Reconocen como víctimas del terrorismo de Estado a ocho mujeres travesti-trans

El día de ayer, el Tribunal Oral Federal N°1 de La Plata reconoció a ocho mujeres travesti-trans sobrevivientes del Pozo de Banfield, como víctimas del terrorismo de Estado durante la última dictadura.

El pasado 26 de marzo, durante el “Juicio a las Brigadas” -el más grande en la región- se condenó a 11 acusados, 10 de ellos a cadena perpetúa por crímenes de lesa humanidad cometidos contra las personas travestis y trans en el ex centro clandestino de tortura Pozo de Banfield.

Finalmente, ayer 10 de julio, se conocieron los fundamentos del fallo "único e inédito en el mundo", según la auxiliar de fiscal Ana Oberlín, que reconoció como víctimas a Valeria del Mar Ramírez, Julieta Alejandra González, Claudia, Judith Lagarde, Analía Velázquez, Paola Leonor Alagastino, Carla Fabiana Gutiérrez y Marcela Viegas Pedro.

Los fundamentos de la sentencia, dictada por los jueces Ricardo Basílico, Walter Venditti y Esteban Rodriguez Eggers del Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata, fueron: “las detenciones arbitrarias e ilegales, la violencia sexual, la tortura, los tratos crueles, inhumanos y degradantes, y la reducción a la servidumbre”.

Las víctimas trans y travestis de este juicio fueron Valeria del Mar Ramírez, Julieta Alejandra González, Claudia, Judith Lagarde, Analía Velázquez, Paola Leonor Alagastino, Carla Fabiana Gutiérrez y Marcela Viegas Pedro.

“Esta fue la primera vez que un juicio por crímenes de lesa humanidad analizó lo sucedido con las mujeres trans en esos años. Además, estos casos no fueron presentados por la fiscalíacomo hechos aislados, individuales, sino como parte de la violencia estatal sistemática hacia ellas, que se agudizó en la dictadura”, explicó Oberlin.

En esta línea, el doctor en Comunicación y militante por los derechos LGBT+ Flavio Rapisardi subrayó durante el juicio: “Estas comunidades estaban marcadas con anterioridad y posterioridad, pero durante el golpe de Estado sufrieron una persecución sistemática”.

Por su parte, los jueces subrayaron que tales crímenes “no resultan aislados sino que corresponde enmarcarlos dentro de un contexto de discriminación histórica y estructural”.

Se trata de un hecho histórico y de justicia social, para una población que sigue reclamando por una Ley de Reparación Histórica por los crímenes cometidos por parte del Estado y de parte de la sociedad civil durante y post-dictadura.

En los calabozos nacieron las primeras organizaciones para reclamar contra la violencia y discriminación estructural que estaban viviendo. Este reconocimiento es la continuidad de una historia que también les pertenece.

Fuente: Agencia Presentes
Foto de portada: Agencia Presentes

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