32 días pasaron desde que inició el acampe para intentar preservar el Quebracho Blanco. Lo que para muchos comenzó siendo un conflicto menor y hasta sin importancia, terminó por mostrar una vívida foto del presente.

Desde que iniciaron las manifestaciones, la presencia policial fue constante y desmedida, interpuesta por una orden judicial, que tampoco mostró signos de conocimientos en la materia ni de protección patrimonial. Aún quedan por ver los números que se gastaron en los despliegues, los que llegaron a movilizar hasta el cuerpo de élite ETER. ¿Quién lo paga?

El sábado, durante la represión, un policía le quitó una bandera a un manifestante y la arrojó al suelo (delito penal que puede costar entre 1 hasta 4 de prisión según el Código Penal). Allí estuvo presente el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, supervisando. De la flamante ministra de Ambiente, Victoria Flores, no hubo noticias en todo el conflicto, a pesar de tratarse de un importante acceso que une a Villa Allende con la ciudad de Córdoba.

El que tampoco se acercó al lugar fue el intendente Juan Pablo Cornet, quien sólo apareció a través de videollamadas. Muy valiente por cierto.

Otra responsable del papelón es la empresa Caminos de las Sierras S.A., empresa consecionaria por el gobierno provincial para obras viales, las que pagamos cada vez que atravesamos un peaje. Empresa que ha estado en otras obras públicas como las autovías de Punilla y Paravachasca, donde también mostró la poca predisposición de preservar el patrimonio ambiental y cultural de Córdoba.

Ahora las probabilidades de supervivencia del árbol son prácticamente nulas, gracias a la inutilidad, la improvisación y la nula empatía ambiental. Un árbol que podría preservarse ante los ojos del mundo como patrimonio histórico, con más años que la historia nacional, fue condenado a morir.