La acusación se centra en su relación con el empresario Antonio Fred Machado, un argentino acusado en Estados Unidos por narcotráfico y lavado de dinero. Machado se encuentra actualmente detenido en nuestro país a la espera de un pedido de extradición de la justicia de Texas.

El vínculo salió a la luz por el uso de aviones privados y camionetas de Machado por parte de Espert durante su campaña presidencial de 2019, un hecho que el diputado admitió, agradeciendo el apoyo logístico.

El material probatorio que desencadenó la denuncia proviene directamente de la justicia de Estados Unidos, lo que obliga a las autoridades argentinas a investigar. En la causa seguida en el Distrito Este de Texas contra la red de narcotráfico de Machado, la fiscalía presentó como evidencia un registro de contabilidad oculta que detallaba las transacciones financieras de la organización criminal. Dentro de esos movimientos, se asentó una transferencia de $200.000 dólares a José Luis Espert con fecha del 1 de febrero de 2020.

Espert aparece en esta documentación como parte de un listado de cómplices que no fueron procesados en su momento, ya que la investigación judicial estadounidense se enfocó únicamente en desmantelar la estructura central de la red.

La denuncia, impulsada por el dirigente peronista Juan Grabois, también señala el incremento patrimonial de Espert, que creció un 789% ($230 millones) entre 2022 y 2024. La investigación busca determinar si Espert recibió dinero de origen ilícito y el alcance de sus conexiones con la red de Machado.

“Hasta el momento sabíamos que Fred Machado le había financiado la campaña, eso ya lo explicamos. Pero la campaña terminó en 2019. Esto que es posterior, ¿qué prueba? que no es simplemente una apuesta narco por un candidato. Se trata de la prueba de que Espert forma parte de una sociedad de hecho, Espert y Fred Machado son parte de la misma banda”, denunció el referente de Patria Grande en sus redes.

“¿Cárcel o bal4? para los delincuentes”, expresa Espert cuando se refiere a hechos de inseguridad. Si la Justicia argentina realmente funciona, el candidato tendría que estar más cerca de la cárcel que del Congreso.

Foto de portada: Tomás Cruz/Enfant Terrible.