El 20 de diciembre recuerda la epítome de la crisis del 2001: corralito, estado de sitio, De La Rúa helicopterizado y, porque nada cierra sin represión, la Masacre de Plaza de Mayo.

Con la galopante crisis económica que atravesaba el país producto de la crisis de convertibilidad y la fuga de capitales que llevó al proceso de 'corralito' aquellos primeros días de diciembre, el fin de año del 2001 dejó en evidencia la crisis institucional que atravesaba la democracia argentina.

El 13 de diciembre la convocatoria de un paro general, declarado por la CGT Oficial, la CGT Disidente y la CTA se suma a la lista de huelgas generales. La emergencia de los piqueteros como actores políticos adquiere una centralidad que hasta hoy en día se reproduce.

A los meses de protestas de las clases populares, una clase media se sumaba a las calles para los 'cacerolazos'. Algo que parece que De La Rúa por fin escuchó con cierta afinidad clasista.

La Quinta de Olivos, icónica en el imaginario presidencial, se encontraba fortificada con la mitad del regimiento de Granaderos a Caballo. La otra mitad, naturalmente, se encontraba en la Casa Rosada acompañada de una ametralladora 12.70 en su entrada. Un destacamento de soldados armados se posaba entre granaderos en ambos lugares, dibujando una escena bizarre.

Diciembre avanzaba hasta que finalmente el 19 De La Rúa declaraba el estado de sitio suspendiendo toda garantía de derechos, sin importarle mucho al querido presidente si entraba dentro de sus funciones. Sorpresa: no lo está.

El 20 de diciembre fue fatídico: las represiones en Plaza de Mayo y alrededores en Ciudad de Buenos Aires sumaban 5 muertes, 4 intentos de asesinatos y 227 personas con lesiones.

El balance general del estado de sitio fogonado por De La Rúa, acompañado por Chrystian Colombo y Ramón Mestre, dejaba un saldo de más de 30 muertes, 7 de ellas niñxs de entre 13 y 18 años. Entre ellas, se sumaban personas que se transformarían en representaciones icónicas de las luchas populares, como el caso de David Moreno en Córdoba, Pocho Lepratti en Rosario o Carlos Almirón en CABA.

Del entramado gubernamental que dio origen a la Masacre de Plaza de Mayo, solamente hubo 18 acusados, de los cuales De La Rúa era uno aunque finalmente sobreseído por la Corte Suprema. De los restantes 17 acusados, solamente 10 fueron condenados aquel 22 de mayo de 2016. Entre los culpables, se encontraban Enrique Mathov -exsecretario de Seguridad Nacional-, Rubén Santos -exjefe de la Policía Federal-, Norberto Edgardo Gaudiero -exdirector general de Operaciones de la Policía Federal- y Raúl Andreozzi -exjefe de la Superintendencia Metropolitana de la Policía Federal-.

En la noche del mismo 20 de diciembre, Ramón Puerta convocaba a una Asamblea Legislativa para elegir alguien que suplante la renuncia helicopterizada de De La Rúa. Con una seguidilla de presidentes, finalmente Duhalde parece haber conseguido la paz social al ritmo de 'el que depositó dólares, recibirá dólares'. Nunca sucedió, pero a esta altura la gobernabilidad parecía menos distante y tampoco es realmente el punto.

Podríamos mencionar que aquel diciembre de 2001 dejó conclusiones políticas importantes. Podríamos hablar de las asambleas barriales, la economía autogestionada e incluso de empresas recuperadas, como la FaSinPat. Podríamos cometer esa falacia del historiador, mirar para atrás y pensar desde las conclusiones a las que se llegaron cómo deberían haberse formulado ciertas premisas.

Hoy no queremos hablar de eso. Hoy queremos ser contundentes: llevó más de 30 muertxs y cientos de heridxs para que un presidente comprenda que era hora de renunciar, que el programa político se acabó, que la confianza institucional se esfumó.

Más de 30 muertxs que, al parecer, solamente al pasar la treintena se transformaban en un índice de la expresión material de una política económica que resultaba imposible de sostener. Llevó más de 30 muertxs y no vuelve ningunx.