El ministro de Vinculación Comunitaria y Comunicación, Daniel Pastore, denunció que la administración del Tribunal viene impidiendo desde hace meses que se destraben fondos para que se realicen políticas públicas y se difundan actos de gobierno.

El funcionario estuvo presente en el lanzamiento de un programa de subsidios para medios cooperativos que se realizó en el Cispren (Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación), donde denunció que la administración del Tribunal viene impidiendo desde hace meses que se destraben los fondos de gobierno. En el acto estuvieron presentes el ministro de Cooperativas y Mutuales, Martín Gill, como también el gobernador de la provincia, Martín Llaryora.

“Hay limitaciones impuestas desde el Tribunal de Cuentas que no tienen que ver con sus funciones. Hay una incomprensión de lo que significa la inversión en comunidad, que no es exactamente lo mismo que una inversión en cualquier otro bien”, arrojó Pastore ante periodistas, legisladores provinciales y nacionales.

Una de las funciones del Tribunal de Cuentas consiste en auditar que las partidas presupuestarias estén en orden para que puedan implementarse. Caso contrario, se rechazan y se exige una nueva presentación ajustada a los requerimientos administrativos y legales.

Sucede que, luego de las últimas elecciones en el territorio provincial, si bien Martín Llaryora se impuso como gobernador sobre Luis Juez, el Tribunal quedó en manos de la actual oposición. De esta manera, hoy su administración está a cargo del juecista Beltrán Corvalán, por lo que desde el oficialismo sugieren que hay animosidad por parte de Corvalán para dificultar la gobernabilidad.

En este sentido, Pastore hizo referencia a la Pauta Oficial de la Provincia como política de comunicación y lo vinculó a la campaña de prevención del dengue: “Nos hemos visto extremadamente limitados en estos cinco meses hacer una campaña para que la para que nuestros ciudadanos sepan cómo conducirse, por ejemplo, frente al dengue”.

Al respecto, Pastore remarcó que existe “incomprensión en algunos niveles del Estado (en referencia al Tribunal de Cuentas) donde el exceso de controles se transforma en un impedimento”, y aclaró que quieren que los controlen “pero en el marco de la legalidad”.

"Creemos en la inversión en comunicación porque los ciudadanos tienen el derecho a ser informados y está en la obligación del Estado de informar (...) Creemos firmemente en la necesidad de sostener la pluralidad de medios para que el ecosistema comunicacional de nuestra provincia garantice pluralidad, garantice democracia, garantice que todas las de todos los sectores puedan verse reflejados (...) De ninguna manera vamos a renunciar a la obligación que tiene el Estado de comunicar y al derecho que tienen los ciudadanos de ser informados sobre las actividades que lleva adelante el gobierno", concluyó.

Fuentes: CDM Noticias