Luego de que la semana pasada el gobierno anunciara la baja de retenciones a 0 (cero) y en menos de 72 horas volviera a subirlas, una denuncia penal fue presentada de manera anónima contra el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos, el ministro de Economía Luis Caputo y el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Sergio Iraeta. La denuncia también apunta contra las cinco principales exportadoras de Argentina.

Según la acusación, habría existido connivencia entre los funcionarios y las cerealeras para rematar 19 millones de toneladas de granos a exportarse a valor completo por tonelada de grano, por los próximos meses. La estimación de la cantidad se realiza en base a las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) que figuran en el tiempo que duró la medida.

En menos de 72 horas se anotaron operaciones por más de 7.000 millones de dólares, cupo que fijó el gobierno para sostener abierto el programa. Es decir, en tres días se remató el equivalente a un tercio de las exportaciones anuales de granos.

Las principales beneficiarias de esta operación serían Bunge Argentina S.A., LDC Argentina S.A., Cofco International Argentina, Viterra Argentina S.A. y Cargill SAIC. Mientras que el principal damnificado sería el Estado, ya que se estima que mediante esta operación se dejarán de recaudar retenciones por un monto cercano a los 1.500 millones de dólares (monto que a su vez se ahorrarán las cerealeras). Pero la operación no terminó allí, sino que luego las empresas salieron a comprar nuevamente granos para su stock.

Quienes también manifestaron su malestar y calificaron de "estafa" esta situación fueron los pequeños y medianos productores agropecuarios. Sucede que, en el tiempo que duró la medida, solamente gozaron de los beneficios que otorgaron una suba cercana a un 15% en el precio de la soja, cuando las retenciones llegaban a 26%.

Además, la época del año para aplicar la baja también es desacertada, ya que la temporada de mayor liquidación es durante el primer y segundo trimestre del año.

La causa apunta a los delitos de "administración fraudulenta, abuso de autoridad e incumplimiento a los deberes de funcionario público" (artículos 173 inciso 7 y 248 del Código Penal) y fue presentada al fiscal de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez.

De esta manera, el presidente Javier Milei suma una nueva denuncia en su contra, en un nuevo caso por presunta corrupción, implicando también a Toto Caputo, el nuevo hombre fuerte del gobierno.

Fuente: Bichos de Campo