El Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ) y la Gremial de Abogados brindó ayer por la tarde una conferencia de prensa donde calificó de "terrorismo de estado" el asesinato de Lilian Mariana Villalba y María Carmen Villalba dos niñas de 11 años, ejecutadas por la Fuerza de Tareas Conjuntas de las Fuerzas Armadas de Paraguay. El hecho fue presentado como un "enfrentamiento" entre miembros de las FFAA y la organizacón Ejército Paraguayo del Pueblo, el pasado mes de septiembre. Además de las dos niñas ejecutadas, denunciaron la desaparición de Carmen Elizabeth Oviedo Villalba de 14 años, presuntamente secuestrada por la FTC.
El Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ), organización de derechos humanos dirigida por el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, brindó en la tarde de ayer una conferencia de prensa junto a la Gremial de Abogados para denunciar el crimen de Estado perpetrado por las fuerzas armadas y la policía paraguaya contra dos niñas menores de edad el pasado mes de septiembre del 2020.
Según el testimonio de Miriam Villalba, madre de una de las jóvenes asesinadas, el hecho sucedió durante la tarde del miércoles 2 de septiembre. Un operativo de la Fuerza de Tarea Conjunta de las Fuerzas Armadas de Paraguay atacó un campamento de la organización Ejército Paraguayo del Pueblo ubicado en la localidad de Arroyito.
"Hay testigos presenciales de que fueron capturadas con vida. Estoy segura que fueron torturadas y luego ejecutadas" declaró. Además de los asesinatos de Lilian Mariana Villalba y María Carmen Villalba ambas de 11 años, la familia denuncia la desaparición de Carmen Elizabeth Oviedo Villalba de 14 años, prima de las niñas y que sigue en paradero desconocido.
Tras la masacre, el mando de la FTC paraguaya declaró a la prensa que tras un "enfrentamiento con subversivos" fueron"abatidos"dos miembros del EPP sin precisar edad, nombre, ni aclarar las circunstancias del presunto "combate".
Para intentar encubrir el crimen, funcionarios del ministerio de Seguridad de Paraguay mostraron imágenes y grabaciones obtenidas como prueba en una investigación judicial por presunto narcotráfico contra la familia Villalba Ayala. Las imágenes fueron desestimadas y la causa no prosperó por falta de pruebas.
La familia Villalba está en parte radicada en la provincia de Misiones y las niñas tenían ciudadanía argentina, por lo que el Gobierno nacional condenó las dos muertes y presentó una protesta al gobierno paraguayo. Finalmente los organismos de derechos humanos reclamaron una investigación independiente y exhortaron a las autoridades paraguayas a permitir el ingreso a su país del Equipo Argentino de Antropología Forense.
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