En un intento de patear el tablero para causar confusión, el gobernador de Mendoza Rodolfo Suárez comunicó que la ley 9209 no se reglamentaría.

La ley que permite el uso de cianuro en la explotación minera, caballito de campaña del propio gobernador, parece que recién ahora expresa para el Ejecutivo el descontento social.

Claramente las masivas protestas afuera de la Casa de Gobierno mendocina nunca existieron (y menos para los medios al parecer).

Lo cierto es que la no reglamentación de la ley no la deroga: la ley sigue vigente, aunque legalmente impracticable. Nada más lindo que generar un vacío legal con recursos naturales de por medio.

Ante una ley vigente pero no reglamentada, la estrategia del oficialismo parece ser desmovilizar la articulación del pueblo mendocino.

Lejos está esto de ser una victoria: sin derogación, que ya no veto, la ley sigue en pie. Impracticable, pero no derogada hasta que otra devenga para modificarla.

La democracia representativa tiene esos burocráticos vicios circulares, que intentan afincar los cuerpos en función de instituciones que ostentan la ficción de la representatividad, en un mundo agrietado por la clase, el género, la raza y un sinfín de intersecciones.

Los tiempos de la democracia representativa intentan subyugar en su circuito burocrático a una lucha tan primordial como la defensa del agua. Esto no es una victoria, como algunos medios salieron a clamar: es un mero entretiempo, una maniobra del oficialismo para aflojar la presión social. Resuena: sin derogación no hay victoria.

El oficialismo mendocino que promulgó la ley 9209 hace 3 días hoy da marcha atrás: ¿cómo no hacerlo ante semejante movilización de su propio pueblo?

Digamos que luchar no sirve y que alguien entre por la ventana a hablarnos de Mendoza. Ahora bien y no por enfilar al derrotero, sigue sin ser una victoria: es una reconfiguración del campo de lucha, un cambio en la topografía.

Un paso intermedio hacia una victoria popular, pero no una victoria en sí. El pueblo mendocino en sus movilizaciones exige la derogación de la ley 9209 y la restitución intacta de la 7722. Es preciso escuchar y no caer en espejos de colores, aún si se necesitase una victoria para solventar el disonante eco de un gobierno progrextractivista.