La decisión fue tomada ayer por el juez Alfredo Eugenio López, quien ordenó la suspensión de la IVE al considerar que pone "en juego el derecho a la vida de los niños por nacer", y además "viola la obligación internacional del Estado argentino de proteger la vida desde la concepción". Desde que la ley 27.610 entró en vigencia, el 24 de enero de este año, ya fueron presentados 29 pedidos de inconstitucionalidad en diferentes provincias. Sin embargo, la mayoría fueron rechazados y otros se encuentran en trámite. Las medidas judiciales fueron presentadas por grupos autoproclamados "pro-vida", que tienen vinculación a los sectores religiosos del país.

"En primer lugar, propio es destacar que mi condición de católico y respetuoso de la vida humana no resulta óbice para la intervención del Suscripto en los presentes actuados. Asimismo, reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha considerado que el derecho a la vida es el primer derecho de la persona humana que resulta reconocido y garantizado por la Constitución Nacional", sentenció López. De este modo, dispuso que el Estado Nacional suspenda la aplicación de la ley, pero también de los protocolos y resoluciones “hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo en el momento de dictarse sentencia definitiva en autos”.

Por su lado, la Ministra de Mujer, Género y Diversidad, Elizabeth Gomez Alcorta, anunció por su cuenta de twitter que el Estado apelará en la medida, "con la certeza de que no solo es una norma legítima democráticamente sino que, además tiene una solidez convencional inobjetable".

Cabe destacar que el solicitante de la medida cautelar es Héctor Adolfo Seri, abogado ultracatólico y estrechamente vinculado a la Iglesia. Además, Seri fue ex candidato a diputado provincial por el partido de Aldo Rico, Movimiento por la Dignidad y la Independencia (Modin). Actualmente, Adolfo Seri se encuentra procesado por la causa que investiga la existencia de una asociación ilícita que tramitaba de manera irregular beneficios previsionales ante la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES). 

El juez federal parece haber olvidado que los argumentos utilizados para suspender la aplicación de la ley 27.610, ya fueron tratadas en el congreso nacional. Los argumentos de inconstitucionalidad, de violar convenciones internacionales y nacionales de los derechos del "niño por nacer" fueron discutidas y refutadas en su tiempo y forma. La aprobación de la IVE no fue únicamente una victoria histórica para el movimiento feminista, sino que fue una conquista democrática y constitucional en todas sus formas.

“El debate nacional está saldado. La democracia, por medio de las instituciones correspondientes, analizó la cuestión y resolvió una ley que contó con el análisis pormenorizado de aspectos sanitarios y constitucionales", denunció la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Hay que tener en cuenta que estas operaciones por parte de sectores "pro-vida" en estrecho vínculo con poderes judiciales y religiosos, ha pasado en todos los países del mundo en los que la interrupción voluntaria del embarazo es legal.