol del Estado con respecto a la educación.

El borrador de la denominada “Ley de Libertad Educativa” vulnera el derecho a la educación pública y de calidad de todos los niños, niñas y adolescentes del país, según denunciaron distintos gremios docentes a nivel federal. Los cambios atañen a los contenidos, la carga horaria, el financiamiento de las escuelas y la concepción del aprendizaje.

Además, la propuesta pone el foco en la escolarización “hogareña” y le suma responsabilidades y poder de decisión a las familias, apartando a las y los profesionales de su ejercicio. El documento también propone habilitar, bajo la modalidad de “idearios propios”, la enseñanza religiosa en escuelas estatales.

La educación pública, un pilar de la democracia

El Gobierno impulsa una modificación a gran escala que devendría en la derogación de la normativa actual, y a su vez se opondría a todas las que le precedieron.

Desde 1884, cuando Julio Roca se hizo eco de las premisas de Domingo Faustino Sarmiento y dispuso la estandarización de la educación laica, universal y gratuita, en Argentina se estableció un reconocimiento social y político del derecho al conocimiento, lo que dejó a atrás la idea de privilegio.

La reglamentación actual de Educación Nacional (26.206) fue aprobada en 2006 en el Congreso, luego de un arduo debate. Regula el ejercicio del derecho de enseñar y aprender consagrado por el artículo 14 de la Constitución. Con su implementación, el Estado Nacional adquirió un rol fuerte y se convirtió en la encargada de definir políticas, fijar estándares y coordina federalmente.

El artículo 2 determina a la educación y el conocimiento, como un “bien público y un derecho, personal y social, garantizados por el Estado”. En el siguiente, instaura el aprendizaje como una prioridad nacional, para “construir una sociedad justa, reafirmar la soberanía e identidad nacional, profundizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, respetar los derechos humanos y libertades fundamentales y fortalecer el desarrollo económico-social”.

Más que cambios, desintegración nacional

• Los puntos más controversiales del proyecto libertario, que se oponen completamente a la norma, son:
  • Eliminación de los programas nacionales de contenidos estandarizados y los correspondientes materiales de estudio y programas temáticos que acompañan a las y los docentes en cada clase.
  • Limitación de la responsabilidad del Estado del financiamiento de todo el sistema educativo.
  • Concepción de la educación como un servicio y borra el derecho al acceso a un aprendizaje básico e igualitario.
  • Habilita modalidades de educación hogareña, destituyendo a las instituciones estatales como garantes de un derecho social.
  • Admisión contenidos religiosos en escuelas estatales.
  • Fomento la formación de “Consejo Escolar de Padres”, como órgano de control, para intervenir en el nombramiento de docentes y directivos.
  • Cercenamiento del derecho a huelga y a medida de reclamo de docentes.
  • Publicación de resultados de las evaluaciones por escuela, estableciendo una especie de puntaje de mejores y peores instituciones, según las notas obtenidas por los estudiantes.

“Privatización y destrucción”

El 20 de noviembre, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA-CTA) advirtió que el proyecto es “un verdadero ataque al sistema democrático en su conjunto”.

Según la central sindical, la normativa “arremete en contra de la garantía estatal del derecho a la educación y de la escuela pública”.

“Este proyecto de la derecha en la Argentina pretenda eliminar la figura del Estado como garante principal del derecho a la educación y su responsabilidad total por el financiamiento de todo el sistema educativo, relegando su rol a la mera subsidiariedad”, denunció CETERA.

A su vez, CETERA defendió los objetivos de la ley actual, que serían suplantados por “los intereses de las corporaciones empresariales del sector privado”. Para el gremio la finalidad del gobierno es clara: definir la educación como un servicio, desterrando el derecho al acceso a una formación gratuita, pública, laica y de calidad para todos los niños, niñas y adolescentes.

En la misma línea, advirtió que el proyecto deja sin efecto los artículos 9 y 10 de la ley vigente, que refieren al presupuesto destinado exclusivamente a educación, el cual no puede ser inferior al 6% del Producto Interno Bruto (PIB), e impide tratados bilaterales o multilaterales de libre comercio que conciban a la educación como un servicio lucrativo.

“Rechazamos públicamente este nuevo intento de los sectores de la derecha en el que se quiere avanzar con la privatización y destrucción de la educación pública. Se trata de un verdadero retroceso reaccionario que pretende llevarnos educativamente al siglo XIX ”, concluye el comunicado.

Foto de portada: Julio Pereyra/Enfant Terrible.