El sindicato Luz y Fuerza de Córdoba que preside Jorge Molina Herrera está a la espera de un fallo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la provincia, para que resuelva la demanda contra la reconversión de la empresa estatal en una «sociedad anónima unipersonal», luego de que la Cámara en lo Contencioso Administrativa elevara el amparo presentado por la organización gremial al máximo tribunal.

En este marco, dialogamos con el ex juez federal y abogado representante de la organización sindical, Miguel Rodríguez Villafañe, acerca del proceso que llevan adelante, contra lo que entienden como un nuevo intento de privatización de la estratégica EPEC (Empresa Provincial de Energía de Córdoba).

“Siempre distintos gobiernos han tenido hambre de quedarse con EPEC. Nosotros militamos desde la época cuando De La Sota quería privatizar EPEC con la famosa Ley Bodega que se logró paralizar”, comparte Rodríguez Villafañe. Y se pregunta: “¿por qué EPEC en un momento, donde en definitiva no es una empresa ruinosa, no da pérdidas, se quiere privatizar?”.

Inconstitucional, nulo y de nulidad absoluta e insanable

Estas son las palabras con que Rodríguez Villafañe define al DNU 70/30, firmado por Javier Milei, que dispone que todas las empresas o sociedades con participación del Estado puedan ser reconvertidas en sociedades anónimas. Es en base a este decreto que la ley provincial 11.015 -aprobada por la Legislatura de Córdoba en diciembre de 2023- faculta a las autoridades de las empresas estatales provinciales a transformarlas en SA.

“La 11.015 regula el Código Tributario provincial, es decir que determina cómo van a ser los impuestos, cómo se pagan, etcétera. Casi al final de esa ley, en dos artículos se dice que se puede cambiar la naturaleza de la empresa conforme al DNU 70/23 que dictó Milei, que es nulo de nulidad absoluta e insanable, conforme lo dictamina el artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional, y que ya ha sido rechazado por el Senado de la Nación”, explica el abogado.

En definitiva, para el abogado constitucionalista, el fin de fondo de la reconversión, es que Martín Llaryora busca “tener un ámbito donde le ingrese dinero sin control, porque mientras EPEC sea una ley estatal, de acuerdo al artículo 127 de Constitución y la ley pertinente, está controlada por el Tribunal de Cuentas provincial (TC)”. Esto que describe, sucede en un momento el oficialismo provincial no cuenta con el TC, que actualmente está en manos del juecismo, con Beltrán Corbalán como actual presidente.

Esta situación, hablaría de las irregularidades e inconstitucionalidades en la que se intenta montar la reconversión, ya que no hubo un ley específica para reformar los estatutos y la naturaleza de la empresa. Y, a la vez, posiciona a esta última “en arenas movedizas, porque una cosa es mientras esté Milei, pero si cambia, es perfectamente impugnable”.

La energía eléctrica, un Derecho Humano

Otro de los argumentos contra la transformación de EPEC, presentado en el último amparo por el sindicato, es que dicha empresa brinda un servicio esencial y un derecho humano -tipificado de tipo económico y social- como lo es la energía eléctrica. En este sentido, al modificar el estatuto y por lo tanto su naturaleza al ser sociedad anónima, se hablaría de un servicio fijado en las ganancias económicas y reparto de acciones.

“Una empresa privada no tiene la obligación de garantizar un servicio así, pero el Estado sí; a la empresa privada no se le puede exigir una inversión que no le garantice rentabilidad”, comenta Villafañe. A su vez,: “una empresa pública tiene el objetivo de brindar un buen servicio con el menor costo para el ciudadano, lo cual permite a su vez tener políticas de Estado”.

En relación a la narrativa de que «privado es mejor» que se busca instalar hoy en día, Villafañe menciona el caso de 2016, cuando el expresidente Mauricio Macri le condonó deudas millonaria a la empresas privada EDENOR, acción que repetiría en 2019, antes de abandonar la Casa Rosada, sumando a EDESUR.

“La realidad en materia energética ha demostrado que sale más caro la empresa privada que se subsidia a través del Estado. El ejemplo lo dio Macri, que cuando asumió, se fue en enero a vacacionar al sur, donde estuvo unos días en la casa de Joe Lewis, uno de los accionistas más importantes de EDESUR que tiene usurpado un lago. Cuando volvió, le condonó a valores de hace casi 10 años $1.290 millones de pesos de deuda que tenía la empresa con el Estado. Son subsidios dados a la actividad privada, sin embargo cuando se dan a la actividad pública pareciera que son ruinosas”, expresó Rodríguez Villafañe.

¿Cuál es la urgencia?

A la espera de un nuevo fallo del TSJ, los argumentos han sido presentados mediante solicitud de medidas cautelares, mientras el expediente se dirime entre la ley y los intereses históricos detrás de la EPEC como punto neurálgico de la industria provincial.

El pasado 8 de abril, luego de que la Cámara decidiera que el TSJ debía tener la última palabra en la Justicia de Córdoba, Martín Llaryora anunció la reconversión mediante el DNU 95: «De esta forma, la EPEC pasará a denominarse “Empresa Provincial de Energía de Córdoba S.A.U.”, dando conformidad a lo establecido en el artículo 33 de la Ley N° 11.015», informó el Gobierno de Córdoba.

De nuevo, el sindicato que representa Rodríguez Villafañe, responde que hay leyes que deben ser tenidas en cuenta y que chocan con la letra de un Decreto de Necesidad y Urgencia, discusión que también se replica a nivel nacional con los decretazos del Gobierno de Javier Milei.

“Nosotros ampliados el planteo, diciendo que esto debe ser resuelto por ley, no por decreto, a su vez, ya había una ley que había delegado esa facultad en el directorio de EPEC, que también impugnamos, y que entonces se va avanzando sin tener en cuenta los planteos pendientes, con la Justicia que pareciera estar jugando para dar tiempo sin resolver las medidas cautelares que se han solicitado”, cuestionó el abogado.

De todas maneras, el conflicto sigue abierto y resta por ver la decisión del TSJ que podría hacer retroceder al gobierno de Llaryora, o significar una nueva etapa del desafío en historia del movimiento obrero en Córdoba, en un contexto de decretazos, privatizaciones y pérdida de soberanía.