Debido a las graves violencias físicas y sexuales que implicaron violación grupal, e incluso mutilaciones contra una joven de 25 años de la Provincia de Córdoba proveniente de zona rural, cuya identidad se busca proteger utilizando el seudónimo de "B", el último episodio trascendió con mayor presencia en los medios de comunicación, algunos de carácter nacional.

Un agravante es que, durante los últimos cuatro (4) años, B junto a su familia acumularon un total de 28 denuncias contra los responsables, de los cuales tres se encuentran detenidos a raíz del último suceso, pero cuyo prontuario incluye, por ejemplo, el incendio intencional del hogar de uno de los hermanos de la joven. Es decir, el suceso de las violencias escalofriantes, además de otros episodios, se podrían haber evitado de haber realizado acciones a tiempo por parte del principal responsable de proteger a la víctima: el Estado.

Dania Villanueva, una de las abogadas que integra el equipo querellante conformado por la familia de B y sus colegas, Carlos González Quintana, en diálogo con Enfant Terrible planteó que “Tanto el código procesal penal de la provincia, como así también distintas instrucciones de la Fiscalía General, establecen reglas para la acumulación de causas. En este caso hubo una falla ya que la acumulación no se dió y este error casi le cuesta la vida a la joven”. Debido al cuestionado accionar de la Fiscalía en este caso, “aquí hay un déficit a dilucidar y es algo que tiene que investigarse, porque incluso es un problema sistémico general” planteó Villanueva.

“Este problema tiene que ser abordado, trabajado y mejorado por el Ministerio Público, porque sino deja en estado de desprotección a otras mujeres víctimas que acuden al Estado buscando protección”.

A raíz de la inacción estatal, desde la Asamblea Ni Una Menos Córdoba anunciaron la conformación de una “mesa de trabajo de organizaciones y activistas en unidad para exigir justicia por B”, pie organizativo que junto a las familias se vuelve recurrente en los pedidos de justicia feminista. Desde Enfant Terrible hablamos con Beatriz, integrante de la mesa y acompañante de B y familiares desde el año 2018, cuando se radicó la primera denuncia.

Consultada acerca de la seguridad de B, Beatriz denunció que “las custodias no se cumplen como deberían a pesar de estar dictadas y la banda que opera vive muy cerca”, refiriéndose al grupo de personas involucradas a la que calificó como una "banda organizada". Consultada por esta denominación, explicó:

“Hay una connivencia, trabajo manual de esta banda con la Policía, múltiples veces denunciada. Creería que son más de 8, porque estamos hablando de muchos casos (además de B) similares al actual”.

Además del caso B -quien se salvó de la muerte y tiene para tres meses de recuperación- se encuentra el caso Jésica, otra joven que fue víctima de femicidio, hecho delictivo cometido por los mismos agresores. En este último caso, “toda su familia no tiene ningún tipo de custodia y no se sabe si se le ha decretado, porque está en otra fiscalía” explica Beatriz, quien agrega que “no se han juntado esos dos casos -el de B y el de Jésica- y por lo tanto tenemos otra familia desprotegida”.

Sin embargo, también existen otras situaciones de violencia no denunciadas, explicó la activista: “Hay más mujeres que se van de ese barrio ante toda la impunidad en la que no opera la Justicia y dicen 'bueno, no denunciamos, porque si denunciamos nos van a matar'”. A su vez, Beatriz ha sido testigo de la violencia con que operan, cuando “desde el primer día en que vamos a denunciar en 2018 al Polo de la Mujer, no sabemos cómo, le empezaron a llover mensajes diciendo 'te vamos a buscar por toda Córdoba y te vamos a matar', con amenazas cargadas de violencia explícita” recordó.

“En el caso de B, ella denunció que hay un montón de violaciones más, entonces por eso le dijeron 'te vamos a matar'”.

Continuando con la descripción del grupo delictivo, también se descifra un accionar sistemático, donde “se repite la situación de que hay alguien que entrega, lleva a la víctima hasta cierto lugar y ella ya sabe quienes son, no es alguien desconocido que la encuentra en un momento de la noche”. Además, se refirió a “un obrar donde, al parecer, de mínima las mujeres funcionan como cuerpos a disposición para ellos y como moneda de cambio, porque el caso de Jésica es una especie de ajuste de cuentas, muere en medio de eso, va a buscar dinero a la casa de su ex porque tiene hijos con ese muchacho, y nunca más vuelve, amanece en el hospital internada en condiciones espantosas” continuó explicando Beatriz.

“Hablamos de una banda involucrada en múltiples delitos organizados, que opera en distintos barrios y pone en peligro a la sociedad en su conjunto”.

Además de los delitos sexuales y de femicidio, esta grupo estaría involucrada en el narcomenudeo, el negocio de los desarmaderos de coches y “es prácticamente la dueña del barrio”.

(In)justicia sistemática

Pasado el reciente 35° Encuentro plurinacional de mujeres, lesbianas, trans, travestis, bisexuales, intersexuales y no binaries, en uno de los talleres se trabajó sobre problemáticas que involucran al Poder Judicial en los casos de violencias machistas. En el debate del espacio se evidenció, entre otras cosas, una situación preocupante acerca del obrar de los funcionarios judiciales para con las víctimas y sus familias. En el caso de B, Beatriz trajo a colación cómo se refleja este escenario: “Hay uno de los responsables que salió del país en todos estos años a Estados Unidos y mientras tanto la fiscalía rechazando el pedido para que no pueda salir con peligro de fuga” explicó, y apuntó contra la fiscal Alicia Chirino, a cargo de la investigación en el caso, quien ha sido denunciada en otras ocasiones por “archivar” causas de abuso sexual infantil, principalmente en instancias escolares.

“Es una fiscalía que sistemáticamente no da ningún tipo de respuestas. Hablamos de 28 denuncias, de delitos no denunciados y de una fiscal que tiene un pedido de juicio político ante la cantidad de casos que frena. Chirino debe explicaciones, primero a la familia, a la cual ni siquiera ha recibido, lo cual debería hacerse para que las personas víctimas dejen de ser un expediente”.

Este accionar descripto por Beatriz recuerda al caso de la fiscal Paula Kelm, quien en su momento tampoco recibió al madre y padre de Cecilia Basaldúa, Susana Reyes y Daniel Basaldúa. También negó la incorporación de pruebas contundentes acercadas por la querella que también integraron las abogadas Daniela Pavón y Giselle Videla, e involucran a la Policía de Capilla del Monte en la desaparición y posterior femicidio de la joven.

“Vemos que esto es algo sistemático en Argentina, pero el obrar de las fiscalías es realmente grave en el caso de Córdoba, principalmente al negar constantemente la palabra de las víctimas”.

A su vez, desde el Poder Ejecutivo, tanto desde Nación como desde la Provincia, tampoco han tomado una postura activa a pesar de la gravedad de los antecedentes: “En el caso de Cecilia Basaldúa, la Secretaría de Derechos Humanos de Nación se constituyó como querella, pero acá no está pasando. Yo me pregunto, ¿Cuál es la intervención que piensan hacer desde Nación? Tampoco hubo respuestas desde el Ministerio de la Mujer y el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Córdoba, al no quererse meter con la Fiscalía que detienen las causas, no hay ni siquiera pedidos de informe” denunció Beatriz.

Por último, en relación a la importancia de la articulación entre las familias para sobrellevar el proceso de judicialización, tanto de B como de Jésica, así como de otros casos, comentó: “Ellas se enteran a través de notas periodísticas que eran los mismos autores en un caso que en el otro, entonces, a partir de eso se comunican y ven que hay un apoyo común importante para buscar justicia para las dos”.

Próximamente, desde la Asamblea Ni Una Menos anunciarán acciones en las calles para poner en agenda lo que parece ser la tapa de una olla profunda. En este sentido, el acompañamiento mediático -con los respectivos cuidados- del caso se vuelve fundamental, no haciendo hincapié en los detalles escalofriantes de las violencias (aunque puedan ser importantes al momento de un proceso judicial) sino en la responsabilidad de los funcionarios públicos al momento de abordar las violencias en un contexto de emergencia por violencias de género, aún no declarada por el Gobierno de la Provincia de Córdoba.