En la ciudad salteña de Tartagal, fue detenida durante algunas horas una médica del Hospital Juan Domingo Perón. La profesional de la salud practicó un aborto solicitado por una joven de 21 años, derecho amparado por la ley 27.610. Entre otros datos de relevancia, hay que destacar que es una de las pocas médicas que no adhiere a la objeción de consciencia y cumple con la ILE (Interrupción Voluntaria del Embarazo) . A pesar de estar ajustada a derecho, el Juez Mariscal Astigueta ordenó su detención.

Para evitar que la campaña de los militantes antiderechos continúe hostigando a profesionales que garanticen el derecho al aborto, desde el Centro de Estudio de Estado y Sociedad (CEDES) se lanzó el "Proyecto mirar, mirando al aborto en la Argentina". En conjunto con Ibis, tendrá el objetivo de monitorear la aplicación de la ley 27.610 en todo el territorio y evitar que se repitan situaciones como las de hoy.

El escándalo deberá ser esclarecido a la brevedad ya que hay graves incumplimientos legales. Partiendo de que fue un profesional del Hospital Juan Domingo Perón quien notificó a la familia de la joven su solicitud a practicarse un aborto. Esto constituyó un acto en el que se violó la confidencialidad y el derecho de la joven a resguardar su identidad. Pero lo más grave es es que el abogado que puso la denuncia contra la médica es Andrés Rambert Río, tío de la joven y a su vez, el defensor de un ginecólogo denunciado por la misma médica. Marcelo Cornejo, “se encuentra imputado en una causa penal por abuso a una menor en ejercicio de su función como ginecólogo, siendo nuestra compañera la que lo denunció de oficio”, informó la Red Profesionales de la Salud por Derecho a Decidir.

Desde la Red también aclararon: "ha procedido desde los marcos normativos vigentes, respaldada por un equipo interdisciplinario que dejó constancia de todas las actuaciones en la historia clínica correspondiente, con transparencia activa y respetando los principios de autonomía y derecho a la salud de la persona que solicitó la ILE".

A su vez, el gerente del Hospital Regional de Tartagal, Santiago Payo, respaldó que la intervención de la médica estaba sujeta a la ley. Además, aseguró que se abrirá un sumario de investigación interno en el hospital contra el médico que rompió la confidencialidad.

Rápidamente, centenares de organizaciones feministas comenzaron a manifestarse para revertir la detención de la médica. A través de pañuelazos, concentraciones y denuncias en las redes, presionaron para garantizar la autonomía, la libertad y el derecho de estas mujeres que fueron sometidas a otra injusticia. En ese marco, luego de algunas horas, la profesional de la salud fue liberada y contó con un masivo apoyo.

Lamentablemente, es un acontecimiento más a las iniciativas anti-derechos que perjudican el acceso a la interrupción legal del embarazo. En Argentina, desde 1921 el aborto no punible existía para dos casos: embarazos producto de una violación o cuando la vida materna corre riesgo. A partir de enero de 2021, el aborto es legal en cualquier otra circunstancia, mientras sea solicitado cuando la gestación no supere la semana catorce incluida. Es decir que El aborto inducido es delito solamente cuando fuera causado luego de la semana catorce, salvo los casos de violación, aborto terapéutico o situaciones que hicieren excusable la conducta. Sin embargo, desde que legisla la normativa, han sucedido incontables acciones de grupos contrarios al aborto, que en alianzas con la justicia y credos religiosos, imponen obstáculos para quienes desean acceder a una ILE.